A poco días de cumplir un año del estallido social, octubre comienza con un hecho lamentable: un menor de 16 años parece ser arrojado por un funcionario de carabineros desde un puente sobre el río Mapocho, en la Región Metropolitana.

La fuerza simbólica del hecho es tremenda y traerá consecuencias importantes, en un período que estará repleto de hechos políticos absolutamente relevantes: el plebiscito, por lo pronto, el nuevo "gallito" entre el Congreso y el gobierno por un nuevo retiro del 10% de las AFP y todos los cuestionamientos y críticas por el manejo de Derechos Humanos en una administración que padece una nueva herida.

Antes hemos citado que Carabineros -y hay un proyecto al respecto- debe entrar en una reestructuración. Hechos como el ocurrido el viernes sólo lo confirman. Respecto del caso específico, es cierto que difícilmente se puede establecer que el funcionario pretende hacer caer al cauce del río al menor de edad, pero a continuación se observa un inmovilismo completo de todos los funcionarios para rescatar al joven que afortunadamente fue auxiliado por terceros.

En ambos casos, se trata de procedimientos erróneos que pueden tener muchísimas causas: mala preparación de la policía para enfrentar manifestaciones callejeras; agotamiento físico y sicológico de sus agentes o un error enorme por parte del oficial ya detenido. En todos los casos, el análisis del problema sigue presente.

Apenas durante los últimos meses han caído varios generales directores (Bruno Villalobos y Hermes Soto, por lo pronto), por casos paradigmáticos como la muerte de Camilo Catrillanca, la operación Huracán, el fraude institucional, los atropellos a los DD.HH., entre otros. El daño a Carabineros, un organismo tan importante para el Estado de Chile, es enorme, lo mismo que para la República y la Presidencia.

Poco sirve decir que por responsabilidad de una minoría, la que fuera la institución más prestigiosa del país está en el piso. Es cierto, debemos saber que la mayoría de los miles de funcionarios tiene una hoja de vida intachable, son ciudadanos honestos y nada tienen que ver con estos hechos, pero considerando el daño existente, cualquier suceso, menor o mayor -como el revisado- implican sacar a flote todos los problemas representados en estos oficiales, pero perfectamente extensivos a cualquier otra institución.

Entre las múltiples externalidades negativas atribuidas al covid ahora se le agrega una de carácter regional especifica que es el gasto FNDR a agosto de un 39,9% dejando a nuestra región con un pobre desempeño, por decir lo mínimo, en términos de ejecución presupuestaria y que podría tener graves consecuencias en las asignaciones presupuestarias futuras pues demostrar incapacidad de ejecución trae, sin lugar a dudas, consecuencias, además de las inmediatas que son necesidades no resueltas.

Como un mecanismo para resolver esta incapacidad de gestión en la administración regional la respuesta que parece estar pensando el ejecutivo regional de turno es paradojal. La creación de una corporación que concentre en la capital regional la capacidad de generar proyectos comunales, esto sin lugar a dudas, es el mismo mecanismo contra el cual el movimiento regionalista está tratando de sacudirse hace muchas décadas.

El argumento es simple; las unidades satélites de la capital no tienen capacidades técnicas y políticas de generar sus propios proyectos y entonces es la capital la que decide que como y cuando se realizan estos, siendo la óptica territorial para esto un dato de segundo orden. La capital si sabe qué hacer y dónde. Antofagasta lo sufre desde hace tiempos inmemoriales y ahora se quiere formalizar esta misma acción respecto de las comunas de nuestra región.

En vez de generar una iniciativa que dote de capacidades y recursos a las distintas comunas de tal manera que sean ellas quienes tengan autonomía para definir, en función de sus necesidades y perspectivas, los proyectos que les interesan se opta por esta otra alternativa que ningunea a las comunas y las hace más dependientes del centro. En plena marea descentralizadora la región centraliza

La creación de esta corporación regional, sospecho, está siendo objeto de debate en las instancias pertinentes, pretende recrear el modelo del CREO, que está pensado para Antofagasta, en términos de aunar recursos públicos y privados para la concreción de proyectos que son pensados y definidos por privados que apuntan a realizar inversión de acuerdo a una mirada que entiende la ciudad y la región como oportunidad de negocios más que una mirada desde lo público.

Todo esto con escasos visos de legitimidad dado que los recursos públicos no deben ser de decisión privada sino que corresponden a las instancias elegidas democráticamente para hacer esta función, léase Cores y Concejales.

Esta iniciativa de contramarea va contra todo lo que se ha demandado por mucho tiempo que es la capacidad de que sean los propios territorios quienes tomen decisiones que les afectan y que definen su futuro para ello es necesario invertir en la generación de sus propias capacidades para dejar de regalar pescados y enseñar a pescar.

Una definición de plebiscito dice que es procedimiento jurídico por el que se somete a votación popular, una ley o un asunto de especial importancia para el Estado. Obviamente este procedimiento, en un régimen democrático procede luego de una aprobación parlamentaria. Lo anterior en Chile acaeció en noviembre pasado, luego de un acuerdo de la mayoría de los partidos políticos y a un mes de las protestas sociales, que por diversos motivos movilizó pacíficamente a una mayoría ciudadana, pero que minorías anárquicas y violentistas desvirtuaron el origen y la naturaleza del descontento. Uno de los resultados: someter al escrutinio ciudadano la redacción de una nueva constitución.

Hoy el país está viviendo en una atmósfera de división entre el SI y el No, o sea del apruebo o rechazo de una nueva carta magna. Esta disociación no es comparable a la del año 1988. Sin ahondar en todos los aspectos que justificarían un cambio de constitución, estimo que la mayoría de los sectores políticos que aprobaron el llamado a plebiscito, cual más, cual menos, han advertido que en el país hace falta una serie de modificaciones tendientes a contar con un Estado más solidario. Temas como las pensiones, la salud, la educación y la vivienda, serían algunos de los aspectos sociales prioritarios.

Es muy curioso lo que ocurre en estos momentos, algunos hablan de una página en blanco, mientras otros manifiestan su inquietud al plantear que la nueva constitución ya estaría redactada. Ni lo uno ni lo otro. Recordemos que la redacción, en caso de ganar el Apruebo, estará a cargo de una Convención Constituyente o una Mixta, donde la primera estará compuesta por un 100% por ciudadanos elegidos democráticamente y en la cual se espera, estén representadas todas las fuerzas políticas hoy existentes en Chile, de acuerdo con el porcentaje de votos que hayan recibidos. Lógicamente que la actual constitución será un documento base de trabajo a considerar. En resumen, el riesgo que una determinada posición arrase en la Convención o imponga su hegemónica ideología, se aprecia prácticamente imposible. Lo anterior evitará que sectores que abogan por regímenes extremos, de un u otro lado del péndulo, no creo que vayan a pesar mucho en la redacción final de la, eventual, nueva constitución.

Todos tendrán que ceder algo para consensuar un proyecto que satisfaga a la mayoría ciudadana. Tengo la esperanza que quienes participen en los diálogos, análisis y definición de las propuestas a considerar en la nueva carta de navegación constitucional, lo hagan echando mano a su máximo espíritu y compromiso ciudadano, de tal forma que sus propuestas contengan una honesta visión de futuro de la nación, desligándose de sus particulares intereses.