El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera informó el envío, en las últimas horas de ayer, de un requerimiento de inconstitucionalidad por el eventual segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP que el Senado pretende revisar este miércoles. El Tribunal Constitucional (TC) será el encargado de evaluar la iniciativa de La Moneda que, en un comunicado, señaló que "algunos parlamentarios están intentando escribir una Constitución paralela".

Lo anterior lo había esbozado el mandatario hace una semana en un foro de Sofofa. Ayer, en el comunicado explicó que los legisladores estarían tratando de "escribir una Constitución paralela a través de proyectos de reforma constitucional que introducen artículos transitorios, sin modificar la actual Constitución". Agregó que "esta práctica es inconstitucional, atenta contra nuestro ordenamiento jurídico y Estado de Derecho, y no respeta instituciones fundamentales de nuestro orden Constitucional, como la iniciativa exclusiva del Presidente en materia de gasto público, seguridad social e impuestos".

A fin de evitar "esta mala práctica", como la definió el Gobierno, ayer ingresó al TC un requerimiento "para que declare inconstitucional el proyecto presentado por un grupo de diputados, respecto a un nuevo retiro de fondos previsionales", porque las decisiones de las autoridades "siempre deben respetar el orden constitucional y el Estado de Derecho".

El propio mandatario, horas antes de este anuncio, señaló que "nuestro Gobierno tiene una posición fuerte y clara: queremos proteger a los chilenos en estos tiempos duros y difíciles, por eso hemos puesto en marcha una red de protección social que hoy día alcanza a 14 millones de personas protegidas y ayudadas. Y al mismo tiempo queremos que se respete la Constitución y el Estado de Derecho".

El Ejecutivo agregó que el proyecto ya aprobado en la Cámara de Diputados y que diversos parlamentarios, tanto de la oposición como el oficialismo, han anunciado que apoyarán en el Senado esta semana, "no sólo es inconstitucional, también genera un grave daño a las pensiones presentes y futuras de todos los chilenos, y beneficia con injustificadas exenciones tributarias a las personas de más altos ingresos, lo que atenta contra la equidad y la justicia social".

"Las autoridades de nuestro país, al asumir sus cargos, juraron o prometieron respetar nuestra Constitución y nuestras leyes. El Gobierno cumple con este compromiso a través de este requerimiento al Tribunal Constitucional", continúa el comunicado, porque el pasado 25 de octubre se aprobó "un camino hacia una nueva Constitución. Durante este camino todos debemos respetar y hacer respetar la Constitución y el Estado de Derecho, y la decisión libre y democrática adoptada por una inmensa mayoría de chilenos".

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, previo a la presentación del requerimiento en el TC dijo en Canal 13 que éste sería "no para bloquear el retiro del 10%, que hemos aducido que es una mala idea. (...) Acá lo que está en juego es si un poder del Estado tiene bordes, tiene límites. Eso está en discusión, si acaso, un poder Legislativo va a poder erigirse y arrogarse facultades que son privativas del Presidente". La semana pasada el Ejecutivo presentó su propio proyecto para el segundo 10%, donde establece la devolución del dinero y límite de giro de acuerdo a los ingresos.

El primer retiro de los fondos de AFP fue aprobado gracias a votos del oficialismo y, según el titular de Hacienda, esta vez, frente a una segunda iniciativa de esta índole "ellos han dicho que ante la eventualidad de elegir entre un proyecto que va por la vía institucional, versus uno que va por la reforma constitucional, van optar por el primero".

"Todos quieren mejorar las pensiones y están conscientes del daño previsional que generan estos retiros y como ellos atentan contra la posibilidad de una reforma" al sistema, zanjó Briones.

25 de noviembre sería una fecha clave en el Senado, por la eventual votación del segundo retiro del 10%.

Una vez conocido el requerimiento de inconstitucionalidad enviado por el Gobierno al Tribunal Constitucional (TC) frente a la discusión del segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP, que tendrá lugar este miércoles en el Senado, el senador UDI Iván Moreira afirmó que "sí o sí vamos a votar a favor del retiro", mientras que su par DC Carolina Goic agregó que el Ejecutivo "una vez más equivoca el camino".

"Si el Gobierno estima que este segundo retiro es inconstitucional, tiene derecho a ir" al TC, dijo Moreira a Radio Bío-Bío. Sin embargo, añadió que "sí o sí nosotros vamos a votar a favor del segundo retiro del 10%. Si es el del Gobierno (que contempla un límite de ingresos así como la devolución del beneficio), lo haremos, pero con modificaciones. De lo contrario, no tendrá los votos".

En paralelo, la Presidenta de la UDI, senadora Jacqueline van Rysselberghe, dijo a Emol que "me parece bien, creo que es necesario. Creo que acá va a haber un retiro del 10%, de hecho el Gobierno presentó un proyecto, pero me parece que se tiene que legislar de acuerdo a la normativa vigente y eso es a través de un proyecto de ley y no de una reforma constitucional, por lo tanto creo que es lo que debía hacer el Gobierno".

La iniciativa presentada por La Moneda la semana pasada y que en estos días será discutida en la Cámara de Diputados "es súper razonable, tiene que ver con que los más ricos paguen los impuestos que corresponden", señaló Van Rysselberghe.

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, dijo que lo presentado ayer es "confuso y contrario al sentir mayoritario de la ciudadanía. Objeta el segundo retiro, pero no lo hizo con el primero. ¿Este último entonces no fue inconstitucional según el Gobierno? (...) Esta mala política del retiro de los fondos de pensiones de los trabajadores para enfrentar la emergencia se debe a la inacción del Gobierno que, al final, presenta su propia versión del segundo retiro, con limitaciones. Todo contradictorio".

La senadora DC Carolina Goic agregó que La Moneda "una vez más equivoca el camino" en política pública.

"(Proyecto de retiro presentado por el Gobierno) es súper razonable, que los más ricos paguen los impuestos que corresponden".

Jacqueline van Rysselberghe, Presidenta UDI