Agencias/Redacción

El Gobierno de Estados Unidos impuso una dura batería de sanciones contra Rusia y expulsó a diez miembros de su delegación diplomática por presuntos ciberataques de Moscú, su injerencia en las elecciones estadounidenses, la ocupación de Crimea y recompensas por soldados de EE.UU. en Afganistán.

El presidente estadounidense, Joe Biden, emitió una orden ejecutiva proclamando una emergencia nacional "respecto a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional, política exterior y economía de EE.UU." que suponen las actividades "dañinas" de Rusia en el exterior.

Sobre los diez diplomáticos rusos expulsados, el Gobierno estadounidense únicamente aclaró que entre ellos hay "representantes de los servicios de Inteligencia rusos".

Inteligencia rusa

EE.UU. sancionó además, a seis empresas tecnológicas de Rusia a las que acusa de apoyar a la inteligencia de ese país.

Washington atribuyó al Servicio de Seguridad Federal, la Dirección de Inteligencia y el Servicio de Inteligencia Exterior ruso, el ciberataque masivo contra sistemas del Gobierno y grandes compañías estadounidenses, a través del programa SolarWinds.

Hasta ahora, EE.UU. solo había hablado de sospechas de que Rusia estuvo detrás de ese jaqueo, supuestamente iniciado en 2019, pero ahora sostuvo que sus servicios de Inteligencia están "completamente seguros" de esa acusación.

EE.UU. sancionó también a 16 compañías y 16 individuos rusos por su supuesta injerencia en los comicios electorales estadounidenses de 2020 "por órdenes del liderazgo del Gobierno ruso".

Medidas similares adoptó el Ejecutivo de Biden, en colaboración con la Unión Europea (UE), Reino Unido, Australia y Canadá, contra cinco personas, dos empresas y un centro de detención por "la ocupación de Rusia de la región de Crimea, de Ucrania, y los graves abusos de los derechos humanos contra su población".

Otro de los motivos para imponer esta batería de sanciones son las recompensas ofrecidas por Rusia a los talibanes para que atacaran a militares de EE.UU. en Afganistán.

Con estos anuncios, quedan bloqueadas todas las propiedades que los sancionados tengan en EE.UU. y se prohíbe a los estadounidenses y residentes del país cualquier transacción con los sancionados.

Junto a estas penalizaciones, el Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió una orden que prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses participar en el principal mercado de bonos emitidos a partir del próximo 14 de junio por el Banco Central ruso y otras instituciones del país, en un intento de coartar su venta de deuda soberana.

Desde el Gobierno de Biden explicaron que "este es el mercado principal que financia al Gobierno ruso", donde una cuarta parte de los bonos está en manos de inversores extranjeros y con esta acción se puede crear "un efecto paralizador más amplio, que aumente los costos de endeudamiento de Rusia, junto con la fuga de capitales y una moneda más débil".

Rusia responde

Por su parte, Rusia citó al embajador de Estados Unidos en respuesta a las sanciones y la vocera de Exteriores, María Zajárova, adelantó que este "comportamiento agresivo recibirá, sin lugar a dudas, una respuesta firme e inevitable".

Desde el Kremlin, el portavoz, Dmitri Peskov, dijo que "las sanciones no van a contribuir de ninguna manera" a la realización de la cumbre entre Rusia y EE.UU. que propuso Biden.

En tanto, la OTAN respaldó que las pruebas apuntan a un ciberataque ruso, y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, solidarizó con EE.UU. "por el impacto de las actividades cibernéticas maliciosas".

El Supremo, máximo tribunal de Brasil, ratificó la decisión adoptada por uno de sus jueces, que anuló las condenas dictadas en primera instancia contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que recupera así todos sus derechos políticos.

La decisión fue tomada por ocho votos frente a tres y respaldó la posición del magistrado Edson Fachin, que el 8 de marzo anuló a través de una medida cautelar las penas contra Lula, que sumaban casi 25 años de cárcel, por un conflicto de competencias.

Fachin consideró que los dos juicios en que Lula fue condenado a prisión, y otros dos en los que todavía no había sentencia, fueron irregulares porque se realizaron en los tribunales de la ciudad de Curitiba, a cargo del exjuez Sergio Moro, que no tenían competencia sobre esos asuntos.

El argumento de Fachin, instructor en el Supremo de los procesos relacionados con la operación Lava Jato, fue que los casos por los que Lula fue juzgado no tenían vínculos con las corruptelas en la estatal Petrobras y por tanto estaban fuera de la jurisdicción de Curitiba, limitada a las causas relacionadas con la petrolera.

Ayer antes de la sesión, Lula declaró que estaba "muy tranquilo" y "confiado" en que el Supremo le daría respaldo a la decisión de Fachin, que anuló las penas dictadas en su contra, remite los procesos que tramitaron en Curitiba a tribunales de Brasilia, donde deberán ser juzgados nuevamente.

Esas causas se refieren a un departamento y una casa de campo que Lula habría recibido a modo de soborno de empresas que, según la acusación, obtuvieron contratos fraudulentos con Petrobras, y a supuestas donaciones que esas mismas firmas hicieron a un instituto del expresidente en un contexto similar.

Lula da Slva, quien llegó a pasar 580 días encarcelado, defiende su inocencia y también ha recurrido en otras instancias contra la jurisdicción de Curitiba.