Empresa Global Service ahora solicitó el embargo del estadio por deuda de la municipalidad
CIUDAD. La misma compañía que ganó en 2018 el juicio por las áreas verdes, logró una sentencia favorable por servicios de aseo que no fueron pagados.
Un antiguo litigio entre la Municipalidad de Antofagasta y la empresa Global Service derivó hace pocos días en la presentación de una solicitud de embargo y remate del Estadio Calvo y Bascuñán, la cual se encuentra en curso en tribunales.
La causa se relaciona con servicios de aseo del mismo estadio contratados y no pagados a la empresa entre junio y diciembre de 2015 -durante la administración de la exalcaldesa Karen Rojo- los cuales la firma privada cobró a través de un proceso judicial que ya tiene sentencias a su favor de primera y segunda instancia.
Global Service es la misma empresa que en 2018 ganó a la municipalidad una demanda por seis facturas impagas correspondientes a un contrato de mantenimiento de las áreas verdes de la comuna.
Aquella causa -donde el municipio alegaba que el contrato por dicho servicio nunca fue firmado- permitió a la compañía acceder al pago de $3.200 millones desde las arcas comunales, la indemnización más alta cancelada por la municipalidad en su historia.
Hans Bórquez, abogado de Global Service, explicó que los nuevos cobros en disputa corresponden a un juicio paralelo, relacionado con servicios de aseo contratados por el municipio y que fueron prestados simultáneamente a los de mantenimiento de las áreas verdes de la comuna.
Bórquez dijo que este segundo juicio ya tiene sentencia de primera instancia, dictado por el Primer Juzgado Civil de la ciudad en abril de 2019, y confirmatorio de la Corte de Apelaciones de mayo de este año.
Según tales sentencias, la municipalidad adeuda siete pagos por un total de $41.807.136, monto que con los intereses y multas, a julio de este año ya ascendía a $78.764.969.
El abogado explicó que en septiembre, y mientras se resuelve un recurso de casación interpuesto por el municipio ante la Corte Suprema, el exalcalde suplente, Ignacio Pozo, firmó el decreto que autoriza el pago de dicha suma al tribunal. Sin embargo, al no haberse concretado aún este proceso (el dinero en la práctica no ha sido liquidado) es que solicitaron el embargo del Estadio Calvo y Bascuñán.
"Se hizo una revisión de los bienes que posee el municipio y se decidió pedir el embargo del estadio, porque no todos los bienes son embargables, no se pueden embargar bienes que afecten el servicio público, y el estadio cumple ese requisito", afirmó el abogado.
Diálogos
El representante legal de Global Service precisó que la empresa siempre estuvo llana a lograr una salida que no pusiera en riesgo los bienes municipales, pero se toparon con la poca colaboración y el desinterés de la municipalidad.
"Nosotros intentamos solucionar este tema conversando, sostuvimos una reunión para tratar de cerrarlo de una vez, no embargar bienes y acordar con el municipio el pago, y nosotros a la vez renunciar a liquidar la causa y sumar intereses, pero no obtuvimos respuesta", aseguró.
El abogado dijo no entender por qué si en septiembre el exalcalde Pozo firmó el decreto que ordenaba cancelar lo adeudado, esto aún no se concreta, exponiendo a la comuna al remate de su estadio.
Respecto a lo que viene ahora, Hans Bórquez explicó que están a la espera de que el tribunal autorice el embargo para proceder al remate, o bien se cancele la deuda para dejarlo sin efecto.
Municipio
Consultado sobre el tema, el director de Asesoría Jurídica del municipio, Marcelo Encina, aseguró que la solicitud de embargo no procedería, pues no se da un elemento esencial, que es la incertidumbre de pago. Esto, por cuanto la autoridad edilicia ya ordenó saldar esa deuda. Además, explicó que el sujeto demandado es una persona jurídica de derecho público (la municipalidad), y por tanto existen garantías suficientes de que se dará cumplimiento a lo que ordena la sentencia judicial.
Encina reconoció la existencia del litigio con Global Service y de resoluciones favor de la empresa, pero no se refirió a la demora en el pago.
Actualmente la empresa privada tiene abierta una segunda causa en tribunales, donde piden una indemnización de $1.800 millones por la "impugnación dolosa" de las seis facturas emitidas con ocasión del contrato de mantención de las áreas verdes.