Hace poco se conoció de la renuncia de Josefina Montenegro de la presidencia de la Asociación de Isapres, según trascendió, debido a la falta de compromiso que ella observaba de las aseguradoras para con sus afiliados.

Montenegro, abogada UC con maestría en derecho de la New York University, acusó en una carta que los asociados al gremio han tenido una "falta de conexión con la realidad y empatía con lo que el país está viviendo". Nada nuevo bajo el sol, para un sector que es apreciado apenas como un negocio, pero no como una ayuda a los beneficiarios cuando éstos se encuentran en problemas. Su discriminación a las mujeres, las alzas arbitrarias de los planes, son ejemplos.

Es evidente que endosar exclusivamente a las dispares de tener una mentalidad chica y de poca empatía con el otro, sería injusto con tales organizaciones, pues en realidad son muchas otras las compañías y sectores que tienen una mirada cortísima con los territorios.

¿Cuál es el aporte de bancos, AFPs, supermercados, clínicas y cuántos otros negocios instalados en nuestra región y el país, sin que aporten nada al espacio que los cobija, salvo el giro que las sustenta.

En muchos casos, no participan de la comunidad, no apoyan ninguna iniciativa local, son apenas buzones de su negocio, el cual muchas veces ni siquiera hacen del todo bien. Con desazón se observa que muchas de sus gerencias son esporádicas, están breves lapsos, por lo que nunca se involucran con nuestras ciudades.

¿Nos podemos sorprender de la violencia vivida en días pasados si no hemos construido comunidad y los líderes y empresas manifiestan indolencia frente a las demandas de tantos ciudadanos?

No se trata de sostener que todo está mal, en ningún caso, pero hay que practicar el valor compartido como un eje estructural de cualquier negocio y actividad, lo que significa poner a las personas en el centro y no solo las utilidades.

Ese cambio es el que acarreará una señal para el futuro en un país que ha perdido sus sueños, conversación y confianza en prácticamente todo. La responsabilidad empresarial debe cambiar y mucho.

Nunca antes administrar justicia cambió tan de repente; hasta la implementación de la reforma procesal penal fue gradual, pero producto de la pandemia y la cuarentena los juicios ya no se hacen de modo presencial, sino de manera digital. La necesaria proximidad que el juez debe tener con el acusado, ahora es intermediada por una pantalla de notebook, el espacio físico del tribunal se redujo a, por lo general, no más de 15 pulgadas carente de toda ritualidad.

Fiscal, defensor y juez pueden estar sin pantalón, con slip o bóxer, a pie descalzo, con calcetines o a pata pelada, eso sí con saco, camisa y corbata. En lugar del tradicional golpe de martillo para iniciar y terminar la audiencia, ahora es el vulgar click del ratón.

Para evitar caer en lo anterior algunos tribunales reagendaron juicios para varios meses más, como el imputado debe ser juzgado en un tiempo prudente, la fecha suena casi al Día del Juicio Final, lo cual, por economía procesal, tiene sus ventajas se pueden acumular la investigación de sus delitos, con la de sus pecados; el erario nacional se ahorrará los gastos del tribunal y las costas de fiscales y defensores, porque solo bastará la presencia del Dios omnipotente y polifuncional, que, como nadie va a misa, ni entrega limosna, menos el diezmo, hoy sale gratis.

Como el azote de la peste no pega igual en todo el país, se exploró poder realizar juicios presenciales en algunos tribunales, pero iría contra la igualdad ante la ley, no se vería bien para seriedad y coherencia del poder judicial que subsistan dos formas de juzgamientos, porque mientras en una región habrá juicios virtuales, en otras habrá presenciales; aunque de hecho en el país, sí hay dos sistemas judiciales vigentes porque todavía persiste el antiguo sistema inquisitivo, parcial y secreto para procesar a los violadores de Derechos Humanos.

