Redacción

Con una participación masiva se inició el ayer proceso de retiro del segundo 10% de los ahorros previsionales de los chilenos desde las AFP tras su publicación en el Diario Oficial.

La recepción de solicitudes comenzó a las 09.00 de la mañana y una hora después el gerente general de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Felipe Larraín, informaba que un millón de peticiones habían ingresado a las empresas. Ya cerca de las 14.00 horas esa cifra se acercaba a los 2,8 millones de solicitudes y a las 19.00 horas se habían alcanzado más de 3,5 millones de solicitudes.

Buenos resultados

"Los resultados de esta primera jornada, reflejan el trabajo que están realizando los más de siete mil trabajadores y trabajadoras de las AFP a lo largo del país", dijo Larraín.

El ejecutivo también recordó que en estas dos primeras semanas el proceso será exclusivamente digital y que no es necesario ir a sucursales para hacer la solicitud y recibir el pago. Reiteró además que hay plazo de un año para ingresar a la solicitud, y que los primeros pagos se harán el 17 de diciembre, pese a que hay plazo de 10 días hábiles para desembolsar el dinero solicitado.

"Sabemos que este proceso es muy importante para los afiliados del sistema previsional de Chile, y aun cuando lamentamos que se esté haciendo un daño al ahorro futuro de los trabajadores y trabajadoras, como administradoras seguiremos comprometidas con llevar a cabo el proceso de buena forma, e informando con transparencia su avance durante los próximos días", agregó Larraín.

Filas virtuales

Los cotizantes ayer reportaron que en algunas AFP había un largo tiempo de espera para ingresar las solicitudes de manera digital. De hecho, el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, reconoció tempranamente en Radio Duna que hay "mucho interés observado ya. De hecho, hay algunas filas virtuales en algunas administradoras". A las 13.30 esas esperas alcanzaban las casi 400 mil personas en AFP Modelo.

La autoridad agregó que el organismo que dirige reforzó su equipo con analistas dedicados especialmente a las labores digitales para asegurarse de que las AFP respondan adecuadamente a "la demanda gigantesca" de la jornada.

"Luego el desafío que está multiplicado esta vez es con el sistema financiero, de que pueda también procesar y cursar los pagos en un mes en que la demanda de efectivo y os pagos se multiplican en chile y que se ha acelerado con el tema de la pandemia", añadió Macías.

Aunque las autoridades insistieron en los últimos días en que los trámites de solicitudes se harían exclusivamente de manera digitar, hubo muchos que llegaron a las sucursales de las AFP para pedir su retiro de fondos o información respecto de cómo se debía hacer la petición.

Bancos: Dinero está

Durante la jornada el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, José Manuel Mena, destacó que "el uso de medios digitales ha funcionado en forma muy confiable".

En 24 Horas afirmó además que los legisladores debieron escuchar al presidente del Banco Central, Mario Marcel, en cuanto a los plazos del retiro: "Los dineros están, pero aquí hay pasos operacionales que mientras más puedan extenderse en algunos días, permiten resguardos de salud, seguridad física y de minimizar los errores y fraudes que se puedan hacer".

Los ministros secretario general de Gobierno, Jaime Bellolio, y del Interior, Rodrigo Delgado, rechazaron el proyecto de ley que propone indultar a las personas acusadas de cometer actos vandálicos en el marco de la ola de protestas que comenzó en Chile en octubre de 2019, presentado por los senadores opositores Isabel Allende (PS), Yasna Provoste (DC), Adriana Muñoz (PPD), Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Navarro (País Progresista).

"En Chile no existen presos políticos, lo que existe son personas que están presos porque hay tribunales de justicia independientes y una fiscalía que hizo un trabajo", afirmó el vocero Bellolio.

"Este proyecto presenta impunidad frente a los hechos de violencia graves que han sucedido. Nos parece que no va en la línea de lo que la ciudadanía quiere y viene a justificar la violencia", agregó el titular de Segegob.

"Algunas de estas personas tenían antecedentes de violencia intrafamiliar y es completamente incoherente que se pretenda decir que ellos lo que hicieron no es inadecuado cuando fueron tribunales y la fiscalía los que hicieron esa pega, no es el gobierno", sentenció.

El jefe de gabinete, por su parte, planteó que "las personas que están privadas de libertad al día de hoy son personas que no están presas por decir lo que piensan o por pertenecer a algún partido político determinado, ni por alguna ideología determinada; esas persona está privadas de libertad por haber cometido delitos".

La Contraloría General de la República presentó el libro que contiene los resultados de un estudio efectuado en el país que buscaba determinar cuánto saben los chilenos acerca de la corrupción y cómo ven al país en este ámbito.

La encuesta titulada "¿Qué piensas de la corrupción en Chile?" incluyó un sondeo a 16.809 personas y la gran mayoría afirmó que el país tiene altos índices de este delito: el 77% señaló que la nación es "corrupta" o "muy corrupta", mientras que el 70% apuntó a que hoy el país es "mucho más corrupto" que el año anterior.

En la misma línea, el 51,4% de los consultados afirmó haber sido testigo de algún hecho de este tipo, pero sólo el 32,9% manifestó haberlo denunciado a las autoridades pertinentes.

Por qué no denuncian

Las principales razones por las cuales la ciudadanía no denuncia, según el mismo estudio, son la falta de confianza en las instituciones que deberían estar a cargo de investigarlas y sancionarlas (47,4%), la falta de consecuencias que tendrá la denuncia efectuada (39,9%) y las eventuales amenazas en caso de tomar la decisión (35%).

También la encuesta reveló que, de acuerdo a la percepción de los participantes, las áreas en las que existe una mayor corrupción son las Compras Públicas (71,8%) y Contratación de Personal (65,3%).

Actitudes corruptas

En cuanto a la labor del ente fiscalizador, el sondeo sostiene que el 78,1% de las personas piensa que la Contraloría debería tener "más fiscalización y control de los recursos públicos", mientras que el 66,6% considera que se debe privilegiar la entrega de "más funciones legales para luchar contra la corrupción".

En cuanto a actitudes cuestionables, el 92,1% cree que es bastante o totalmente corrupto que "un funcionario público acepte dinero para acelerar un trámite", 79,7% piensa lo mismo de que "una persona mienta para obtener algún beneficio del Gobierno", 61,8% considera corrupción que "un funcionario público use su horario de trabajo para hacer trámites personales", 94,1% piensa que este delito se produce cuando "una autoridad o funcionario público favorece a un familiar o amigo", un 96,9% considera corrupto que "se otorgue un beneficio a alguien por ser familiar de una autoridad" y 84,9% califica así que "una autoridad o funcionario público no denuncie un acto de corrupción".

96,9% considera corrupto que se otorgue un beneficio a alguien por ser familiar de una autoridad.

78,1% cree que Contraloría debería hacer más fiscalización y control de los recursos públicos.