Redacción

"Analizados los antecedentes recabados y todo el material probatorio acumulado durante esta investigación, he arribado a la opinión, salvo mejor parecer de Ud., que se debe proponer al Consejo Nacional de Licitaciones de la Defensoría Penal Pública sancionar a la empresa Esperanza del Norte EIRL con la máxima sanción contemplada en la Ley 19.718 y en las bases de licitación, esto es, con el término de contrato de defensa penal en que se incurre en la infracción que se detalló más arriba".

La fecha de esta "propuesta de resolución" del proceso sancionatorio, datado el 26 de julio de 2019, hace poco más de un año, fue firmada por Ignacio Barrientos, entonces jefe de Estudios de la Defensoría e instructor del caso, y actual defensor regional público (s).

La empresa aludida por Barrientos fue creada por el abogado Marcelo Encina, exseremi de Justicia, presidente regional del Partido Radical y actual asesor jurídico del Municipio de Antofagasta, la que de concretarse sería la primera contratación del alcalde suplente, Ignacio Pozo Piña.

Las conclusiones del proceso fueron categóricas: esta empresa y otras creadas con el mismo objetivo y cuyos principales directivos fueron Encina y María Francisca González Werner (ambos pareja con un hijo) descontaron durante años parte importante de los ingresos de sus empleados, recursos públicos aportados por la Defensoría Penal Pública, como parte del contrato por los servicios de defensa licitada que efectuaba la empresa calameña.

Las denuncias están disponibles en el sistema judicial.

Las denuncias

El esclarecimiento de los hechos se remonta al 6 de junio de 2019, cuando la abogada Marcela Fuentes Montero informó a la Defensoría Penal Pública -DPP- que fue contratada en 2016 por Esperanza del Norte EIRL, fijándose una remuneración bruta de $1,8 millones mensuales, pero que luego de conversar con María Francisca González Werner, en realidad el sueldo real sería de $800 mil mensuales. Durante todo ese tiempo, ella firmó las liquidaciones por el monto mayor, a pesar de que recibía menos de la mitad de lo convenido.

Con el tiempo, los hechos fueron empeorando. Fuentes recibió sumas más altas de salario, pero debió enviar las diferencias desde su cuenta personal hasta la cuenta personal de González Werner, según lo declaró ante la DPP.

Tales recursos públicos eran y son depositados por la DPP para las empresas de defensores licitados, esto es, empresas de abogados que prestan los servicios de defensa de imputados en el marco del sistema de justicia. Aunque no están contratados directamente por la DPP (no son planta del organismo), tienen las mismas facultades.

Pero el caso de Fuentes no fue el único. El 26 de junio de 2019, Nicol Palma Moscoso, otra defensora licitada, también contratada por la misma Esperanza del Norte EIRL, acusó ante la DPP los mismos problemas: se le contrató por una cifra, pero se le pagaba por otra, diferencias que debía girar y "devolver en efectivo" tras retirar el dinero desde distintos cajeros automáticos.

Según la denuncia realizada ante la DPP, Moscoso fue acompañada a estos trámites por Marcelo Encina.

El proceso sancionatorio incluyó la versión de González Werner, quien, para el caso de la denuncia de Fuentes Montero, argumentó que los depósitos realizados por esta última correspondían a la "devolución de un préstamo", pero el informe expresa que tales dichos que no fueron acreditados con ningún "documento o comprobante". Asimismo, los denunciantes negaron por completo cualquier tipo de deuda existente.

El total de la diferencia no recibida por Fuentes (entre lo acordado y lo efectivamente pagado) ascendió a poco más de $42 millones, según se explicita en el proceso sancionatorio.

El mismo 26 de junio la DPP recibió un correo de Fabián Espejo Carvajal, exdefensor de la misma empresa Esperanza del Norte EIRL en 2015 y actual defensor público en Iquique. En la misiva se detallaba el mismo "modus operandi": se le contrataba por una cifra y se le pagaba una menor. Todo ello lo ratificó en una declaración hecha el 24 de julio.

