Como se hace en las sociedades democráticas, los chilenos fueron a las urnas el pasado 25 de octubre y dieron dos resultados contundentes en materia de anhelar un cambio constitucional y que los encargados de su elaboración, fueran ciudadanos ajenos a los actuales congresistas. A partir de allí hay varias lecturas que pueden hacerse y quizás la principal sea el descrédito de este relevante sector nacional.

Como es sabido, el acuerdo fue elegir 155 constituyentes, cinco de los cuales saldrán desde nuestra Región de Antofagasta en elecciones abiertas a realizar e1 próximo 11 de abril de 2021.

Sin embargo, las sorpresas han sido mayúsculas durante los últimos días cuando el Congreso, en especial la oposición, intenta torcer completamente el acuerdo y sumar otros 23 o 24 constituyentes para los pueblos originarios.

Por lo pronto, nadie puede discutir que las etnias deben tener una participación destacada; aquello está fuera de cualquier duda y hay consenso en prácticamente toda la ciudadanía; sin embargo es difícil entender -democráticamente hablando- que se quiera generar un escenario artificial aumentando la cifra de constituyentes para privilegiar a un sector, como ocurre en este caso.

¿Qué pasaría si otro sector reclamara la presencia de empresarios con cupo asegurado, distintos a los que elegirá la ciudadanía en marzo, bajo el argumento de que es este grupo el que genera la riqueza del país? ¿O cupos mineros, forestales, pesqueros, bajo la misma lógica?

Debe repetirse: los pueblos originarios por cierto que deben estar representados, pero en el margen de los 155 que serán elegidos, porque solo un proceso limpio y transparente le dará legitimidad a un proceso que es demasiado relevante, pero los congresistas, como suele ocurrir cada vez con mayor frecuencia, no entienden o no consideran porque solo parecen interesados en sus cuotas de poder y no en gatillar un escenario coherente que asigne representatividad a todos y no a unos cuantos.

Esto es realmente insólito, cuando aún están frescos los resultados del plebiscito.

En el instante que toma relevancia asumir esa interrogación social de ser constituyente, me pregunto, antes de exhalar un suspiro, si aquella acción está relacionada con una cerrada continuidad de comportamientos de una élite, que ya sabemos previsible y maltrecha, o bien, es el empeño previsible y lento de algunas autoridades que no tienen más compromiso que subirse al carro de la coyuntura como guardianes del conocimiento social o político. No son estas, por cierto, reflexiones semimorales; pero, tampoco debiéramos permanecer como espectadores sin dar opiniones, énfasis o argumentos cuando la cosa es más visible de lo que suponemos.

No obstante, y a medida que observamos y vivimos la realidad social y política de nuestro país, el asunto sí nos debe invocar y comprometer. Es tomar la palabra y decir que las personas, el pueblo ciudadano, las mayorías brindaron, en ese 80/20, como resultado del acto plebiscitario, la auténtica voz devenida, claramente, desde ese único ánimo de país: el impulso de confrontar las injusticias, de todo tipo, en un movimiento social de enorme intensidad humana. Aun así, las palabras no alcanzarán a mostrar jamás todo lo que sintió la población y la ciudadanía en el día y la noche de ese 25 de octubre ¿una catarsis de desenfado político o una fabricación resonante por un nuevo destino? ¿un manantial de pleno poder en el territorio que recién amanece o un esfuerzo popular donde nadie se quedó inmóvil?

Las sensibilidades generan incomodidad y el efecto cultural en estos tiempos es instantáneo y sin elusión. Las personas observan, lejos o cerca, que tanta imposición, y tanto conformismo y confusión, es igual a una limitación. Ya no será más el silencio, entonces, ni la obediencia con resignación. Lo paradójico, entonces, acerca demasiado lo verdadero y el contenido de lo verdaderamente social es que las personas se cansaron de que les digan las cosas de manera engañosa. Por esa razón, me pregunto, si tendremos constituyentes que interpreten las cosas con alma, que aquellos no confundan la esperanza de la población; que el interés moral sea el desinterés honesto por ayudar a redactar ese libro llamado constitución y que sean personas que vayan más allá de esos puestos de poder porque lo que se necesita es el sentido común y no promesas.