Pero donde más hoy corre peligro la justicia es que se traspasen concepciones sanitarias al lenguaje jurídico y se vulnere, por ejemplo, la presunción de inocencia, porque si se adopta como norma en estrado que lo probable y sospechoso es ya culpabilidad, como de hecho está haciendo el sistema sanitario con incorporar al conteo de personas fallecidas por covid-19, a los que murieron sin tener una prueba o examen alguno que padecían la enfermedad; bien pudiera un juez aséptico, que siempre soñó ser médico, ponerse guantes, mascarillas y considerar que todo sospechoso, por el solo hecho de serlo, es culpable de un delito, sin tomar en cuenta que no hay más pruebas que lo inculpen, solo la pura tincada judicial. La cárcel se repletaría de inocentes presos, si acaso, ya no lo está.

Sin embargo, lo anterior no solo corre para el juez del tribunal, sino también para el árbitro de fútbol, porque perderá sentido lo de "ante la duda abstente".

El miércoles 1 de julio, después de una inédita jornada eleccionaria, cuya duración se extendió por una semana, los rusos decidieron aprobar las reformas constitucionales propuestas por el presidente Vladimir Putin. La más polémica consistía en permitir su reelección por dos períodos consecutivos más a partir de 2024, con posibilidad de mantenerse en el Kremlin hasta 2036, superando la estadía en el poder del dictador Stalin.

La justificación de esta enmienda constitucional, en palabras de Putin, consistía en liberar de preocupaciones al pueblo ruso por la sucesión presidencial (que vencería en 2024). Junto con lo anterior, encuestas previas al referéndum confirmaron que la población adulta es la que mayormente validaba la permanencia de Putin en el poder y la reelección indefinida, lo que puede explicarse por su acostumbramiento a experimentar regímenes políticos autoritarios y unipersonales, como lo fue en la Unión Soviética ("los hijos del autoritarismo"). Un fenómeno distinto se constataba en la población joven, destacando el rol de muchos activistas, aunque dispersos y con poca cohesión, pero que en encuestas previas al referendo se manifestaban contra la reelección.

No obstante, en este proceso quedó de manifiesto la ambigüedad del comunismo como ideología política, para facilitar la "entronización" de Putin en el poder. Entre las reformas aprobadas se encuentra la que declara ilegal el matrimonio entre personas homosexuales y en otra se aprueba que "creer en Dios es un valor fundamental". Estos preceptos formarán parte de la nueva Constitución (reformada), cuyos ejemplares ya se encontraban impresos antes de ser conocidos los resultados de la votación. Lo anterior, sin duda es contradictorio para una ideología política que se ha planteado, históricamente, como contraria al establishment, y "proclive a una sociedad más inclusiva". Aún más, la alusión a Dios como un valor fundamental contrasta con la postura de teóricos del marxismo que cuestionaban el papel de la religión en la sociedad como forma de alienación y constreñimiento a la libertad de las personas. En ese contexto, las reformas de Putin se vinculan más bien a un régimen que asume ideas del conservadurismo tradicionalista para sustentar su mantenimiento en el poder. El contenido de estas reformas podría atribuirse a la prevalencia de la religión cristiana ortodoxa, mayoritaria en el país con un 72%, seguida mucho más atrás del porcentaje de ateos y agnósticos, que concentran el 15% del total de la población.

Otra de las reformas aprobadas consiste en consignar en la Constitución que "la actual Rusia es heredera de la Unión Soviética": a confesión de parte, relevo de pruebas.

En consecuencia, debemos considerar que factores como el contexto de vida de las personas, la religión y la apelación a los valores nacionales constituyen el insumo para la consolidación de regímenes autoritarios, aunque cuando dichos factores puedan contradecir la ideología política gobernante. En ese sentido, no podemos desconocer la astucia de Putin en el estudio de dichas variables para convertirse en el zar postmoderno de Rusia, sin importar la ambigüedad de éstas con su ideología política, al menos en lo que ésta declara como "eslogan". En todo caso, aquello no es novedad.