Abogados por sentencia a KR: se está dando una señal
MAIN. Tribunal condenó a exalcaldesa a cinco años de presidio mayor en su grado mínimo por el delito de fraude al fisco.
La condena que recibió la exalcaldesa Karen Rojo tras darse a conocer el lunes la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, el cual dictó cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo por el delito de fraude al fisco, generó diversas reacciones en el ámbito judicial y político nacional.
Se trata de una sentencia que si bien no está firme y ejecutoriada, para muchos abogados es "ejemplificadora" y sienta un "precedente" en la lucha contra la corrupción y que además entrega una señal a la ciudadanía.
Una sentencia que fue calificada por el exfiscal Carlos Gajardo como una "potente señal de tolerancia cero a la corrupción", agregando que se trata de un "interesante precedente" para el caso Corpesca, en el cual está involucrado el exsenador Jaime Orpis, cuya sentencia será dada a conocer el próximo 16 de abril.
El tribunal además aplicó las penas accesorias de inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos por el término de 5 años y un día; inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.
Además del pago ascendente al 20% del perjuicio causado: $4.744.485 millones como autora del delito del fraude al fisco, en contra de la Corporación de Desarrollo Social (Cmds) entre el 1 de octubre 2015 y el 1 de agosto 2016.
Reacciones
La abogada y magíster en derecho público de la UC y directora del Instituto Chileno de Derecho Administrativo (ICHDA), Sandra Ponce de León, explicó que el año 2018 hubo una modificación en el Código Penal que endurece las penas por los delitos de corrupción, como el de fraude al fisco.
"Esto es una muestra de la severidad de la legislación actual, por eso no se había visto esta clase de penas antes (...). Es un endurecimiento bastante importante de las penas para evitar los delitos de corrupción, fraude al fisco o malversación de caudales públicos. Y otra cosa, es que el tribunal al dictar los cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, otorgó el mínimo, podría haber sido hasta 15 años", indicó.
La académica de la PUC, agregó que el delito de fraude al fisco permite también establecer las otras penas accesorias (como inhabilitación absoluta perpetúa para derechos políticos), pero "lo que llama la atención no es el tipo de sanción, sino que la graduación de la sanción".
"La inhabilitación perpetua para derechos políticos en lugar de una temporal también es indicativa de la severidad del fallo. Habrá que esperar conocer el texto de la sentencia para emitir un juicio sobre tal severidad extrema", declaró.
La abogada y doctora en Ciencia Política, Katherine Becerra, si bien recordó que esta sentencia aun no está firme y ejecutoriada, indicó que el Poder Judicial se ha visto muy cuestionado últimamente por las sentencias que ha dictado en casos de corrupción anteriores o en los que se han visto involucradas personas con poder político y económico.
"Desde esta perspectiva en este caso es una sentencia contundente dentro de los parámetros que establece la ley, pero que quiere dar una señal que el Poder Judicial está haciendo el control jurídico como corresponde. Es una señal a la ciudadanía dentro del contexto del estallido social", indicó.
Becerra agregó que la sentencia tiene un efecto político en cuanto a las aspiraciones que tiene la exalcaldesa.
"Porque no solo la inhabilita para ejercer cargos públicos durante el periodo de la pena, sino que además hay una inhabilitación perpetua para ejercer derechos políticos. Lo que implica que nunca podría presentarse nuevamente a algún cargo electo y eso sin lugar a dudas termina con su carrera política", declaró.
Rolando Lorca, quien fue abogado de la parte querellante en esta causa, cree que la sentencia es contundente, pues genera una pena de cárcel efectiva.
"La sensación que hay es que la comunidad siente que se está atacando a la impunidad. Existe la sensación de que los políticos tienen una ley especial para ellos y para el resto la ley que todos conocemos y aparecen publicadas en el Diario Oficial, independiente de que la sentencia aun no está firme y ejecutoriada y se puedan presentar recursos. Creo que la gran consecuencia de esta sentencia es el efecto en la comunidad (...) esa sensación de que se está haciendo justicia es sumamente importante", indicó.
El académico de la Universidad Santo Tomás, Pedro Céspedes, cree que si la exalcaldesa, hubiese buscado una salida alternativa que otorga el proceso penal, y hubiera aceptado la responsabilidad desde un comienzo, en un procedimiento abreviado, por ejemplo, el fiscal se hubiere comprometido a imponer la menor pena para el delito, y con algunas atenuantes, podría haber optado a alguno de los beneficios de las penas alternativas.
"Sin embargo, es condenada por fraude al fisco por una cantidad cercana a los 4.7 millones de pesos, monto menor para toda la relevancia pública que ha tenido el juicio. Claramente, su estrategia política o jurídica no dio el resultado esperado, sin perjuicio de lo que tenga que decir la Corte de Apelaciones. Finalmente, lo más grave es que incluso fue condenada a la inhabilidad de ejercer cualquier profesión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, y derechos políticos, sin contar la pena de presidio efectivo", indicó.