El Ministerio Público deberá enfrentar los próximos días audiencias que pueden resultar decisivas para el cierre de las investigaciones de tres de las causas más emblemáticas del estallido social en la comuna; el ataque a un vehículo particular ocupado por un funcionario de carabineros, la quema del ferrocarril y el atropellamiento múltiple que terminó con nueve manifestantes heridos en el centro de la ciudad.

En el caso del ataque al vehículo del carabinero, el Juzgado de Garantía extendió para el día 23 de noviembre la audiencia de cierre de la investigación de la golpiza realizada por una turba en la intersección de las calles Uribe, al llegar a avenida Argentina.

El hecho, que se produjo el 30 de diciembre del año 2019, ocurrió cuando un grupo impidió el paso de un automóvil y procedió a golpear el vehículo y posteriormente al conductor, quien resultó ser un carabinero que estaba acompañado de familiares.

Tras la investigación a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), el 5 de marzo fueron detenidas seis personas acusadas de los hechos.

Los cargos por los cuales el Ministerio Público acusó a los imputados varían entre homicidio frustrado, robo con violencia y receptación de especies.

Si bien en la audiencia de formalización el tribunal había decretado originalmente un plazo de investigación de 120 días, lo cierto es que las demoras en las indagaciones y la contingencia sanitaria, la han extendido casi ocho meses.

De hecho, en las audiencias de ayer gran parte de los abogados defensores buscaban ampliar los plazos de investigación de la Fiscalía ante la falta de algunas diligencias.

Cabe indicar que cuatro de los imputados se encuentran en prisión preventiva desde el 6 de marzo.

"Habiendo una solicitud por parte de las defensas, sin perjuicio que hay personas que se encuentran privadas de libertad, tengo que velar por la posibilidad de ejercer los derechos de la defensa, conciliándolo con las medidas de cautelares gravosas que se han impuesto en esta causa voy a ampliar el plazo de investigación en 10 días", indicó la magistrada Ana María Escobar.

Ataque al Ferrocarril

Karen Tello es madre de uno de los dos imputados adolescentes en la causa que investiga el primer ataque a una locomotora del ferrocarril, ocurrido el día 10 de febrero de 2020 pasadas las 22 horas.

"Mi hijo tiene recién 18 años y los cumplió internado en el Surgam. Está desde julio de este año detenido. Mi hijo es un buen deportista, un buen alumno, tiene el apoyo de todos sus profesores del Liceo Comercial, un niño espectacular, un gran hijo, adorado por su familia. Él no es un peligro para la sociedad como lo dicen ellos. Tiene que ser liberado Yo sé que es inocente", indicó la madre tras las audiencia que extendió la investigación hasta el 23 de noviembre.

Según los hechos relatados por la Fiscalía, en la oportunidad 15 personas detuvieron y prendieron fuego al vagón del ferrocarril de FCAB, el cual circuló por aproximadamente 1,5 kilómetros sin control de sur a norte de la ciudad hasta detenerse a la altura de calle Orella.

En la causa figuran además otros dos imputados acusados de desórdenes públicos.

En la audiencia de ayer el tribunal determinó la ampliación del plazo de investigación en razón de la petición de la defensa de diligencias aún pendientes con motivo de las sucesivas reformalizaciones de cargos presentados por el Ministerio Público durante la tramitación de la causa.

"Tomando en consideración que hay un traspaso de defensa, que tenemos un querellante que tiene la posibilidad de la reapertura de la investigación y para evitar aquello, indico que el querellante tome contacto con el fiscal titular y aclare las diligencias realizadas para que esto no se siga prolongando. Por lo tanto se amplía el plazo de investigación en diez días y queda fijada la audiencia para la discusión de cierre para el día 23 a las 8.30 horas", indicó la magistrada.

Atropello múltiple

El 21 de noviembre del 2019 -en medio de una jornada de protestas- se produjo uno de los hechos más impactantes del estallido social en la región; el atropellamiento de un grupo de manifestantes en pleno centro de la ciudad, que terminó con nueve personas heridas y el conductor del vehículo - de iniciales W.I.E.D - entregado y detenido en la subcomisaría ubicada en el sector de Playa Blanca.

Luego de casi un año del hecho, el Juzgado de Garantía de Antofagasta determinó el pasado 5 de noviembre un último plazo de ampliación de la investigación.

Ante la falta de un informe planimétrico por parte de la SIAT y de la incautación de imágenes de las cámaras de seguridad del sector, el tribunal determinó ampliar el plazo de investigación hasta el próximo 19 de noviembre.

Los abogados de las nueve víctimas del atropellamiento solicitan que la Fiscalía acuse de homicidio frustrado al comerciante antofagastino que se encuentra en prisión preventiva desde el 24 de noviembre del 2019.