Sé que las personas piensan y actúan distinto. Pero, no podemos pasar por alto esta pregunta que se corresponde con una acción social y política tan delicada y ética como los que se han arrojado, dando nombres, para formar parte del panteón del grupo de constituyentes. Lo que debiera importar, en rigor, es la función y el cometido, pero sin otorgar membresías, a priori, porque lo que se espera es el modo más simple y efectivo: personas de carne y hueso que aporten a la vida del país, pero desde un accionar conocido y respetado por la comunidad territorial y social.

A veces, las sociedades cambian bruscamente. Y a veces, la paciencia varía de rumbo, dicen, todavía, en el sur, porque lo asemejan al "viento surazo". De esa manera, entonces, me seguiré preguntando respecto de aquellos constituyentes, los verdaderos, para reconocerlos en su caminar, en su trabajo social, en su buena vecindad, en sus ayudas solidarias, en sus trabajos subterráneos, casi anónimos; en su "fecundidad florida" porque lo que se necesita es generosidad proba, el largo sollozo, también, del sufrimiento y no la comodidad. Reconozcamos quienes son los de alma encendida, más allá del criterio y la experiencia; los que tienen la fuerza de la multitud, la agudeza de la libertad o la conciencia de humanidad como consecuencia de una lealtad por las otras y otros.

"Sentir que es un soplo la vida. Que veinte años no es nada." En esta ocasión discrepo del maestro Gardel, pues estos últimos veinte años la Defensoría Penal Pública ha ido ampliando su campo de actuación, se ha especializado la defensa, asimismo se ha posicionado institucionalmente de manera bastante notable, pues, de acuerdo a los resultados entregados por la última encuesta CADEM, más del 66% de las personas encuestadas conocen qué es la Defensoría y además la evalúan de forma positiva.

En el mes de marzo de este año se cerraron las puertas físicas de la Defensoría, dando paso a la apertura de las puertas virtuales, pues esta pandemia ha significado un cambio radical en el escenario en que nos desenvolvemos de forma diaria, pues pasamos de las salas de audiencias a plataformas virtuales. Igualmente ha cambiado nuestra forma de trabajo, pues las respectivas labores se realizan a través de la modalidad de teletrabajo, fortaleciendo de esta forma el compromiso de los funcionarios que formamos parte de este equipo, consolidando los lazos afectivos, a través de la mensajería instantánea y la realización de videoconferencias.

Desde hace un año a la fecha, han aumentado las imputaciones penales a personas que nunca antes se habían visto involucradas en hechos constitutivos de delito, el año pasado en el marco del estallido social y este año en relación al delito previsto en el artículo 318 del Código Penal, de poner en riesgo la salud pública.

Así las cosas, es de suma relevancia la difusión de los derechos de todas las personas imputadas por un delito determinado, a modo ejemplar: el derecho no solo a ser presumido inocente, sino además a ser tratado como tal, y el derecho al debido proceso, con un irrestricto respeto a todas las garantías procesales, en este sentido se presentaron diversos requerimientos ante el Tribunal Constitucional para evitar la realización de juicios orales de forma virtual, con la finalidad de asegurar el derecho a la defensa.

En tiempos "pandémicos", se encuentran los sentimientos, por un lado, nostalgia por la presencialidad que se vislumbra, por ahora lejana, pero a la vez, expectación en relación a las transformaciones que hemos vivido y las venideras, en pos de mejorar la calidad de defensa, especialmente de todos los canales virtuales de atención que se han implementado a fin de materializar nuestro compromiso, pues, Sin Defensa, No hay Justicia.