El último boletín del Centro de Economía y Política Regional, CEPR, de la Universidad Adolfo Ibáñez entregó una radiografía impactante del mercado laboral en la región. Tal estudio tiene la virtud de incorporar a la fórmula de cálculo de la desocupación a las personas "inactivas" laboralmente, es decir aquellas que, pese a poder trabajar, han dejado de buscar empleo por distintos motivos. De esta manera, lo que ofrece es una mirada "corregida" de la realidad que estamos enfrentando debido a la pandemia.

El informe, que comparó datos del trimestre marzo, abril y mayo de este año y con igual periodo del año anterior, estableció que en la región los ocupados bajaron de 317.214 a 276.845 personas, mientras que los desocupados subieron de 31.858 a 42.201 personas. Sin embargo, el dato más revelador son la personas "inactivas", que aumentaron en más de 50 mil al comparar iguales periodos. Se trata de personas que salieron del mercado laboral y han suspendido temporalmente la búsqueda de empleo, ya sea porque observan que sus esfuerzos serán en vano y prefieren esperar un repunte del mercado, o porque temen enfermar. Esto ultimo afecta principalmente a los trabajadores de mayor edad.

Con estos datos, el boletín laboral concluye que la desocupación "ampliada" en la región (desocupados más inactivos) es del 25%, lo que se traduce en que uno de cada cuatro antofagastinos está buscando empleo y no lo encuentra, o suspendió la búsqueda de un cupo laboral en los últimos meses.

El informe saca a la luz un problema que se podía intuir. La pandemia y las medidas adoptadas para enfrentarla están teniendo un fuerte efecto en el empleo, elevando la cesantía y generando un clima de desaliento y temor que aumenta la inactividad.

Este panorama plantea un desafío inmediato, que es asistir a miles de familias han visto caer dramáticamente sus ingresos; pero también retos hacia el futuro, pues el mercado laboral seguirá afectado por largo tiempo y se necesitarán acciones para activarlo. Sin duda son momentos difíciles, la pandemia no sólo cobra vidas, también destruye el empleo y trae pobreza. Por eso vencerla es un desafío muldimensional.

El Transporte Público vive sus momentos más difíciles, esta pandemia ha develado la precariedad de nuestras ciudades y el sistema de transporte público no ha sido la excepción.

La reducción de los viajes urbanos ha visibilizado la fragilidad de un modelo basado en la auto regulación del mercado y la planificación a partir de la demanda, donde el Estado, sobre todo en nuestra Región, al no poseer una Empresa Pública de Transporte como Metro o EFE, se ha limitado a fiscalizar condiciones de servicios y subsidiar la operación a través de la bonificación al pasaje, restringiendo la planificación del Transporte Público, solo a satisfacer la demanda cautiva entre centro y periferia, siendo reactivo al mercado inmobiliario y a la expansión urbana.

Por otro lado, la premisa de trasladar la mayor cantidad de personas al menor costo, ha significado sacrificar el concepto de confort de viaje, en post de una alta tasa de ocupación del sistema, lo que ha transformado al transporte público en un modo de segunda categoría, enfocado para las personas que no pueden comprar un automóvil, produciendo un hecho tan contradictorio como el caso del Transantiago, donde a pesar de la gran inversión, el crecimiento del parque vehicular ha sido dramático.

El desafío de reducir la tasa de ocupación del Transporte Público, pero sin sacrificar valor del pasaje o cobertura, exige aumentar frecuencias de viajes y disminuir costos operacionales. Debemos buscar soluciones sinérgicas, que nos permitan viajes integrados modalmente, como por ejemplo mayor inversión en arborización, aceras y bicicletas públicas, y construir nuestro eslabón de gobernanza que nos permita apalancamiento financiero y una gestión integrada.

El compromiso del estado de implementar la electromovilidad, es una gran oportunidad, no solo por ofrecer viajes más confortables y libres de emisiones, sino porque significará un ahorro del 65% de los gastos operacionales actuales. Si el Estado se atreve a tomar un rol activo en este proceso de inversión, como por ejemplo en la habilitación de depósitos de cargas o la provisión de flota, se iniciará un círculo virtuoso, donde los "ahorros" se podrán reinvertir, dando valor constante a un Sistema de Transporte Público Integrado, como Bien Público, el cual debemos construir y defender.

La pandemia del COVID- 19 dejará secuelas profundas en la economía, en el ámbito nacional y regional crece el desempleo, el endeudamiento y la precariedad. El complejo industrial, minero y de servicios, en la Región de Antofagasta, muestra indicadores con luces y sombras. Los cambios de turno de las empresas con jornadas especiales han evidenciado aeropuertos congestionados de trabajadores y contratistas, con largos tiempos de espera, sin las más elementales condiciones sanitarias.

Algunas empresas han mostrado gran respeto por su personal, en otras, incluida la del Estado, la motivación económica ha forzado los sistemas productivos con dramáticas consecuencias para trabajadores y comunidades vinculadas. Esto obligó a las autoridades a reiterar procesos de cuarentena y restricción a las personas en los desplazamientos pendulares hacia sectores industriales. También es preciso señalar la irresponsabilidad de sectores ciudadanos negligentes que no respetan las normas y salen a espacios con aglomeraciones potenciando el proceso de contagio.

La ciudadanía regional impactada en su empleabilidad, toma consciencia sobre los negativos efectos locales de los turnos especiales en la minería. Se enfatizan las evidencias de las externalidades que generan en la zona las empresas de contratistas foráneas, considerando el nulo aporte a la economía regional y comunal.

Emerge el clamor señalando la necesidad de contratar empresas, contratistas y mano de obra regional, que generen algún beneficio compensatorio a la región y sus comunas. La conmutación laboral está siendo expresamente repudiada, creciendo la idea de vincular faenas, trabajadores y territorio. Ya se han observado incidentes exigiendo la salida de trabajadores de contratistas foráneos de los poblados y comunidades del entorno a las instalaciones industriales, particularmente en la Provincia El Loa. Esto representa un gran desafío en múltiples dimensiones, de cara a eventuales exigencias ciudadanas, políticas y gremiales.

Las empresas utilizan estos sistemas generando externalidades negativas en la zona donde están las faenas y los beneficios se van a otras ciudades en el centro del país. El Reporte: Panorama Regional 2018, elaborado por el Observatorio Laboral Regional (OLAB) estimó que el 15 % del total de ocupados en Antofagasta son conmutados (47.359 personas), trabajan en la región, pero no reside en ella.

Las autoridades políticas de las regiones mineras comienzan a tomar consciencia y a concertar voluntades en: a) modificar el Código del Trabajo estableciendo un porcentaje máximo del 10% de los trabajadores y requisitos más rigurosos para la jornada excepcional; b) Modificar la gestión territorial y de los suelos fiscales; c) tributaciones especificas a la mano de obra no local son solo algunas ideas que surgen. Chile enfrenta dos realidades peligrosas: regiones mineras que contribuyen significativamente el Presupuesto nacional, condenadas a una mala calidad de vida. Esto se ve agravado por los gerencias "golondrinas", contratados por un par de años, con objetivos y plazos acotados, los que hacen lo necesario para cumplirlos, sin ningún compromiso territorial. También se daña la identidad social y regional.

Pero, no existe consciencia ni identidad. Aquello que se identifica con el orgullo de ser minero o trabajador del Ecosistema industrial minero y de servicios de Chile, lo que constituye la relación subjetiva de los individuos con los componentes simbólicos de una región, proceso que genera sentido de pertenencia, compromiso con la actividad y fidelidad con la identidad regional, entendida como un activo social y económico.