En medio del mayor esfuerzo sanitario que se recuerde en un siglo, los funcionarios de la salud de todo el país y en especial de la Atención Primaria enfrentan un nuevo desafío, llevar adelante la campaña contra la influenza.

Ésta se desarrollará a la par de la campaña de inoculación contra el covid 19, lo que supone una gran complejidad y un esfuerzo logístico mayor, que hará necesaria una precisa coordinación y un abundante canal de información hacia la comunidad.

No podemos olvidar que la influenza es la segunda enfermedad que mayor crisis sanitaria genera en el sistema de salud pública y, por ende, tener a la población protegida es una necesidad crítica para evitar un agravamiendo en la escena hospitalaria.

Según informó el Ministerio de Salud, este año se espera vacunar a 8.484.505 personas en todo el país.

En este grupo se encuentran los menos de 6 meses a 10 años de edad, los adultos de 65 a 80 años y más, las embarazadas, enfermos crónicos, personal de salud, trabajadores de la educación preescolar y escolar hasta 5° año básico; y este año además se han integrado otros grupos críticos, como personal de establecimientos de atención cerrada (Sename, Eleam, establecimientos psiquiátricos), cuidadores y contactos intradomiciliarios de personas postradas, población privada de libertad, recolectores de basura, transportistas, funcionarios públicos en general, carabineros, bomberos, Onemi e integrantes de las Fuerzas Armadas, entre otros.

La campaña comenzó con los mayores de 90 años y las mujeres con más de 33 semanas de embarazo, para continuar con los otros grupos, según vaya comunicando el Ministerio de Salud.

La meta definida para 2021 es alcanzar una cobertura de vacunación 85% a nivel nacional y por grupo objetivo en un periodo que no supere los dos meses.

Pese a que la situación epidemiológica podría ser similar a la del año 2020, es decir muy poca circulación de virus influenza, la campaña resulta especialmente importante para minimizar el impacto sobre el sistema de salud ya saturado por el covid.

Una vez más, el llamado es a "poner el hombro" y cooperar en este nuevo esfuerzo nacional.

Qué duda cabe de que nuestra zona es una de las que posee las mejores condiciones para el desarrollo de la energía solar, particularmente por su situación climática. Tenemos todas las posibilidades de convertirnos en un importante polo de desarrollo, pero siguen mirando a la región como una economía extractiva, se llevan la energía a la región Metropolitana aunque se pierda el 31% en su traslado. De acuerdo a los registros del Gobierno, en la Región de Antofagasta existen 19 proyectos fotovoltaicos y uno de concentración solar de potencia, que permitirán, junto a otras iniciativas energéticas eólicas y geotérmicas, adicionar 2.680 megawatts a la matriz regional, con una inversión de más de 4 mil millones de dólares. ¿Como esta bondad climática, condición solar y grandes inversiones llegan a los hogares de Antofagasta?.

Hace unos días me reuní con el Ministerio de Energía Juan Carlos Jobet, con el fin de fortalecer los programas y fondos que permiten avanzar en la instalación de calefactores solares en las viviendas de toda nuestra región, generar una política pública en esta línea y propiciar alianzas público-privadas que nos permitan avanzar en el objetivo.

Nuestra iniciativa se basa en el tremendo potencial de energía solar que tenemos durante todo el año, a diferencia de otras zonas del país, lo que se suma a las grandes inversiones de proyectos energéticos que se realizan en la zona, y los beneficios sociales, medios ambientales y de ahorro al presupuesto familiar que se lograrían.

La principal ventaja de la calefacción solar es que permite un calentamiento de agua limpio y eficiente. Es la alternativa ideal en zonas como nuestra región que reciben mucha luz todo el año, se trata de aprovechar una energía gratuita, abundante y que no contamina.

Por eso es que vamos a potenciar el uso de calefactores solares para los hogares que deseen, todas las viviendas de la Región de Antofagasta pueden tener un calefactor solar si entre todos, y desde el rol que a cada uno nos toca ejercer, nos ponemos a trabajar seriamente en ello, pues impulsar el mayor uso de estas tecnologías es tarea de todos.

La semana pasada, en este mismo espacio, que nos permite visibilizar nuestro trabajo y fortalecer el dialogo con la comunidad local y regional, nuestro actual Defensor Nacional (s) Marco Montero Cid, nos recordó, a propósito de la intervención de los defensores penales públicos en las comisarías, sobre la obligación institucional de brindar asesoría técnica y especializada a todas las personas hasta la completa ejecución de la sentencia.

Fiel a este mandato legal, nuevamente este 13 y 14 de abril, los defensores penales penitenciarios de la región enfrentarán un nuevo proceso de otorgamiento de libertades condicionales de condenados a penas de cárcel, ante la Comisión de Libertad Condicional de la región.

Este proceso se estructura sobre la base a lo establecido en el Decreto Ley 321, que, en su artículo primero, establece: La libertad condicional, es un medio de prueba de que la persona condenada a una pena privativa de libertad y a quien se le concediere, demuestra, al momento de postular a este beneficio, avances en su proceso de reinserción social. Continúa, el artículo estableciendo el carácter de dicho beneficio. La libertad condicional es un beneficio que no extingue ni modifica la duración de la pena, sino que es un modo particular de hacerla cumplir en libertad por la persona condenada y según las disposiciones que se regulan en este decreto ley y en su reglamento.

Así las cosas, el trabajo de los defensores penitenciarios consiste en realizar entrevistas a los condenados de los penales de Antofagasta, Calama, Tocopilla y Taltal, cotejando los tiempos mínimos, el tipo de delito cometido, verificando los avances en los procesos de reinserción individual. Para dicha labor, se debió contar con un listado preliminar de personas postuladas por la autoridad penitenciaria de las personas que podrían a ser beneficiadas, el cual debe ser chequeada con la información obtenida por los equipos de defensoras, defensores y asistentes sociales. A su turno, la Comisión de Libertad Condicional; escuchará los argumentos de la defensa y, en caso de no compartirse, si la condenada o condenado es merecedora o merecedor del beneficio.

De ser denegado el beneficio, nuestros defensores ejercen los mecanismos jurisdiccionales, como la acción constitucional de amparo, para impugnar la respuesta negativa de la Comisión, ya sea para ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta o la Excelentísima Corte Suprema, en su caso. Lo esencial, de este proceso es que la defensa, dará pleno cumplimiento a obligaciones legales y constitucionales de velar porque la libertad condicional sea concedida a todas y todos los condenados que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios; impidiendo otras formas de privaciones de libertad, más allá de los supuestos legales que autorizan su mantención.

De esta forma los defensores penitenciarios velan porque aquellos usuarios que cumplen los requisitos, puedan acceder a la Libertad Condicional, lo que viene a completar la labor institucional, que busca otorgar defensa técnica de manera integral en todas las etapas del proceso penal, incluso durante la etapa de ejecución.