A pocas semanas de vivir el primero de una serie de los procesos eleccionarios de este año, es de esperar que observemos un comportamiento ejemplar de la ciudadanía. Partiendo con la participación y concluyendo con buenas e informadas decisiones.

En abril -el día 11- experimentaremos cuatro procesos: de alcaldes y concejales, de constituyentes, que es probablemente la que arrastra mayores expectativas y la de gobernadores, que aparece como la más desconocida, quizás por su carácter inédito.

Un detalle muy positivo es que la institucionalidad está operando y así veamos que las demandas de la población serán convocadas a través de estas cruces y no lideradas por la violencia o el caos. Aquello debe valorarse y protegerse porque debe ser el encuentro y la conversación la manera en que la sociedad debe enfrentar y solucionar sus múltiples desafíos.

Caso aparte tiene que ver lo relacionado con la calidad de los candidatos que estamos observando, algunos de los cuales parecen desconocer las reglas del juego y las tareas de las instituciones a las que están postulando. No pueden olvidar de que también tienen la obligación de educar a la población.

Alcaldes y concejales no hacen leyes, por ejemplo o no disponen de la posibilidad de sumar tributos, cuestiones que deben dejar en claro, al tiempo que la ciudadanía también debe informarse para elegir correctamente. El ejercicio de la ciudadanía exige estudio y cierta discusión para tener opinión.

Considerando el momento que vive el país y el tipo de problemas a resolver es absolutamente fundamental seriedad en las propuestas y seriedad al momento de elegir son las autoridades electas las que tienen el peso de la región y el país que serán construidos para el futuro, incluyendo la Constitución, la administración del gobierno regional y cada uno de los nueve municipios, por eso esta tarea es tan fundamental.

Las elecciones no son un proceso baladí o una pérdida de tiempo, son parte central del juego democrático, la construcción de la República y el respeto al ser humano consciente de sus derechos y obligaciones. Es cierto, la democracia es imperfecta, tiene múltiples problemas, pero es el mejor modelo conocido para gestionar en libertad, los anhelos de una sociedad cada vez más heterogénea y atomizada por la modernidad que vivimos y que muchos no entienden.

Poco antes de iniciar el receso legislativo, un grupo de diputados de oposición ingresó a la Cámara un proyecto que permitiría a los afiliados de las AFP, por tercera vez, un retiro del 10% desde sus fondos de pensiones.

Fundados en la idea que cientos de miles de chilenos y chilenas han debido sortear innumerables dificultades económicas para enfrentar los efectos de la pandemia del Covid-19, esta iniciativa permite, nuevamente, que los afiliados puedan sacar parte de sus ahorros desde sus cuentas de capitalización individual, con un monto mínimo de 35 UF y una cifra máxima de rescate de 150 UF, que incluye el pago forzoso de las pensiones pendientes de alimentos. También propone que los pensionados por rentas vitalicias puedan extraer parte de los fondos, respetando las cifras mínimas y máximas de retiro. Pero ¿qué hay detrás de esta iniciativa? ¿Será un salvavidas para las familias más angustiadas económicamente o un nuevo ejemplo de hasta donde puede llegar la acción populista de algunos actores de la vida nacional?

Del primer proceso se han pagado, en total, US$19.809 millones, con un monto promedio por retiro de $1.385.446 y 10.320.279 personas (93% del total de afiliados al sistema) lo han solicitado. Mientras que 7.117.454 afiliados (64% del total) han pedido el segundo, cuyos pagos suman US$14.435 millones, con un promedio de $1.463.891 por persona.

Asimismo, sumando ambos procesos, 2.888.805 personas han quedado sin saldo en sus cuentas de ahorro previsional, por lo tanto, no podrían sacar dinero en un eventual tercer retiro.

El superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías a fines de enero de este año señaló al respecto que: "Hay que detener cualquier posibilidad de un tercer retiro", ya que "sería una política pública nefasta. Con el primer y segundo retiro se perdieron cinco años de cotizaciones y las pensiones en promedio serán 20%... ¿Queremos que los ancianos sean todos pobres e indigentes a futuro?", acotó.

