Según la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, el momento actual es tan complejo, que se está "al borde del colapso de nuestra capacidad asistencial". Las cifras le dan la razón y lo sabemos bien en Antofagasta, donde la ocupación de camas críticas es de un 95% y el Hospital a duras penas ha logrado habilitar seis nuevas camas esta semana. Porque cabe señalar que habilitar una nueva cama crítica no es tan fácil. Se debe tener el personal para atender ese espacio y justamente ese es uno de los más complejos problemas que debe resolver el sistema actualmente. El personal está agotado y es cada vez más escaso.

El domingo el Presidente Sebastián Piñera anunció lo que ya era inevitable: un proyecto de reforma constitucional para aplazar las elecciones del 10 y 11 de abril. El anuncio parece llegar muy tarde, solo a dos semanas de las elecciones. Una tardanza que puede costar muy caro si no se llega a un acuerdo.

Ya la oposición ha condicionado sus votos (se necesita dos tercios para aprobar el aplazamiento) a planes de ayuda económica para las familias. Esos planes de ayuda son más que necesarios, pero en este actuar cabe la duda de qué pasaría si finalmente no se logra un acuerdo entre oposición y Ejecutivo: ¿simplemente se rechazaría el aplazamiento de las elecciones?

Según la Cadem un 73% de la población está de acuerdo con retrasar las elecciones, hay cierto consenso entre los políticos sobre la necesidad de esto, y es lo que recomiendan los médicos. La intención de condicionar este retraso a planes de ayuda económica puede parecer buena, pero es difícil calificar si realmente es lo más adecuado mezclar ambas cosas.

La posibilidad de aplazar las elecciones también genera incertidumbre respecto a otros temas anexos, como la duración de las campañas electorales, la ampliación de los periodos de las alcaldías y que ocurrirá con las fechas de las otras votaciones del año, como las primarias presidenciales. Por ello, es necesario que parlamentarios y gobierno, la clase política, tomen las decisiones trascendentales de esta semana, pensando en lo mejor para Chile y tomando en cuenta que éstas decisiones vienen acompañadas de otros efectos que tienen que ser considerados.

El COVID-19 no solo resalta las desigualdades existentes, las exacerba. Los pobres no solo tienen tasas más altas de infección y mortalidad por COVID-19, sino que también sufren de manera desproporcionada las medidas de restricción. A medida que el gobierno intenta aplanar la curva de infección, la curva de miseria que mide la pérdida de ingresos, medios de vida y vidas ha ido en aumento. Estos costos tienden a acelerarse cuanto más tiempo dura la cuarentena, lo que contribuye a un aumento de las infracciones que pueden reducir la eficacia de la medida en sí. En países sin redes de seguridad de base amplia, ya no es una elección entre vidas y medios de subsistencia porque son iguales para los pobres. Mientras las naciones desarrolladas debaten entre salvar vidas y destruir medios de subsistencia, los países pobres deben equiparar entre las vidas perdidas por la destrucción de los medios de subsistencia y las vidas perdidas por el virus.

Estas realidades básicas sugieren que en los países pobres deberían considerarse medidas específicas y con plazos determinados, en lugar de cuarentenas prolongadas, en caso de que las infecciones comiencen a aumentar. A medida que se aumentan las pruebas específicas a las personas pobres, éstas tienen tasas más altas de otras afecciones médicas subyacentes, que incluyen enfermedades cardíacas, accidentes cerebrales, cáncer, asma, influenza y neumonía, diabetes y VIH / SIDA, lo que las coloca en riesgos mucho más altos de infección y muerte por coronavirus.

Las disparidades sociales y económicas de los chilenos más pobres incluida la falta de vivienda adecuada, educación, atención médica, empleo y apoyo social, exacerban estas condiciones de salud y, en cierto sentido, hacen que quienes viven en estas circunstancias sean más vulnerables al COVID-19. Estas disparidades son la consecuencia directa de los sistemas perdurables de exclusión social y económica que niegan la igualdad de derechos económicos y de salud, lo que se transforma en una carga desproporcionada frente a la pandemia de COVID-19.

