La segunda jornada del juicio contra el expolicía Derek Chauvin, acusado de asesinar al afroamericano George Floyd, tuvo momentos de tensión extrema con el testimonio de varios testigos de su muerte en mayo pasado en Mineápolis, Estados Unidos.

"Chauvin solo nos miraba. Tenía una mirada fría, sin corazón. Parecía que no le importaba lo que estábamos diciendo y no cambiaba nada de lo que él estaba haciendo", testificó Darnella Frazier, la joven que grabó el video que se hizo viral y en el que se ve cómo Chauvin presionó con una rodilla el cuello de Floyd durante más de ocho minutos.

Antes testificó Donald Williams, considerado "testigo crucial" al haber sido profesional en artes marciales mixtas y agente de seguridad. En su declaración, explicó que llamó al número de emergencias porque creyó que estaba siendo "testigo de un asesinato".

"Llamé a la policía para denunciar a policías (...) porque creo que fui testigo de un asesinato", dijo Williams en respuesta al fiscal de Minesota (EE.UU.), Matthew Frank.

El testigo apuntó que primero intentó razonar con los agentes en la escena del crimen, cuando vio cómo Chauvin presionaba la rodilla sobre el cuello de Floyd, pero no hubo caso. En esa llamada, que fue reproducida en el juicio, se puede oír a Williams diciendo que un oficial de la policía estaba "tratando de matar a un ciudadano".

Estas dos comparecencias caldearon el ambiente dentro de la sala, porque tanto la Fiscalía de Minesota como la defensa de Chauvin pidieron al juez que no constaran en acta una decena de preguntas de ambos. El magistrado tuvo que detener en varias ocasiones la audiencia para hablar en privado con ambas partes.

Los abogados del expolicía buscaban convencer al jurado de que los agentes presentes se sintieron "amenazados" por los transeúntes que los "increparon". El expolicía está acusado de los cargos de asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado.

El Departamento de Estado de EE.UU. ordenó ayer, al cierre de esta edición, la evacuación de los empleados gubernamentales estadounidenses que no sean esenciales en Myanmar (exBirmania), luego de que ayer se acrecentó el temor de una guerra civil total, mientras miles de refugiados seguían huyendo hacia Tailandia.

En un comunicado, la cartera de Exteriores informó que había actualizado sus recomendaciones de viaje al país asiático para incluir la orden de evacuación del personal no esencial y de sus familiares.

Anteriormente, el 14 de febrero, el Gobierno de EE.UU. había autorizado la salida voluntaria de Myanmar de su personal no esencial y de sus parientes.

Además, en su aviso de este martes, el Departamento de Estado elevó a 4 -el máximo- su aviso de viaje a Birmania, adonde recomienda no trasladarse por la agitación civil, la violencia armada y la covid-19.

En la nota recuerda que "las Fuerzas Armadas birmanas han detenido y depuesto a responsables del Gobierno electo", lo que ha provocado protestas contra la junta castrense, que se espera que continúen.

El Ejecutivo estadounidense también cita en su aviso una serie de zonas en estados como Kachin, Shan, Kayan y Chin, entre otros, donde advirtió de que puede haber violencia armada.

Ayer, Washington anunció la suspensión de todo el comercio con Birmania por las hostilidades de la junta militar contra los civiles.

La cifra de muertos por la represión de las fuerza de seguridad contra los manifestantes asciende a 520, según las estadísticas publicadas hoy por la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos de Birmania (AAPP).

Los militares birmanos justifican el golpe de Estado por un supuesto fraude en las elecciones del pasado noviembre, en las que arrasó y revalidó su poder el partido de la líder de facto y Premio Nobel de la Paz Suu Kyi, con el aval de los observadores internacionales.

Redacción/Agencias

Por primera vez en más de 30 años, los tres jefes de las Fuerzas Armadas de Brasil dejaron sus cargos por discrepancias con el presidente Jair Bolsonaro ante la destitución del ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, además de otros cinco jefes de cartera.

En una tensa reunión, tras la destitución de Azevedo e Silva, el nuevo ministro de Defensa Walter Braga Netto, les comunicó a los comandantes que serán sustituidos.

De ese modo, Bolsonaro deberá reemplazar al almirante Ilques Barbosa Junior, de la Marina; al teniente de brigada Antonio Carlos Moretti, de la Aviación, y al general Eduardo Pujol, del Ejército, con quien había tenido diversas fricciones en los últimos meses.

Esas discordias fueron claras el año pasado, en momentos en que activistas de extrema derecha reclamaban una "intervención militar" para "cerrar" el Parlamento y la Corte Suprema, actos que fueron alentados por Bolsonaro, quien no encontró apoyo en el Ejército.

En esta reunión los tres destituidos comandantes descartaron promover un golpe de Estado contra Bolsonaro, según el diario Folha de Sao Paulo. La "sustitución" de los jefes militares es algo inédito en Brasil y ocurre en un Gobierno que, paradójicamente, está presidido por un capitán de la reserva del Ejército, en cuyo gabinete casi la mitad de los ministros procede del sector castrense.

Incomodidades

Medios locales estiman que la crisis en el alto mando se debe al descontento de los tres comandantes con la destitución de Azevedo e Silva, reticente a los intentos de Bolsonaro de politizar las Fuerzas Armadas.

El ya exministro dijo al anunciar su salida que durante su gestión logró preservar "las Fuerzas Armadas como instituciones de Estado".

El destituido general Pujol dijo en una transmisión en noviembre que los militares "no quieren ser parte de la política" ni que "la política entre en los cuarteles".

Según Folha de Sao Paulo, Bolsonaro habría presionado a Azevedo e Silva para cuadrar a las FF.AA. con el poder político en contra de las restricciones por la pandemia de covid-19. El presidente Bolsonaro ha manifestado en reiteradas ocasiones que el cierre de comercio y la restricción al movimiento "empobrece" a los ciudadanos.

Ayer también, aliados del presidente Bolsonaro intentaron sin éxito impulsar una propuesta en la Cámara de Diputados para ampliar los poderes del mandatario y que fue interpretada por la oposición como un intento de "golpe" a los otros poderes.

El líder del Gobierno en la Cámara, Vítor Hugo Almeida, buscó llevar al plenario la iniciativa del Proyecto de Ley que acciona la llamada "Movilización Nacional", un mecanismo previsto en la Constitución para casos de amenaza extranjera.