La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y los exministros transitorios de su breve Gobierno Álvaro Coímbra, de Justicia, y Rodrigo Guzmán, de Energía, fueron enviados a prisión por cuatro meses como medida cautelar, mientras comités cívicos y víctimas de la crisis que vivió el país en 2019 preparan sendas marchas a favor y en contra de la medida.

Durante la audiencia, que duró casi diez horas y se desarrolló de forma virtual, se escucharon los alegatos de Áñez, la Fiscalía y la exdiputada del partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty, quien en diciembre de 2020 interpuso una denuncia por "golpe de Estado" ante el Ministerio Público.

"Es recurrente el hecho de que me quieran tildar de golpista. Un Gobierno no puede ser golpista cuando funciona una Asamblea Legislativa", dijo Áñez al dirigirse a la jueza.

Exigió ser juzgada en un juicio de responsabilidades por su figura como exmandataria y reiteró que no tiene intenciones de salir del país y que seguirá respondiendo cuando la Justicia lo requiera.

"En conjunto con la señora Eva Copa (entonces presidenta del Senado) y la Asamblea Legislativa se aprobó y promulgamos una ley de convocatoria a elecciones generales, eso creo que fue un gran logro para todos los bolivianos, producto de ello es que llamamos a elecciones y el señor Luis Arce es presidente", afirmó Áñez.

Áñez, detenida la madrugada del sábado, y sus exministros, aprehendidos el viernes, son procesados en el marco del caso "golpe de Estado" y se les acusa de sedición, terrorismo y conspiración durante la crisis de 2019 tras las fallidas elecciones que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia.

La Fiscalía boliviana había solicitado seis meses de detención preventiva, pero la jueza consideró que era mucho tiempo para la investigación.

Sin privilegios

La expresidenta interina fue trasladada a la cárcel de mujeres de Obrajes en La Paz, donde se le habilitó un espacio de aislamiento por protocolos de covid-19 por 15 días para que luego ocupe un dormitorio común "sin privilegios" junto a las demás internas.

El director general de Régimen Penitenciario en Bolivia, Juan Carlos Limpias, explicó que Áñez estará "bajo una constante inspección del personal de salud" por 15 días como estipula el protocolo de las cárceles del país ante la emergencia sanitaria.

Luego Áñez será "sorteada" para que se le asigne uno de los 13 dormitorios comunes que hay para las 200 reclusas del centro penitenciario.

"Ningún privado de libertad tiene privilegios en este centro penitenciario", enfatizó Limpias y recalcó que los dormitorios comunes cuentan con "todos los servicios básicos" que "pueda requerir en algún momento" y que, además, Áñez "tiene el derecho a la comunicación", por lo que podrá contactarse con sus abogados defensores y sus familiares.

Junto a Áñez, los exministros interinos Coímbra y Guzmán fueron enviados por cuatro meses al penal de San Pedro en La Paz y también estarán aislados por 15 días, por los protocolos de bioseguridad.

Después de ese tiempo, ambos pasarán a un sector común en cualquiera de las secciones que tiene la cárcel paceña, una de las más hacinadas del país. El director general de Régimen Penitenciario aseguró que se garantizará para los tres exfuncionarios que se cumpla el "debido proceso" y asistan a todas sus audiencias.

Denuncian amenazas

El exministro de Justicia, Coímbra, por su parte, denunció que sus familias están siendo "acosadas y amenazadas" y sostuvo que "cualquier cosa que pasara con ellos" es responsabilidad del expresidente Evo Morales y del presidente Luis Arce.

"Es un completo abuso, es todo ilegal, son órdenes de arriba, todo está armado", lamentó Dalia Lima, esposa del exministro Guzmán.

Bolivia está dividida sobre la gestión de Áñez, y en La Paz, Santa Cruz y Trinidad se han registrado protestas a favor y en contra de su detención, además de anunciarse marchas.

15 días permanecerán aislados la expresidenta y sus dos exministros por protocolos sanitarios en las cárceles.

200 reclusas hay en la cárcel de La Paz donde Áñez

La Organización de Estados Americanos (OEA) pidió la liberación de todos los detenidos en Bolivia "hasta contar con procesos y mecanismos imparciales para determinar responsabilidades". La Secretaría General de la OEA manifestó su inquietud "ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de Gobierno". Según la OEA, "se ha constatado la cancelación o sobreseimiento de diferentes juicios contra partidarios del MAS (Movimiento al Socialismo), así como amenazas de persecución judicial a políticos opositores al Gobierno".

La junta militar de Myanmar (exBirmania) extendió la ley marcial a cuatro distritos industriales y densamente poblados de Rangún, la antigua capital, tras el fin de semana en el que murieron 47 manifestantes, 39 solo el domingo, varios de ellos debido a disparos de policías y soldados.

Tras la jornada más sangrienta de la presión policial, la junta también incrementó la militarización de las calles para reprimir las protestas, en las que han muerto ya al menos 126 manifestantes por los disparos de la policía y soldados, indica la Asociación de Asistencia a Prisioneros Políticos.

En medio de la ofensiva militar, muchas personas volvieron a salir a protestar para pedir la restauración de la democracia, en desafío a los gases lacrimógenos y los disparos con munición de goma y real.

Según el periódico Irrawaddy, al menos tres personas fallecieron ayer por disparos en Myingyan, cerca de la ciudad de Mandalay, mientras que un número indeterminado resultó herido.

Japón interviene

Por su parte, el Gobierno de Japón instó a la junta militar a detener el uso de la fuerza "de inmediato" contra los manifestantes y está muy preocupado" por la represión violenta que ha dejado "muchos muertos y heridos civiles en varios lugares de Myanmar".

"Japón critica fuertemente que, a pesar de las sucesivas peticiones de la comunidad internacional para detener la violencia contra los civiles, esta continúe", dijo el ministro portavoz, Katsunobu Kato.

"No debe permitirse el uso de la fuerza, incluyendo los disparos contra los manifestantes, para reprimir unas protestas que han tenido lugar de forma pacífica", añadió. Sobre posibles sanciones, Japón dijo que "estudiará posibles medidas relativas a la cooperación económica y política". Aunque actualmente un satélite financiado por Myanmar se encuentra paralizado en la Estación Espacial Internacional (EEI) tras el golpe de Estado, mientras la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón decide qué hacer con él, puesto que activistas de Myanmar reclaman que podría ser usado con fines militares.

126 manifestantes han muerto en las protestas en Myanmar tras el golpe.