Todo indica que hoy la capital regional elegirá un alcalde suplente, tras la salida de Karen Rojo Venegas de la jefatura comunal, tras la formalización y acusación por los presuntos delitos de fraude al Fisco y negociación incompatible en el denominado caso Main.

No es la primera vez que la comuna enfrenta un escenario de este tipo, tampoco otras localidades de la región- Calama y Sierra Gorda, por lo pronto-, situaciones del todo lamentables, considerando la importancia que tienen los ayuntamientos en el entramado social.

Todo esto se produce en el marco de una crisis social severa, en medio de una pandemia con duras consecuencias económicas y, más grande todavía, con la mochila que implica la serie de desafíos que tienen cada uno de los territorios de la zona.

Hay una obligación ética enorme aquí: prepararse para los difíciles contextos que seguirán cambiando nuestras formas de vida, industrias, política. El mundo que conocemos nos resultará cada vez más ajeno y desconocido, lo que puede ser una nueva fuente de traumas y fricciones si se manejan mal.

Si hacemos lo correcto, estos momentos críticos pasarán, pero deben ser un llamado de atención a los ediles -y a toda autoridad- de que deben ponerse a tono de las demandas ciudadanas y ser capaces de construir desarrollos para las próximas generaciones. No basta con administrar y quejarse, no basta con culpar a los otros. Hoy se requiere, más que nunca, gestión, trabajo y liderazgo para el mundo que viene.

Y en esto, tenemos deudas evidentes. Ni la capital regional, Calama o cualquier otra comuna tiene indicadores positivos o encomiables, pese a las evidentes ventajas que ofrece nuestra zona, pese a tener industrias potentes y perspectivas muy interesantes de cara al futuro.

En tal espacio, uno de los desafíos es mejorar la calidad de vida de nuestras localidades, materia en la que los alcaldes son fundamentales. La región y el país necesitan sueños posibles, no ilusiones y todas las comunas antofagastinas ofrecen oportunidades reales de un desarrollo, dejando en claro que es hora de tener al centro a las personas.

En inglés existe una expresión muy clara para ese concepto: "to take for granted", que es mucho más elocuente que en nuestro idioma. Su significado es preciso, ya que da por sentado la base de ciertas cosas, como si ellas estuvieran garantizadas y ni siquiera fuera necesario cuestionar su existencia.

Desde el estallido social, poco a poco, empezamos a sentir que no podíamos dar por hecho una mínima seguridad ciudadana, las normas implícitas de convivencia social y la relación de respeto básico entre las personas en nuestra sociedad. Algo que creíamos relativamente garantizado, ya no lo era.

Meses más tarde y a partir de la aparición del coronavirus en todo el mundo, comenzamos a vislumbrar, con estupor, esta letal e inesperada amenaza para nuestra salud, e incluso para nuestra sobrevivencia. Algo que creíamos solo posible de imaginar en la ficción, se transformaba velozmente en una dramática realidad. Luego, vino el desplome de las economías, la pérdida de las fuentes de empleo y la angustia de no contar con ingresos que para muchos ha sido un golpe fatal, -vivido como una experiencia inmerecida-, a la que cuesta encontrar una explicación. Antes de esto, nos sentíamos relativamente seguros, pero esa seguridad se desvaneció.

Y es que, cuando las cosas se dan por sentado, dejamos de ver la auténtica importancia de todas ellas, y es entonces, cuando dejamos de esforzarnos por lograr aquello que realmente consideramos fundamental en nuestras vidas. De algún modo, lo que todos solemos dar por sentado, es nuestra cotidianidad. Nos dejamos llevar por la rutina sin detenernos a pensar que, tal vez, la auténtica felicidad esté en esa sencillez del día a día: dar un paseo, compartir un café, una conversación o un abrazo. Eso hoy, más que nunca, cobra un valor inconmensurable.

Así, el confinamiento nos ha dado la oportunidad de reflexionar sobre los valores más importantes del ser humano, el afecto y la generosidad, la necesidad imperiosa del apoyo entre unos y otros, en los momentos difíciles y por sobre todo, valorar aún más a las personas, amigos y familia.

El grave problema es que la sociedad de consumo que veníamos viviendo, nos había vuelto insensibles a valorizar lo esencial, perdiendo contacto con lo realmente importante, y enfocando nuestra energía en cosas menos gratificantes. Lo lamentable es que siempre terminamos dándonos cuenta qué tan importante es algo cuando lo perdemos. Este es el momento en que aprendemos a darle el valor merecido a las cosas y el repensar la sociedad que queremos construir. Por eso, si hay algo bueno que nos ha dejado la pandemia, es que nos está regalando la oportunidad de valorar lo esencial para nuestras vidas y que nada hay que dar por sentado.

La Ley 21.204 ha suscitado un amplio debate por el contexto de pandemia en el que se han incorporado al Código Penal nuevos delitos y figuras agravadas que afectarían la salud pública. En estas líneas pretendo sintetizar algunos planteamientos que se debatieron durante el trámite parlamentario y que podrían orientar el modo en que se apliquen estos delitos.

Así, ya en el Informe de Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se aprecia un consenso en cuanto a que esta regulación no podría conllevar la inconsistencia de privar de libertad a los imputados, en circunstancias que los esfuerzos del gobierno se habían orientado a descongestionar las cárceles.

Ilustrativo del debate es que las penas se rigen por las reglas generales, distanciándose de la política criminal de los «marcos rígidos» que caracterizan las principales reformas de la última década, como ocurre con los delitos contra la propiedad o la «Ley Antisaqueos».

Asimismo, tanto en el precitado informe como en la posterior discusión en el Senado, se advierte especial atención a la facultad de aplicar multas severas junto con la pena privativa de libertad, y también a aplicar preferentemente la pena sustitutiva de prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

En cuanto a esto último, la idea original, que circunscribía esta prestación de servicios solo a recintos asistenciales de salud, fue desechada, pero sí subsistió la intención. El artículo 2° de la ley es categórico en dicho sentido, al punto que, más que el quantum de la condena, el único requisito indispensable para aplicar esta pena sustitutiva es la voluntad del condenado.

Un tercer aspecto dice relación con la suspensión condicional del procedimiento. En lugar de una limitación a dicha salida alternativa, el legislador prefirió enfatizar que se priorizara la realización de acciones o servicios destinados a beneficiar a la localidad donde vive el imputado, como lo establece el artículo 3°.

Esta racionalidad punitiva que subyace a la historia de la ley evidencia cierta prudencia por parte del legislador, cuestión que no ha sido relevada en los medios de comunicación. No dudo en afirmar que no hay otra ley en la última década en que la pretensión disuasiva, que aboga por el aumento y severidad de la pena para evitar la comisión de delitos, esté tan disociada del discurso legislativo predominante en los últimos años, que ha propuesto la encarcelación efectiva como respuesta al problema social que pretende resolver. Sin duda, la misma pandemia gravita en ello.

Siendo esta la directriz punitiva que habría guiado las principales innovaciones de esta ley, resultaría lógico que ello se reflejara al discutir la imposición de la prisión preventiva, pues aplicar el encarcelamiento de manera anticipada contravendría tanto aquella directriz como al prístino carácter de ultima ratio que, en el actual contexto sanitario, tiene (y deberá seguir teniendo) el derecho penal.