Antonella Casalli

Como "lamentable" y "grave" han sido calificadas las sentencias dictadas a los cuatro exfuncionarios del Cementerio General de Antofagasta por malversación de caudales públicos. Delitos cometidos entre el 2015 y 2017.

Cabe recordar que al exadministrador del camposanto Misael Cortés Olivares y a la exsubadministradora María Rojas Gutiérrez fueron sentenciados a las penas de 5 y 4 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva; y a Richard Swancke Ramírez (exencargado de proyectos) y Claudio Núñez Cortés (exencargado de ventas) a las penas de 541 días y 300 días de presidio respectivamente, con el beneficio de remisión condicional.

Además, se agrega que en el caso de Cortés y Rojas se les prohibió el acercamiento a casinos o locales de juegos de azar, tras determinar que gran parte de los dineros malversados fueron gastados en ese tipo de recintos.

Patrimonio fiscal

Uno de los primeros en alzar la voz fue el concejal Luis Aguilera, quien también denunció el hecho en la Unidad de Control Municipal de Antofagasta en 2017. Aguilera indicó a SoyAntofagasta.cl que, "valoro que se haya dictado una sentencia condenatoria contra las cuatro personas del cementerio. Pero, es lamentable que se hayan malversado $422 millones y no se haya reintegrado nada al patrimonio fiscal que le pertenece a todos los vecinos y vecinas de la ciudad".

Aguilera apunta a que, "con esos recursos el cementerio podría haber mejorado el servicio, la mantención de sus espacios y las condiciones laborales de los mismos funcionarios".

El también edil y exalcalde subrogante de la comuna, Ignacio Pozo, calificó la situación como "grave". "Acá estaba comprobado el delito, el desfalco realizado, entonces considero que se debería haber ejecutado con más mano dura, son por temas así que la gente pierde la confianza y habla de 'ladrones y cuello y corbata' y por eso hay que endurecer las penas para los funcionarios con hechos consumados".

Pozo afirma que "ya tenemos una municipalidad dañada, donde tuvimos que afrontar la salida de la alcaldesa por fraude al fisco, una Corporación Municipal dañada por el caso mochilas, ahora el caso del Cementerio, entonces acá hay un trabajo interno, nosotros debemos reencantar a las personas y con justa razón, porque son fondos que van a la ciudadanía".

La exconcejala Doris Navarro, comentó que, por una parte, le parece un hecho "de justicia relevante". Eso sí, Navarro manifiesta que, "para el daño al patrimonio de las arcas municipales y a la comunidad, no ha sido lo más ejemplar (la sentencia), por el monto del fraude al fisco que descaradamente hicieron uso en el casino, pagando nuestra comunidad el costo, pero valió el haber hecho el ejercicio de fiscalizar".

Insuficiente

La diputada por la región, Marcela Hernando también se refirió al tema, indicando que, "fue insuficiente. Deberían haber determinado penas con cárcel para los cuatro, algunos quizás con más intensidad que otros, pero de todas formas hubiese sido lo más razonable".

Sobre las sanciones monetarias que deberán saldar cada uno de los condenados (montos varían desde 6 hasta 15 UTM), la parlamentaria expresa que, "las multas establecidas no alcanzan ni a una parte del monto defraudado. Acá hubo pruebas que se alcanzaron a destruir, sabemos que lo pesquisado es cuantioso, pero se sabe que el valor real de lo utilizado es insospechado. Hemos visto multas más elevadas en términos sanitarios".

El diputado José Miguel Castro también fue enfático en señalar que, "la apropiación ilegítima e indebida de recursos del Estado por funcionario públicos debe ser castigado de forma contundente".

El parlamentario agregó que "la falta a la probidad es uno de los delitos más graves, a mi juicio porque rompe toda la cadena de honradez, rectitud, respeto a su cargo, rendición de cuentas, integridad, lealtad que hemos jurado mantener. Tenemos que ser muy duros para combatir la corrupción".