En conmemoración de sus 208 años de gloriosa historia, la I División ha desarrollado un constante proceso de modernización, preparación y entrenamiento que permiten a través de su polivalencia, apoyar como ha sido desde sus orígenes, a la ciudadanía y sociedad toda, cuando la patria ha demandado de su entrega, arrojo y sacrificio sublime.

No son pocos los hechos de antaño, que han puesto a prueba la bravura, coraje y entrega del soldado chileno, cuando se ha sentido amenazada su soberanía y que esta División, ha tenido un rol fundamental y sitial de honor.

Hoy, el escenario es distinto, la pandemia golpea con fuerza a nuestra sociedad y la I División de Ejército de Chile, no está ajena a esta realidad nacional. Como ha sido una constante en la historia de la patria, desde el primer momento se ha puesto a disposición de la Autoridad Sanitaria y política, todo el potencial material y las capacidades humanas de sus integrantes en apoyo de la gente: desarrollando y contribuyendo al control de las medidas de sanitarias, colaborando en la entrega de más de 2.5 kits sanitarios y Cajas de Alimentos para Chile, además de lo anterior a resguardar y entregar cajas de alimentos JUNJI , sanitizaciones en diversos centros de atención sanitaria, implementación de aduanas y cordones sanitarios y el despliegue de dos puestos médicos

El Ejército de Chile y esta División ha estado, esta y siempre estará disponible para ir en auxilio de sus compatriotas, tal como se describe en el compromiso que asumimos en nuestro Juramento a la Bandera "...servir fielmente a mi Patria…".

Por tal razón, en esta fecha tan significativa para los soldados "Vencedores del Desierto", la región debe sentirse confiada por la entrega, sacrificio y el trabajo abnegado que realiza cada una de nuestras mujeres y hombres de armas, sin escatimar esfuerzos y que se ha prolongado ya por más de un año, compatibilizando al igual que muchos chilenos sus roles de madre, padre e integrantes de una familia, para cumplir con su rol en la sociedad y contribuir a sostener y sobrellevar esta crisis nacional y mundial.

El 13 de abril fue publicada en el Diario Oficial la Ley Nº 21.314. Para no abusar del lector, me abstendré de reproducir el kilométrico nombre con que el legislador la bautizó. Podríamos llamarla "Ley Felices y Forrados", si eso no fuera hacerle publicidad gratis a esta cuestionada empresa. Lo mejor será acordarnos de ella por su número. La Ley Nº 21.314 modificó varios cuerpos legales: la Ley de Sociedades Anónimas, la de Mercado de Valores y otras más. Me propongo abordar en sucesivas columnas los aspectos que me parecen más relevantes de esta nueva legislación, comenzando por las modificaciones a la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas.

El legislador muestra preocupación por la lealtad de los administradores de sociedades anónimas (directores y gerente). Teme su actuar oportunista en conflictos de interés, que opten entre beneficiarse a sí mismos o a sus allegados, en lugar de privilegiar los intereses del conjunto de los accionistas. Las reformas introducidas en 2000 y en 2009 se dirigieron a reforzar el deber de lealtad que pesa sobre directores y gerentes, alentadas por connotados casos que recibieron amplia atención del público; hoy, el legislador sigue la misma senda de los últimos veinte años. Así, la Ley Nº 21.314 fortalece la regulación de las llamadas "operaciones con parte relacionada", contratos en que una de las partes es la sociedad y la otra es el director o gerente (o alguna persona relacionada con él) y que constituyen el típico conflicto de interés. Estas operaciones no están prohibidas, pero han de observarse ciertas reglas mínimas. Pues bien, a partir de ahora, serán los administradores de una sociedad anónima cerrada quienes deberán probar -en juicio- su falta de culpa en los perjuicios que estas operaciones produzcan a la sociedad, si fueron celebradas en infracción a esas reglas.

Esta es la única modificación de la ley que se refiere exclusivamente a las sociedades cerradas. Las demás se refieren, directa o indirectamente, a las sociedades abiertas, donde ha puesto el foco la Ley Nº 21.314.

A partir de ahora, se establece un máximo para el monto total anual de operaciones con parte relacionada que pueden ampararse bajo las políticas de habitualidad (10% del activo de la sociedad; no es poco, en todo caso); se someten las políticas a la supervisión del comité de directores en las sociedades que lo tienen; y, lo más eficaz a mi juicio, se permite que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) agregue requisitos y estándares a este útil pero peligroso instrumento.

Una de las modificaciones más relevantes ha sido sujetar a la fiscalización de la CMF las sociedades filiales de una sociedad abierta. En la misma línea, la Ley Nº 21.314 obliga a las sociedades matrices de empresas fiscalizadas por la CMF a establecer y difundir políticas generales de elección de los administradores de esas empresas, en la forma que indique la misma CMF; en otras palabras, las matrices tendrán que explicar conforme a qué criterios elige a los directores que elige. Esto es interesante porque, desde 1981, el legislador se ha negado tenazmente a reconocer que, al menos en muchas ocasiones, el verdadero responsable de la dirección de la empresa no es el directorio sino el controlador (la sociedad matriz, en este caso). Sin eximir a los directores de su responsabilidad, es preciso que el controlador asuma la suya. Obligarle a explicar sus decisiones ya es algo.

A primera vista, las modificaciones de la Ley Nº 21.314 se encuentran bien orientadas. Debe lamentarse, sin embargo, que una vez más la atención del Presidente y del Congreso se haya desviado hacia las sociedades abiertas, posponiendo la actualización de la normativa sobre las cerradas, de mucho más impacto económico en el conjunto del país.

La conducción de cualquier crisis, requiere decisiones oportunas, serias y fundadas en datos reales. A veces estas decisiones serán controvertidas, y es ahí donde la gestión política debe lograr que todos, o la mayoría al menos, se pongan detrás de aquello que los hechos objetivos indican que es lo mejor para un colectivo.

Ayer fuimos testigos de un hecho notable. 72 horas después de que el gobierno regional anunciara que la restricción de vehicular se extendería a todos los días de la semana en Antofagasta y Calama (ya regía sábados y domingos), ésta se suspende por razones que cuesta entender: el mejor uso de los permisos temporales por parte de la comunidad durante los días posteriores al anuncio.

Debe tenerse presente que desde el Gore se difundió un calendario para que la mayor cantidad de personas estuviera informada de cuándo no podría circular, y se dictó un decreto detallando las excepciones a la regla, entre ellas, los vehículos de emergencia, fiscales, y los destinados a las faenas de limpieza, transporte de carga, pasajeros urbano e interurbano, de transporte privado remunerado, taxis básicos, servicios de delivery vehículos de trabajadores con permiso colectivo, por citar algunos.

La medida fue cuestionada desde el comienzo, pues parecía poco efectiva para reducir los contagios y más bien complicaba los esfuerzos de trazabilidad, al obligar a las personas a usar vehículos de locomoción colectiva para desplazarse. Y todo esto, en medio de un proceso de vacunación que todos aspiramos a que sea lo más masivo y veloz posible.

Claramente la pandemia ha sido un proceso de aprendizaje para todos, y en ese proceso se pueden cometer errores u omisiones, pero cabe hacer presente que el mencionado es un tropiezo vergonzoso.

Anunciar medidas y a las pocas horas derogarlas confunde, resta credibilidad y da la sensación de que se improvisa, y todo esto en momentos que la autoridad lo que requiere es justo lo contrario, mostrar que está en control de la situación y que ésta se maneja con seriedad y total fundamento técnico, no en base a percepciones o "tincadas".