El pacto que formaron Chile Vamos y el Partido Republicano para las elecciones del 11 de abril próximo sigue bajo tensión máxima. Ayer, luego de la renuncia de Felipe Cisternas como secretario general de Renovación Nacional tras la polémica inscripción de listas a constituyentes, el presidente de esa colectividad, Rafael Prohens, propuso en el cargo al alcalde de Padre Hurtado, José Miguel Arellano, nombre que fue aceptado por la mesa.

Cisternas, cuestionado entre otras cosas por la inclusión a última hora de la columnista Teresa Marinovic (como independiente) en la lista de Chile Vamos del Distrito 10, donde RN postula a la Convención al exministro Cristian Monckeberg, renunció a su puesto acusando un clima hostil al interior del partido.

Al exsecretario general le atribuyen también "irregularidades" en el proceso de inscripción de candidaturas, pues, según el diputado Tomás Fuentes, "a última hora" se habrían bajado "arbitrariamente" varias cartas, sin consultar o tener en cuenta la opinión de la dirigencia de Renovación Nacional.

"destilan veneno"

En paralelo el RN Mario Desbordes, exministro, exdiputado y ahora precandidato presidencial, quien definirá al abanderado del partido con el senador Francisco Chahuán en el consejo general de este sábado, ayer arremetió en T13 Radio contra la tienda que dirige José Antonio Kast.

"Se fue extremando cada vez más él y su entorno. Se fue rodeando de personas como Sergio Melnick, Gonzalo De La Carrera, la misma Teresa Marinovic, que son de una violencia verbal espantosa. El día entero están destilando veneno", dijo el extimonel RN y aseguró que "no tiene nada que hacer esa gente con nosotros. Estamos por defender ideas, pero también entendemos que la democracia requiere acuerdos, respeto cívico».

Desbordes reiteró que la inclusión en la lista de Marinovic fue "un gol, un chantaje de última hora y espero que no salga electa".

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó una serie de recursos de reclamación presentados por las isapres Vida Tres, Cruz Blanca, Colmena Golden Cross y Banmédica en contra de la Superintendencia de Salud, por la instrucción de no aplicar alzas en los planes de salud por concepto de coberturas GES, mientras no se dicte un nuevo decreto que regule la materia.

De manera unánime, la Séptima Sala del tribunal, integrada por los ministros Inelie Durán, Carlos Iturra y Rossana Costa, descartó un actuar ilegal de la entidad fiscalizadora al dictar las resoluciones que ordenaron congelar los precios de los planes.

La resolución judicial indica que no existe una facultad autónoma para fijar el precio de las coberturas GES por parte de las isapres.

"No existe ilegalidad alguna que haya podido dar legítimo sustento a la reclamación de estos autos, ya que la autoridad administrativa actuó dentro de la esfera de sus atribuciones y el acto impugnado se sustenta en la debida tramitación de un procedimiento administrativo, en el que se respetaron los principios de impugnabilidad, imparcialidad y contradictoriedad", señala la Corte de Apelaciones capitalina en su resolución.

Luego de que el Tribunal Constitucional (TC) acogiera parte del requerimiento presentado por diputados del Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA) contra el proyecto de migraciones del gobierno, el Ejecutivo instó a dichas colectividades a actuar con "responsabilidad" y "sentido común".

El martes, en una maratónica jornada el TC resolvió declarar inconstitucionales 6 de los 14 artículos impugnados, entre ellos los que dicen relación con el retorno asistido de menores, la privación de libertad por más de 48 horas y la expulsión del país por obtener la libertad condicional.

Pese a ello, el jefe del Departamento de Extranjería y Migración (DEM), Álvaro Bellolio, destacó que el TC mantuviera intacto "el corazón" de la ley.

"El tribunal fue categórico y dijo que el Estado sí tiene las atribuciones para tomar decisiones con respecto a quién entra y establecer un reglamento. Por lo tanto esta lógica del derecho absoluto a migrar que plantea el FA y PC la echaron por tierra", dijo Bellolio en entrevista con Emol TV.

La autoridad valoró que se mantuvieran los requisitos para aquellos extranjeros que quieran postular a subsidios y bonos y evitar así que alguien que lleva un día en suelo nacional pueda acceder a dichos beneficios: "Darles bonos a turistas es un poco extremo".

Respecto a las críticas opositoras, el director del DEM llamó a la responsabilidad. "Las consecuencias que tienen las declaraciones del PC, FA, de estas organizaciones que defienden la migración sin restricciones son importantes. Generan y empeoran la calidad de vida de los migrantes y generan conflicto con los nacionales", afirmó y manifestó que el discurso de dichos parlamentarios "es inconsecuente con una responsabilidad de una migración segura, ordenada y regular".

Redacción

Los ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social ingresaron ayer al Senado un proyecto de ley destinado a extender la vigencia de los beneficios establecidos en la Ley de Protección al Empleo y las condiciones mejoradas de acceso al Seguro de Cesantía.

De acuerdo a lo explicado por el gobierno en un comunicado, la iniciativa permitiría, entre otras cosas, "extender el acceso a las suspensiones de los efectos de los contratos de trabajo hasta, como máximo, el 6 de diciembre de 2021, tanto para las suspensiones por acto de autoridad, como en los casos en que existe acuerdo entre trabajador y empleador".

El proyecto también busca incrementar el número de giros con cargo al Fondo de Cesantía Solidario del Seguro de Cesantía a los que accederán las personas cuyos contratos han sido suspendidos por acto de autoridad y habían agotado giros previos. Esto, en el marco de la crisis sanitaria producto del covid-19, que sigue vigente a pesar de los esfuerzos desplegados, afectando el normal funcionamiento de la economía y el mercado laboral, tanto a nivel mundial como a nivel nacional.

La vigencia de la Ley de Protección del Empleo ya había sido extendida, vía decreto, hasta el 6 de marzo de 2021 en el caso de la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo y hasta el 31 de diciembre de 2021, en el caso de la reducción temporal de jornada.

A la fecha, más de 800 mil trabajadores han podido acogerse a la Ley de Protección del Empleo, manteniendo vigente su vínculo laboral, lo que les ha permitido conservar su fuente de trabajo y mantener la cobertura de seguridad social durante la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria.

Subsidio al empleo

Paralelamente, las carteras de Hacienda y Trabajo anunciaron que en los próximos días se emitirá un decreto para extender las postulaciones al Subsidio al Empleo en 3 meses más, esto es, hasta el 30 junio del año en curso.

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, aseguró que la Ley de Protección del Empleo "ha demostrado ser una buena herramienta para ayudar a esos miles de trabajadores y sus familias que lo han pasado muy mal producto del coronavirus. Por ello, el extender su vigencia es una buena noticia, porque podremos seguir ayudándolos a superar esta inédita emergencia".

Por su parte, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, señaló que "la protección y recuperación del trabajo sigue siendo nuestra principal prioridad". El secretario de Estado agregó que "la pandemia nos enseña que las medidas de política deben tener flexibilidad y eso es lo que estamos haciendo hoy día".