Por su parte el Gobierno anunció que acudirá al Tribunal Constitucional (TC) en caso de que el proyecto que busca un tercer retiro del 10% de los ahorros previsionales de las AFP avance en el Congreso.

¿Pero por qué a los cientos de miles de chilenos y chilenas estas "advertencias" del ejecutivo no los inmutan? Será porque este sistema que suma 40 años de ejercicio de las AFP, ya les resulta indiferente, porque no les entregó la seguridad prometida. Hoy, existe indignación por un sistema de cotización obligatoria - que nada tiene que ver con la promesa de un sistema de seguridad social- que permitiría el retorno del 100% de los sueldos, que se transformó en injusto, inentendible y despreciado. Esas características asociadas a una crisis pandémica inimaginable, que derrotó la economía, sumieron en la incertidumbre a miles de modestas familias y precarizaron los espacios laborales. Y eso bastó para encender la mecha de una angustiante necesidad de contar con recursos, aquellos que desde el Estado nunca llegaron, para asumir que los fondos de las AFP serían el gran insumo.

La gente dice, "son mis ahorros, necesito comer y vivir hoy, no mañana". Muchos de ellos no piensan en el futuro, solo en el ahora. Esta es la triste realidad de un sistema fracasado. El tercer retiro al fin de cuentas es nuevamente un balde de realidad.

El ahorro es un hábito que. a muchos, nuestros padres intentaron inculcar, regalándonos una alcancía en los primeros años, con la intención que juntáramos moneda a moneda algo de plata. Ya adultos, según las posibilidades, ahorramos como una forma de contar con una reserva a la cual echar mano, ante gastos imprevistos u otro fin determinado.

Por otro lado, la mayoría ciudadana, en más de alguna ocasión se ha endeudado para adquirir una vivienda, financiar estudios o afrontar una emergencia. Estos fenómenos también ocurren en los países. Chile, en 2007 comenzó a ahorrar parte de los superávits públicos y creó el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), para financiar déficit fiscales y amortizar la deuda pública y luego en 2008 el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), cuyo propósito es apoyar el financiamiento de las obligaciones fiscales derivadas de la garantía estatal de las pensiones y otros aportes previsionales solidarios. De ambos fondos se han retirado recursos para financiar necesidades de la emergencia sanitaria y del presupuesto de la Nación.

En los últimos tiempos, diversos economistas han defendido la posición de no recurrir a mayores créditos para afrontar los perjuicios de la pandemia. Chile debe ser de los pocos países de la región, que tiene las puertas abiertas en las instituciones financieras internacionales para optar a créditos, dado al comportamiento de pago, que históricamente ha demostrado. Nuestro nivel endeudamiento público se sitúa alrededor de un 35% del PIB. América Latina y el Caribe exhibe un promedio de un 82%. O sea, nuestro guarismo es bastante más bajo que el resto. Ciertos sectores plantean que estaríamos al borde de un cataclismo, porque nuestra deuda en los próximos años superaría el 40% del PIB. Al respecto, el economista Sebastián Edwards en una entrevista dominical a un diario capitalino, opinó que "yo no tendría problemas en llegar a una deuda hasta el 55% del PIB, preferiría un nivel más bajo, pero no me asusta".

Los retiros de las AFP habrían alcanzado sobre 30.000 millones de dólares, beneficiando a los afiliados, a aquellos sectores comerciales donde se invirtieron dichos recursos, pero también, en un gran porcentaje al fisco por medio del IVA y otros impuestos. Ahora, las perspectivas de la economía y el nuevo buen ciclo que augura el precio del cobre, presentan una buena oportunidad para que el gobierno demuestre empatía y magnificencia con los sectores más perjudicados por la pandemia. Otorgar un bono de reconocimiento Covid, sin derecho a retiro, a quienes quedaron con cero saldo en sus cuentas previsionales y un crédito de salvataje, a mediano plazo expresado solo en UF, a aquellos negocios y emprendimientos que la han pasado mal, sería una medida adecuada al momento que viven estos sectores. ¿Usted qué opina?