El 82,4% de las personas que durante la pandemia ha estado afecta al sistema de teletrabajo, presenta el síndrome de "burnout", que consiste en un estado de agotamiento físico, mental y emocional causado por el cansancio psíquico o estrés, reveló un sondeo realizado por la plataforma Laborum.com.

Como es sabido, la pandemia de coronavirus, que a Chile llegó a inicios de marzo, llevó a muchas empresas a instalar el trabajo a distancia, con el fin de que sus colaboradores desarrollen sus funciones desde la casa, vía internet, y reducir así las posibilidades de que se contagien. Sin embargo, el trabajo remoto puede derivar en una mayor jornada laboral y además puede tener efectos en la salud de las personas.

De acuerdo con el informe, lo que más ha afectado a los trabajadores es la incapacidad de desconexión laboral, el agotamiento debido a una carga excesiva de trabajo y la desmotivación.

El impacto de la pandemia ha generado importantes cambios en el aspecto laboral y en la economía de las empresas y sus colaboradores, con claros golpes en el ámbito socioeconómico y emocional.

La corredora de seguros y consultora Willis Towers Watson realizó en junio un estudio a nivel latinoamericano, para medir la percepción de las empresas. Este dio cuenta que un 70% de las empresas en Chile esperan impactos negativos en el bienestar de sus trabajadores producto de la crisis sanitaria.

A pesar de que la percepción del teletrabajo ha sido en general buena, por mantener en funcionamiento las empresas y servicios, hay desafíos que se deben considerar, ya que ha derivado en una objetiva mayor jornada laboral y puede tener efectos en la salud de las personas, como cansancio en la vista y dolor de espalda, así como problemas psicológicos, entre ellos, aumento de ansiedad, insomnio y estrés, considerando que el trabajador no se desconecta durante gran parte del día -e incluso la noche- del movimiento laboral de su oficina.

Son datos preocupantes que deben llevar a las empresas y a las propias personas, a buscar mecanismos para atenuar estos impactos.

Todos hablamos de desarrollo sostenible como un ideal que debemos alcanzar. Uno de sus lineamientos es la participación ciudadana; en nuestro país se está aplicando, en alguna medida, gracias a la ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, la que explicita "el Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones".

Al alero de esta ley, nació Antofa Segura y a su vez hoy me permite ser parte del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Vigilancia de la I. Municipalidad de Antofagasta, donde he podido plantear las problemáticas que veo en terreno todos los días, las mismas que nos impulsan, junto a la comunidad, a gestionar soluciones, ante la inactividad de la autoridad.

Al parecer, la ley 20.500 llegó a solucionar el tema de la participación ciudadana. No obstante, su implementación es poco representativa con la comunidad que pide más involucramiento en las decisiones, sobre todo las comunales. Por tanto, es la municipalidad la que debe buscar las formas de lograrlo.

No basta una ley y que el gobierno imponga a los organismos de estado, que deben considerarnos. Hoy estamos a merced de una voluntad inexistente.

La ley explicita 4 mecanismos: acceso a la información relevante, consultas ciudadanas, cuentas públicas participativas y consejos de la sociedad civil. Lo ideal sería que se aplicarán todos en gran medida y no sólo algunos para cumplir.

En Dinamarca un porcentaje del presupuesto se somete a votación ciudadana, asegurando se responda a las prioridades de la comunidad.

En Inglaterra el 2017, Andy Burnham recién elegido gobernador, lanzó un plan para erradicar al 2020 a las personas en situación de calle, el plan implicó a toda la comunidad, en una ciudad de más de 3 millones de habitantes y fue todo un éxito que lo convirtió en referente en la lucha por la exclusión social y sobre todo en impulsor de una ciudad más cohesionada y participativa.

Los órganos del estado deben hacer un mea culpa en cómo sus voluntades afectan a la comunidad, deben aplicar esta ley en toda su envergadura y no sólo parte de ella para cumplir con lo impuesto.

Sobre todo, la Municipalidad, que insisto, es el organismo más cercano a la comunidad.

La fuerza de la cohesión social para la consecución de metas, es tremendamente poderosa y gratificante, lo sé, lo vivo día a día trabajando con la comunidad insatisfecha y cansada de esperar respuesta y acciones que nunca llegan. Por eso, es la participación ciudadana, una oportunidad de hacer mejor las cosas, de gestionar los recursos donde se debe, de acuerdo a la realidad y no a la idea de ella.

Frente a la posibilidad que flotas pesqueras internacionales de origen asiático ingresen a la zona económica exclusiva de Chile, continental y oceánica, resulta necesario y urgente el realizar acciones que busquen proteger nuestros mares, lo que conlleva el salvaguardar nuestras especies y recursos ante la amenaza inminente de posibles maniobras de pesca ilegal, no regulada o no reportada.

La preocupación del sector pesquero radica en la necesidad de proteger y salvaguardar nuestra seguridad alimentaria y sostenibilidad de las especies pesqueras, más aún cuando consideramos que tanto la zona norte, centro y sur del país, después de muchos esfuerzos y trabajo conjunto público privado, están presentando una positiva recuperación de sus biomasas, gracias al marco legal existente y la administración pesquera implementada por las autoridades, donde las empresas del sector han jugado un rol relevante entendiendo y propiciando un manejo sustentable de los recursos, con una visión de futuro que apunta a la adopción constante de procesos sustentables donde la pesca ilegal no debe tener cabida, puesto que no sólo atenta contra la sobrevivencia de las especies sino que provoca negativos efectos en la vida de las comunidades costeras, perjudica la nutrición de nuestra población y daña profundamente el comercio, la economía y el empleo local, nacional e internacional.

En este entendido, como Sonapesca estamos comprometidos con el desarrollo de una pesca sustentable, el combate de la pesca ilegal y/o no reglamentada, las que requieren ser enfrentadas a nivel nacional e internacional con firmeza y con un trabajo conjunto, tanto del sector público como privado, apuntando al mejoramiento de nuestros sistemas de monitoreo y fiscalización.

Hoy resulta urgente fortalecer también a los organismos regionales de pesca, para que puedan ejercer mayores labores de manejo, control y vigilancia en aguas internacionales, apoyándose tal como hoy se hace en el trabajo eficiente de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), de la Armada de Chile y de las autoridades de Sernapesca y la Subsecretaría de Pesa, Subpesca.

Nuestras costas y el trabajo por salvaguardar la seguridad alimentaria, siempre bajo la mirada del manejo sustentable, exigen el compromiso de todos. La pesca ilegal no puede ganar ninguna batalla y eso nos exige el pronto actuar de todos quienes integran esta cadena productiva que tanto puede aportar a Chile.