La nueva ley que viene a regular la inmigración en nuestro país, después de ocho largos años de tramitación, es una buena noticia. Sabemos bien que, desde hace un tiempo a esta parte, el flujo de migración ha sido sostenido e incluso se ha incrementado, en virtud de la legítima búsqueda de mejores situaciones económicas o políticas. Muy especialmente así lo hemos vivido en nuestra segunda región, tierra de oportunidades para tantos. Así las cosas, este tema se ha vuelto un desafío para nuestra institucionalidad.

Ahora bien, hay quienes creen que esta nueva regulación -en tanto obliga a tramitar las visas en consulados previo a la entrada, penaliza a quienes entran por pasos no habilitados, entre otras cosas- atentaría contra el derecho a migrar de las personas o sería derechamente discriminatoria. En razón de esto han presentado un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para impugnar al menos trece artículos de la nueva normativa. Así, este acontecimiento, como tantos otros, nos impulsa a reflexionar sobre la importancia radical que implica la existencia de un órgano tal como el Tribunal Constitucional.

En efecto, si nuestra Constitución tiene por objeto limitar el poder, evitar su uso arbitrario, reconocer nuestros derechos fundamentales y definirlos como "cotos vedados" a la acción de los gobernantes y tomadores de decisiones, el Tribunal Constitucional es quien hace valer todo esto. Por esto, la supremacía constitucional, lejos de ser un concepto leguleyo o un gustito jurídico, es una protección fundamental. A pesar de tan relevante función, no ha estado exento de críticas; muchos lo han llamado la tercera cámara o tribunal político -por mucho que cuando les parece coincidente con sus objetivos no dejan de acudir a este- que veta la "democracia de la mayoría". Gran parte de esto se puede deber, como han ilustrado diferentes autores, a la forma en que se designa a sus ministros o cómo se toman las decisiones. Por eso, una idea es la de quitar el voto dirimente: quitar el peso político que se le atribuye al voto de la presidenta la decisión sobre estos asuntos fundamentales.

Así, la ponderación entre los diferentes derechos o sobre los medios para regular y limitar estos derechos, en este caso por ejemplo sobre el derecho a inmigrar, le corresponde al Tribunal Constitucional.

Esto toma renovada importancia en el proceso que nos encontramos actualmente. Cuando estemos frente a una nueva Carta Fundamental y hayamos logrado dar cada una de las discusiones relevantes sobre el fondo que esta tratará, ¿no nos parecerá relevante que haya un órgano que la haga valer? De lo contrario, las palabras de una nueva Constitución quedarán solo en eso: palabras.

No es una cosa sencilla terminar el año diciendo palabras de buena crianza, mirando el "vaso medio lleno" como de costumbre. En esta ocasión no lo haré, ya que las circunstancias que ha vivido Chile por culpa del virus nacido en China, y exacerbado por la torpeza de nuestras autoridades, ameritan observar las cosas tal cual son.

Puede pensarse que mientras todas las demás ciencias han avanzado enormemente, la de gobernar apenas se practica hoy mejor que hace dos mil o tres mil años. A mi modo de ver, siendo que la insensatez es inherente a los humanos, es bastante difícil esperar algo distinto del arte de gobernar. Sin embargo, la razón para preocuparse en este caso es que la insensatez gubernamental tiene repercusiones mayores en más personas. Por lo tanto, los gobiernos tienen el deber de actuar conforme a la razón. Y como esto se sabe desde hace mucho, es incomprensible por qué nuestra especie humana no ha tomado precauciones ni resguardos contra este mal. El caso de nuestro actual mandatario ilustra de manera muy gráfica este punto. Sus "chambonadas" y falta de sensibilidad hacia el grueso de la opinión pública, es decir, hacia lo que piensan y sienten las grandes mayorías, no es una mera coincidencia sino más bien una constante actitud desafiante. Son demasiadas las ocasiones en que la ciudadanía ha podido presenciar eventos de esta naturaleza por parte del Presidente y su familia (incluso en plena pandemia), lo cual permite pensar que acá no estamos en presencia de uno que otro acto casual.

La insensatez, fuente de autoengaño, desempeña un papel asombrosamente grande en los gobiernos. Consiste en evaluar una situación según nociones preconcebidas, mientras se pasan por alto o se rechazan todas las señales en contrario. Es actuar de acuerdo con nuestros deseos e instintos, sin permitir que los hechos nos disuadan, y este es precisamente el mal que afecta al gobierno actual, gracias al proceder del jefe de Estado.

Ahora bien, para que los futuros avances de nuestra institucionalidad política y social no contengan las semillas de la ruina, fomentando la insensatez y el ansia de poder entre los líderes del país, sería prudente emular el ejemplo de Solón de Atenas, aquel sabio gobernante del siglo VI a. de C. a quien en una época de graves dificultades económicas e inquietud social, se le pidió salvar el Estado y reparar las enormes diferencias existentes entre los ciudadanos. Una vez logrado este propósito con notable éxito, Solón hizo algo extraordinario: compró un barco y partió al exilio voluntario durante diez años. Habría podido conservar el dominio total, aumentando su autoridad hasta la tiranía, pero sabía que para preservar intacto el legado de su gobierno era mejor marcharse a tiempo. Tal decisión parece indicar que la falta de una suprema ambición personal, junto con una fuerte dosis de sentido común (sensatez), se encuentran entre los componentes esenciales de la sabiduría.