El pasado 3 de noviembre, 98 días después de haber asumido y luego de que la Cámara de Diputados aprobó una acusación constitucional en su contra, Víctor Pérez Varela (UDI) decidió renunciar al mando del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Fue la tercera persona en ejercer el cargo en los dos años y ocho meses que lleva el actual gobierno.

"Forma parte de los gajes del oficio", dice el abogado de la Universidad de Concepción que estuvo 30 años en el Congreso representando a esa zona, primero como diputado (1990 a 2006) y luego como senador (2006 a julio de 2020). Dice que está conforme con lo realizado como jefe del gabinete y el capítulo ya está cerrado.

El punto final fue el rechazo de la acusación constitucional por parte del Senado el lunes de esta semana, donde cuestionaban su actuación en el paro de camioneros, lo acusaban de vulnerar el derecho constitucional de igualdad ante la ley y de haber infringido las leyes al no ejercer control jerárquico sobre Carabineros.

¿Está más tranquilo después del resultado del lunes?

-Siempre estuve tranquilo. Manifesté desde el primer momento que la acusación constitucional era absolutamente predecible, porque tenemos una oposición especialmente obstructiva y que iba a utilizar todos los mecanismos para complicarle la vida al gobierno y buscar la manera de interrumpir mi ejercicio. Cualquier observador desapasionado lo captaba fácilmente. Desde el momento en que el Presidente me ofreció el cargo de ministro del Interior sabía que esa era una alternativa. Cuando llegó la acusación constitucional supe que era muy difícil superar eso en la Cámara de Diputados, aunque tenía la más íntima convicción de que no había cometido ningún ilícito constitucional ni legal, como quedó demostrado en el debate y con las votaciones en el Senado.

¿Con otra persona en el cargo habría pasado lo mismo?

-Creo que cuando hay una oposición obstructiva que no utiliza el Parlamento para buscar acuerdos, sino para tratar de causar derrotas y obstáculos al gobierno, era una posibilidad real.

¿Cómo ayudó que renunciara?

-Uno nunca sabe, pero las dos razones que di cuando renuncié fue que el Presidente no podía quedar sin ministro del Interior diez días (que es el plazo que se demoró el Senado en ver la acusación), porque tiene una serie de tareas que son imprescindibles en el trabajo político del gobierno. En segundo lugar, porque renunciando sacaba al gobierno del debate y, por lo tanto, se debían analizar solamente las actuaciones que realicé en los 98 días que estuve en el Ministerio del Interior, y cómo estas estuvieron apegadas a la ley y la Constitución, el resultado fue el rechazo.

Más allá de estar apegado a la ley, ¿cree que fueron buenas decisiones? A veces uno toma decisiones que cumplen con la normativa, pero son cuestionadas.

-Indudablemente que todas las decisiones que toma una autoridad política de por sí son opinables, pero el hecho de tener diferencias políticas, de opinión, no implica necesariamente utilizar el recurso de la acusación constitucional que tiene como propósito destituir. Eso demuestra lo injusto, inadecuado y obstructivo de la medida. Falta ver el debate para darse cuenta que la mayoría de los diputados y particularmente el acusador (Gabriel Ascencio, DC), se refirieron muy poco al mérito de la acusación, sino a posiciones políticas preconcebidas.

¿Cree que fue un error dentro de los argumentos en la acusación constitucional lo del Ministerio de Defensa? Porque se pudo interpretar que se estaba desligando de su responsabilidad...

-Quienes decían eso no leyeron la defensa. Esa fue una expresión objetiva para demostrar la inconsistencia jurídica de la acusación y se quedaron en una acusación política que no tenía sentido. Los que leyeron en profundidad el tema vieron claramente que tenía un punto jurídico importante.

Carabineros

Se cuestionó su apoyo a Carabineros, entre ellos al general Mario Rozas, que renunció el jueves. ¿Cómo recibe esa renuncia y cuál es la lectura que hace?

-El apoyo a Carabineros es por una cosa muy objetiva. Me llama la atención que quienes gobernaron 24 años hoy apuntan con el dedo acusador a Carabineros y durante ese tiempo no hicieron nada en formación, especialización, en transparencia, en mejorar la estructura. Lo único que hicieron fue aumentar de 20 mil a más de 50 mil funcionarios sin mover un ápice en los temas que son fundamentales y que Carabineros requiere para enfrentar los desafíos en materia de orden publico, narcotráfico y la violencia que se ha instalado en nuestro país.

¿Y qué ha hecho el gobierno?

-Este gobierno ha asumido este tema. Impulsó un acuerdo sobre seguridad, ha impulsado proyectos de ley sobre modernización. No hay duda de que Carabineros debe ser reformado, pero los culpables no son los carabineros, sino quienes durante mucho tiempo no generaron una reforma. La mejor expresión es el caso Huracán, donde no había pruebas, se intentó condenar a personas por delitos inexistentes y el gobierno de la época ni siquiera hizo un sumario.

¿En el caso de Rozas, ¿cree que su renuncia debió haber sido antes?

-Lo más fácil es pedir que se vayan los generales. Este gobierno asumió toda la crisis de Carabineros e hizo un cambio de generales, más de 48 en los últimos dos años, pero la solución no es que salgan. La solución es modernizar, reformar, especializar a Carabineros para que sus estándares sean lo más altos posible para una población que pide día a día más seguridad. Pedir la renuncia de los generales es un ejercicio político muy simple y que no resuelve absolutamente nada.

¿Y qué opina del general Rozas?

-Trabajé con él durante tres meses y me pareció una persona extremadamente bien intencionada, muy dispuesta a llevar adelante la modernización de Carabineros.

También la molestia de sectores de la ciudadanía pasa por la forma en la que se ha trabajado en relación a las protestas después de octubre de 2019.

-Hay mucha molestia también en la ciudadanía por los violentistas que destruyeron los centros de nuestras ciudades, que saquearon locales y no teníamos a los carabineros con la capacidad y preparación para enfrentar ese nivel inusitado de violencia. Carabineros, a pesar de todas las falencias, ha tomado una serie de medidas, con nuevos protocolos en el uso de la escopeta que incluso fueron aprobados por el INDH, se recogieron todas las propuestas de las organizaciones internacionales de DD.HH., pero la violencia también cobra víctimas.