No dejó de sorprenderme el juez Juan Guzmán Tapia (1939-2021) cuando en la entrevista que le practicamos el 28 de octubre del 2008 para Radio Universidad de Atacama de Copiapó, confesó que había brindado por el golpe militar en la mañana del 11 de septiembre de 1973, pero que se había retractado cuando se difundió la muerte del presidente Salvador Allende.

La familia conservadora que lideraba su padre, el escritor Juan Guzmán Cruchaga, también diplomático, había derivado hacía una posición contraria al gobierno de la Unidad Popular que presidía Salvador Allende.

El rechazó del juez al gobierno de facto fue progresivo hasta instalarse como perseverante detentador de 99 causas, 250 querellas e interrogatorios a más de 400 testigos por los crímenes perpetrados por los integrantes de las Fuerzas Armadas en la Caravana de la Muerte, fundamentalmente en el norte de la nación: La Serena, Copiapó y Antofagasta. Juan Guzmán, asumió además los casos denominados Operación Cóndor, Colombo y Calle Conferencia.

Tuvo detractores: "Personas me dicen que porqué no dejo tranquilos a los chilenos y dejar de escarbar en las muertes. Otros me señalan que los muertos se lo tenían merecido. Sin duda que he sufrido mucho con las violaciones a los derechos humanos". Aclara en la entrevista de hace 12 años que las Fuerzas Armadas colaboraron en todos los requerimientos que exigió sobre el desarrollo de los procesos, entre cuyo consignados estuvo Augusto Pinochet.

La primera vez que estuvimos con Juan Guzmán fue en una atmósfera de tragedia en el cementerio de Copiapó a mediados de 1990, caminando por los pasillos mientras operarios practicaban excavaciones buscando vestigios de los asesinados el 16 de octubre de 1973 por los integrantes de la Caravana de la Muerte. Trabajaba el 2008 en sus memorias que serían publicadas en francés por una editorial gala. Las memorias las escribió un denominado "Escritor Fantasma", pero revisada con detención por el magistrado.

"Mi padre era una persona de mucho conocimiento, con un genio fuerte, pero de una gran ternura. Me conformaría con ser la mitad de lo que él era", confesó con emoción.

Las contradicciones estuvieron presentes en la vida del juez. Nació en San Salvador, del país centro americano El Salvador, por encontrarse su padre ejerciendo labores diplomáticas en esa nación. Su padrino fue el dictador Maximiliano Hernández. Hasta el 2008 no se había concretado el interrogatorio al integrante de la Caravana de la Muerte, el militar Armando Fernández Larios, al encontrarse éste como testigo protegido en Estados Unidos.

"He enviado a integrantes del Grupo Quinto de Investigaciones a interrogarlo, pero no ha sido posible. El testigo protegido es una figura que no existe en Chile, pero insistiré", recalcó. Al finalizar la entrevista radial del 2008, nos sorprende nuevamente: "Sabrá usted que nunca me habían entrevistado en una radio. Le pediría que me enviara una copia para tenerla".

Emocionado Juan Guzmán, nos saluda y nos dice: "Debo decir que, no obstante todo, creo que he cumplido como juez".

Hace pocos días se anunció el ingreso, con suma urgencia, al Congreso Nacional del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas. La iniciativa busca crear una nueva institucionalidad para el fortalecimiento del derecho de acceso a la justicia de las personas, mediante la implementación de diferentes líneas de acción con el objetivo de establecer un servicio eficiente, cercano e integral para las personas.

Se aspira a poner en marcha un nuevo organismo que reúna, coordine y sistematice la oferta pública en materia de defensa jurídica a la ciudadanía. En dicho sentido, se propone la integración de las cuatro corporaciones de asistencia judicial, que, desagregadas en las distintas regiones del país, representan la primera puerta al ejercicio del derecho al acceso a la justicia de gran parte de la ciudadanía.

Así, se busca reunir en un único servicio la oferta programática que actualmente brindan, lo que -a juicio del Ejecutivo- permitiría un fortalecimiento de ella, con foco en la defensa de víctimas de delitos, grupos o personas vulnerables, y Derechos Humanos mediante la contratación a nivel nacional de abogados que puedan asesorar y representar personas cuyos derechos humanos han sido vulnerados o se encuentren en amenaza de vulneración, entre otros aspectos.

La iniciativa ha sido recibida de buena forma por varios actores relevantes. Así, por ejemplo, el vicepresidente de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF), Jorge Vitar, dijo que se trataría de una buena iniciativa "desde el acceso a la justicia para las víctimas". Añadió que "va a depender de cuántas atribuciones tenga esta institución. Se habla de un servicio nacional de acceso a la justicia y por otra parte se habla de una defensoría. Tenemos que ver en detalle el proyecto, pero en principio es una buena iniciativa".

Se trata de un proyecto muy interesante, que de paso, puede romper esa imagen de que las víctimas no tienen defensa ante quienes cometen los delitos. Veremos el avance, la velocidad y las modificaciones que se consigan en el Congreso.

Nuestro país el año 2005 aprobó la ley N° 20.084 creando con ello un sistema penal especializado de responsabilidad penal de adolescentes en conflicto con la ley, que parte de los 14 años hasta antes de los 18 años; ley sujeta a los principios de la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

La ley 20.084, como muchas otras legislaciones, es perfectible para robustecer y optimizar sus resultados en términos cualitativos y cuantitativos, específicamente en lo que refiere a dos grandes pilares como son las políticas públicas orientadas a la prevención y, por otro lado, a la rehabilitación/reinserción de adolescentes que han cometido algún delito.

Actualmente se discute en el Senado el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la Ley N° 20.084 (Boletín N° 11.174-07), para establecer una nueva institucionalidad y generar un nuevo procedimiento para la aplicación de sanciones penales a los menores de edad. Se plantea en este proyecto la necesidad de crear un Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, bajo la supervigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, proyecto que ya se aprobó hace una semana en la Cámara de Diputados, pasando este al Senado.

En esta discusión se plantea un cambio de paradigma, enfocado a las necesidades reales de cada adolescente para no intervenir de forma aislada y estandarizada, sino de forma integral y especializada para poder abordar todas las variables que confluyen en la comisión de delitos de nuestros adolescentes; considerando sus condiciones individuales, familiares, sociocomunitarias, educativas, culturales, económicas y legales específicas.

Frente a ello, se hace primordial y transversal, la planificación de un diseño de trabajo, enfocada a la realidad de cada adolescente en materia de prevención y rehabilitación/reinserción, que incorpore evaluación y monitoreo de sus programas, como del seguimiento en materia de ejecución.

La literatura científica en materia de infractores de ley adolescente ha reiterado que las prácticas efectivas en materia de prevención y rehabilitación/reinserción, que se enfocan a disminuir las probabilidades de reincidencia, deben abordar tanto los factores que la incrementan como aquellos que la disminuyen, como son los factores protectores y potencialidades de los mismos adolescentes; y así promover las destrezas de estos y del entorno socio comunitario con el que se vinculan.

Ahora resta esperar cómo este proyecto se vuelve ley y, por nuestra parte, renovar nuestro compromiso de un trabajo serio y altamente enfocado en los jóvenes, con sus evidentes particularidades.