Más detalles

Uno de los testimonios más elocuentes del caso lo dio Pablo Verdejo Pimentel, abogado y actual defensor penal público en Calama.

El 24 de julio del año pasado declaró que ingresó a Esperanza del Norte EIRL en 2014 y poco después, en 2015, cuando Marcelo Encina asumió el cargo de seremi de Justicia, le pidió a Verdejo, "como favor personal", que la empresa quedara a su nombre, a lo cual accedió. Así nació Servicios Jurídicos Pablo Manuel Verdejo Pimentel EIRL, que siguió con el mismo giro y servicios para la DPP.

"En reemplazo de Marcelo Encina llegó Fabián Espejo y en ese momento me enteré que a Fabián le hicieron firmar liquidaciones por montos superiores a los que realmente se le pagaban… Los montos que aparecían en sus liquidaciones eran de $2,5 millones e incluso más, pero en realidad recibía $800 mil líquidos en su cuenta".

El relato de Verdejo continúa: "Una vez que se fue Fabián contactaron a Marcela Fuentes Montero a la cual le ofrecieron el mismo trato que a Fabián, pero aquí en algún momento sí se le transferían los montos que figuraban en la liquidación, pero luego Marcela debía, según lo acordado con ellos (Marcelo Encina y María Francisca González) transferir el mismo día o a más tardar el día siguiente la diferencia del sueldo".

Verdejo añadió que en 2018, cuando Encina dejó de ser seremi, regresó a la empresa y ésta volvió a cambiar de nombre.

"Debo aclarar que nunca me tocó intervenir en ninguna transacción, conversación o negociación en que se fijasen condiciones de trabajo y remuneración. Todo estaba a cargo de María Francisca González y Marcelo Encina, incluso en la época en que era seremi… Pero realmente yo no tuve injerencia en nada en relación con contratos, sueldos, decisiones. Yo solo presté mi nombre para que la empresa siguiera funcionando y yo mantuviera mi trabajo", dijo.

Hasta 2019 la Defensoría tenía tres contratos licitados con los aludidos, que durante los últimos años presentaron las siguientes figuras: Servicios Jurídicos Esperanza del Norte EIRL, Servicios Jurídicos Marcelo Ricardo Encina Muñoz EIRL, Servicios Jurídicos Pablo Manuel Verdejo Pimentel EIRL y Servicios Jurídicos María Francisca González Werner EIRL (todas con el mismo RUT).

La Defensoría Penal Pública aseguró que hoy no hay ningún contrato con ninguna de estas personas.

Frente a los hechos, fue Marcela Fuentes Montero quien interpuso una denuncia por vulneración de derechos fundamentales en procedimiento de tutela laboral en el S.J. del Trabajo de Calama. El reclamo fue ejecutado por "tutela laboral, despido indirecto y cobro de prestaciones" contra de Servicios Jurídicos Esperanza del Norte EIRL y Servicios Jurídicos Marcelo Ricardo Encina Muñoz EIRL (donde trabajó hasta julio de 2019) y solidariamente contra la DPP, representada legalmente por Loreto Flores Tapia, entonces defensora regional y desde marzo defensora penal pública de la Defensoría Metropolitana Sur.

"Me señala que mis liquidaciones se harán por un monto superior al que yo voy a recibir... Las remuneraciones de los abogados se 'inflan' con el objeto de adjudicarse las licitaciones".

Marcela Fuentes Montero

"En varias oportunidades el mismo Marcelo Encina la llevaba al banco (Nicol Palma). Esto lo sé porque me lo confidenció la misma Nicol Palma".

Pablo Verdejo Pimentel

"Los hechos publicados no dicen relación alguna con el cargo que estoy en vías de asumir, ni con las funciones que desarrollaré ... Es un intento de enlodar mi imagen".

Marcelo Encina

"He arribado a la opinión que se debe proponer al Consejo Nacional de Licitaciones de la DPP sancionar a la empresa Esperanza del Norte EIRL con la máxima sanción".

Ignacio Barrientos