Víctimas de malversación serán testigos de la Fiscalía
INVESTIGACIÓN. El Ministerio Público reunió un extenso listado de pruebas que acreditarían manejos irregulares en el cementerio. Mientras, el CDE anunció una demanda civil.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) adherirá a la acusación fiscal en contra de los cuatro acusados por la presunta malversación de caudales públicos detectada en el cementerio general y presentará una demanda civil por el perjuicio causado a raíz de tales manejos financieros.
El CDE actúa en este caso en representación de la Municipalidad de Antofagasta, entidad que inició el proceso como querellante, pero luego asumió la condición legal de víctima de los hechos.
La presunta malversación totalizaría casi $422 millones, y como principal responsable el Ministerio Público apunta al exadministrador del cementerio, M.A.C.O., quien habría actuado junto a otros tres implicados, dos de los cuales aún trabajan en lugar.
Abogado
Carlos Bonilla Lanas, abogado procurador fiscal del consejo, explicó que ya fueron notificado de la acusación presentada por la fiscalía y ahora trabajan en dos frentes: preparar el escrito de adhesión a la misma (o en su defecto acusación propia) y, en paralelo reunir, los antecedentes para una demanda civil, que sería por la totalidad del monto malversado, es decir, $422 millones.
"La demanda es para que se paguen los perjuicios ocasionados por este delito, que debieran ser los montos establecidos por las pericias de la PDI", indicó Bonilla.
Acusación
El 26 de junio, el fiscal a cargo de la causa, Cristian Aguilar Aranela, acusó a M.A.C.O., M.A.R.G., C.J.N.C. y R.P.S.R., como autores del delito de malversación de caudales públicos.
Según la acusación, entre 2015 y 2017, M.A.C.O. participó en diversas operaciones de venta de terrenos y regularización de derechos de construcción, a través de las cuales recibió pagos que no fueron ingresados a la contabilidad del cementerio municipal.
Muchas de estas acciones habrían sido realizadas concertadamente con los demás imputados -dice la fiscalía-, quienes habrían recibido transferencias de dinero de parte del entonces administrador del cementerio.
Una pesquisa realizada por Contraloría estableció que la apropiación indebida ascendió a $269 millones, pero diligencias posteriores de la PDI acreditaron que en realidad se habría tratado de 254 operaciones por casi $422 millones.
La audiencia de preparación de juicio oral quedó fijada para el 3, 4 y 5 de agosto y en ella el fiscal expondrá las pruebas que logró reunir en los casi dos años de investigación, que está compuesta por informes de Contraloría, comprobantes de recaudación, cartolas bancarias, informes periciales y un largo listado de testigos, donde figuran varias personas afectadas por la malversación.
El Ministerio Público pidió para M.A.C.O. una pena de 12 años de presidio; para M.A.R.G. 10 años y 1 día; para C.J.N.C. 4 años; y para R.P.S.R. 5 años y 1 día. En todos los casos además se solicita multa, inhabilitación absoluta temporal, accesorias y costas.
Tribunal
El director de asesoría jurídica de la municipalidad, Cristhian Flores, dijo que para la casa consistorial es muy importante que este largo proceso investigativo concluya.
"A nosotros lo que nos interesa es que este tema avance y que prontamente se llegue a un tribunal, ya sea de juicio penal o de garantía, para que finalmente exista un esclarecimiento de lo que ocurrió", dijo.
El abogado destacó la participación que ha tenido la municipalidad desde el inicio de la causa, facilitando la información requerida por la fiscalía y accionando como querellante, antes de pasar a ser representados por el CDE.
Respecto a las fallas de control que permitieron las irregularidades, Flores informó que con posterioridad el municipio implementó nuevos procedimientos con apoyo de Contraloría, lo que permitió subsanar los errores que se cometían.
Dos de los funcionarios acusados por el Ministerio Público siguen siendo trabajadores del cementerio. Sobre el punto, el abogado municipal dijo que se está a la espera que se resuelva el proceso penal y un procedimiento administrativo que lleva adelante Contraloría Regional, para determinar medidas.
"No podemos tratar a alguien como culpable mientras no exista una resolución judicial que así lo declare o una resolución administrativa en el marco de un proceso sumarial o un sumario administrativo", manifestó Cristhian Flores.