A más de un año desde el primer confinamiento que vivió Antofagasta, las calles nuevamente vuelven a quedar vacías. La mayoría de las personas ya ha aprendido a "adaptarse", trabajan o estudian de manera remota. Sin embargo, no todos tienen las mismas posibilidades. Ese es el caso de los niños que viven en campamentos. Quienes han quedado en situación de vulneración de sus derechos por parte del Estado, ya que muchos no cuentas con computadores o conexión a internet para poder acceder a las clases de manera online.

Carolina Limpias, madre de dos jóvenes en edad escolar y quien actualmente reside en el campamento Altamira, uno de los 89 que hay en la Región de Antofagasta en los que viven 7.298 familias; comentó que "hay muchos niños que no pueden ir avanzando en las clases virtuales porque no tienen como avanzar, no tienen computadores o algún celular, y tampoco tienen la posibilidad de internet", lo que ha provocado que se atrasen en sus estudios en comparación con sus compañeros que si tienen estas herramientas.

Vulnerabilidad

Es por eso, que dentro de la comunidad antofagastina han surgido diferentes iniciativas que buscan apoyar y combatir ésta problemática que muchas veces es invisibilizada. Una de ellas es la Fundación TECHO-Chile que con el apoyo de sus voluntarios han generado tres canales de ayuda: el primero a través de tutorías online, las que se realizan al menos una vez a la semana con el fin de reforzar los contenidos del programas de educación formal; también cuentan con cinco puntos de impresión de guías y contenidos, ya que muchos padres no tienen los recursos para imprimirlos; y por último, desarrollan con un proyecto llamado "Techo para aprender", en el cual se capacita a vecinas para que sean monitoras de actividades que potencien la parte socioemocional en los niños.

El director regional de TECHO-Chile, Javier Cifuentes enfatizó sobre la gravedad del problema y la falta de apoyo de las autoridades: "Las familias con que nosotros trabajamos tienen una alta vulnerabilidad por un lado, no tienen las condiciones básicas, el 98% no tiene acceso regular al agua potable y lo mismo se replica en acceso a la educación. estos niños no están teniendo las mismas oportunidades que los otros, están quedando fuera del sistema (…) El gobierno no ha acercado las oportunidades a quienes más lo necesitan, provocando que muchas familias se sientan abandonadas por las autoridades".

Cifuentes también plantea que debió construirse un sistema de protección y apoyo, ya que -a su juicio- no se sabe el impacto que ha tenido la pandemia en la educación.

Prácticas sociales

De igual forma, la Dirección de Pastoral de la Universidad Católica del Norte con el apoyo de la carrera de Pedagogía en Educación Básica, desde el año 2017 realiza tutorías como parte de sus prácticas sociales.

"Trabajamos bajo la modalidad un tutor o tutora por cada estudiante; es decir, cada tutor se adaptó a las condiciones pedagógicas y tecnológicas del estudiante, trabajando incluso por WhatsApp. La mayoría de estudiantes indicó que la metodología de estudio favoreció el aprendizaje, se generó un ambiente cordial y participativo, además las familias valoraron la experiencia y realzaron el trabajo personalizado a partir de la virtualidad", detalló Nielka Rojas, directora de la Escuela de Educación de la UCN.

Igualmente, el "Club de Lectura Rebelde" ha desarrollado iniciativas para que ir en apoyo de los niños y niñas del campamento Altamira con sus tareas escolares. Rossina Mena, educadora y parte de la agrupación comentó que en un principio ellos empezaron a montar puntos de lectura, llevaban juguetes, ropas, alimentos, pero les llamo la atención que después los mismos niños les pidieron jugar a la escuela. Querían tener clases.

"Ahí nos damos cuenta que los niños en estos tiempos de la pandemia están con una brecha educacional enorme, muchos no saben leer y han quedado estancados. Otros nos han comentado que los han pasado de curso pero no han aprendido nada. Entonces, ahí nosotros empezamos a buscar una forma de ayudar y apoyar en esta situación", agregó Rossina.

Constanza Ulloa, otra participante de este club, identificó algunas de las principales limitantes que tienen estos estudiantes: "El gobierno no se ha hecho cargo de la accesibilidad en la educación para los niños y niñas que viven en campamentos. Para ellos y ellas no existe el derecho a la educación ni a la vivienda ni mucho menos el derecho básico que es la alimentación", expresó Constanza, en relación al apoyo que ha dado el gobierno.

Por su parte, Marcela Mercado, la coordinadora de la agrupación mencionó que su principal motivación es que los niños estudien, que tengan posibilidad y que superen la inmensa brecha de la educación en chile, la que se está agudizando más que la crisis sanitaria.

"Los niños tienen que tener garantizado sus derechos como el de la educación que tiene que ver con la felicidad", concluyó la Mercado.

Veinticuatro pequeños productores integran la Asociación Gremial Minera de Calama (Amical), los que en su mayoría mantienen sus actividades extractivas paralizadas por los costos que significa trasladar su mineral hasta Mantos Blancos, en Antofagasta, o Tocopilla, los poderes de compra de Enami más cercanos a la comuna desde que en el 2013 cerrara la planta maquiladora Santa Margarita.

La quiebra y el cierre de la planta fue devastadora para la actividad en Calama, que "agoniza" según explica el presidente de la Asociación, Jaime Aguilera, pues actualmente "todas las actividades de explotación, comercial y de trabajo exploratorio están completamente detenidas y no se explotan las minas de los asociados".

Esto, según le hicieron ver al propio Presidente y a los ministros de Minería y Hacienda a través de una carta, pese a que como agrupación han solicitado ayuda a Enami, Corfo, y otras entidades y autoridades de gobierno desde el cierre del poder comprador, "sin que a la fecha nos hayan dado respuesta". En este punto, el dirigente recalcó que, en promedio, las minas están a 95 kilómetros de Calama, y entre 236 y 258 kilómetros de los poderes de compra más próximos.

Patentes mineras

En este punto, Aguilera recalcó que otra de las complejidades que los preocupa es el pago de las patentes mineras, que en un contexto de pandemia que se extiende ya por más de un año, es una obligación que ya le costó perder sus pertenencias mineras a dos de sus asociados por el no pago.

En este sentido, el gremio solicita una rebaja, aplazamiento o convenio de pago normal de a patente minera, y la eliminación definitiva del recargo de pago de impuesto del 100%, pues una "deuda de un millón, que ya es difícil de pagar y más aún en este contexto de emergencia sanitaria, se convierte inmediatamente en una de dos millones cuando vencen los plazos y no queremos perder nuestras pertenencias minera", explicó.

95 km de Calama están en promedio las minas de Amical, es decir, entre 236 y 258 km de los poderes de compra.

2013 quebró y cerró la planta maquiladora Santa Margarita, el otrora poder de compra más cercano a Calama.