A medida que el país enfrenta en las protestas, las injusticias y desigualdades, tenemos una oportunidad fugaz de comenzar a dar pequeños pasos para abordar la desigualdad persistente que enfrentan los más necesitados en su vida diaria, especialmente las que viven en la pobreza. Solo una respuesta nacional puede controlar efectivamente la propagación del coronavirus, y debemos hacerlo rápidamente con dos consideraciones importantes. Primero, las pruebas de COVID-19 deben concentrarse entre las comunidades más pobres, léase campamentos. La atención debe centrarse en los sectores pobres, dada la tasa de mortalidad sustancialmente más alta para esas poblaciones. Es más probable que las personas que viven en estos barrios sean trabajadores de primera línea (por ejemplo, obreros, empleados de servicios, trabajadores de la salud, etc.) que no pueden permitirse trabajar desde casa. Cuanto mayor número de pruebas y rastreo se puedan realizar en estos grupos, más rápido los funcionarios de salud locales podrán aislar y tratar a estas poblaciones vulnerables y así evitar se siga propagando dentro de la comunidad.

Las dificultades y problemáticas del sistema de AFP son conocidas y compartidas por la opinión pública y no son pocos los actores que se han aventurado a proponer mejoras o modificaciones, las que van desde una metodología complemente nueva, sistema de reparto, como lo plantea el movimiento "No+Afp", pasando por otras menos profundas, como las que el gobierno anunciara hace algunas semanas.

Es relevante reflexionar acerca de la iniciativa de reforma al sistema de pensiones recientemente dada a conocer por el gobierno del presidente Piñera que, aunque no es del todo nueva, tiene novedades importantes que merecen ser debatidas.

Desde un punto de vista estratégico, esta propuesta se basa en dos grandes pilares: mejorar las pensiones y mejorar el funcionamiento del sistema de pensiones. En esta reflexión nos centraremos en el segundo de la reforma, vale decir, en las acciones tendientes a mejorar el sistema de pensiones.

Dentro de ese contexto, llamó la atención la idea de autorizar la participación de entidades sin fines de lucro, vale decir, por ejemplo, una AFP sin ánimo de obtener ganancias para sus dueños. Esta idea rompe con el paradigma básico del sistema, básicamente que el mercado regule los participantes a través de la máxima de rentabilidad para los dueños. Si bien esta idea parece novedosa, no lo es tanto.

Si pensamos, el mercado de las AFP tiene cierto parecido al mercado de los bancos, un rubro donde compiten entidades con fines de lucro, los bancos propiamente tal, con organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, las cooperativas de ahorro y crédito. Sin ir más lejos, si hoy alguien desea obtener un crédito de consumo, puede tramitarlo en un banco, pero también puede hacerlo en una cooperativa. Entonces la pregunta es ¿qué diferencia hay entre pedir el crédito en el banco o en la cooperativa?

Técnicamente, no hay diferencias, sin embargo, puede haber personas que estimen más provechoso satisfactorio endeudarse en una cooperativa, solo por el hecho que no hay fines de lucro como fin último, por lo que estaríamos en una situación más de convicciones que necesariamente de conveniencia económica. Esto es independiente de lo competitiva que puedan ser las cooperativas. Por lo tanto, la idea de autorizar AFP sin fines de lucro va en el mismo sentido. Existen un gran número de personas que deciden no cotizar, solo por el hecho que consideran poco ético que alguien gane dinero con las pensiones de las personas, por lo que, para esas personas, unas AFP sin fines de lucro, es lo ideal. En términos más técnicos, no tener ánimo de lucro, sería la propuesta de valor de esa AFP y a través de esta, podría captar cotizantes. El mismo efecto se lograría con una AFP estatal, una idea que está en el inconsciente colectivo desde hace bastante tiempo también.

Tampoco hay que olvidar que, independiente de lo anterior, sumar nuevos actores al mercado de las AFP, que está bastante concentrado, traerá de todas maneras un mayor dinamismo y más competencia lo que, a la larga, debería implicar mejoras para los cotizantes, ya sea en el costo de comisión o en una mejora en el servicio.