Cristián Venegas M.

El proyecto de ley que establece un royalty minero a modo de compensación en favor del Estado por la explotación del cobre, el litio y de otros minerales; fue aprobado ayer en general por la Sala de la Cámara de Diputados, por 91 votos a favor, 36 en contra y 15 abstenciones, y enviado a su segundo trámite legislativo en el Senado.

La moción parlamentaria, presentada en 2018 por el diputado de la región, Esteban Velásquez (FRVS), establece una compensación equivalente al 3% del valor ad valorem de los minerales extraídos, recursos que deberán destinarse en un 25% a un Fondo de Convergencia Regional.

Este Fondo estará integrado solo por las comunas que pertenezcan a las regiones en que se realice explotación minera de conformidad con lo dispuesto en la presente ley, que financiará proyectos de desarrollo regional y comunal en la forma que determine el reglamento.

Respecto del 75% restante se destinará a financiar iniciativas en las regiones mineras, en materia de reparación, mitigación o compensación de los impactos ambientales provocados por la actividad minera; para desarrollo de infraestructura crítica y digital; o para inversión o investigación en universidades estatales.

Por valor del cobre

El texto aprobado contempla además una tabla creciente del margen de la compensación que se deberá entregar frente a escenarios donde el precio del cobre exceda los dos dólares por libra y hasta superar los cuatro dólares.

Asimismo, se determina que el monto que exceda del 3% ya mencionado será destinado a financiar una renta básica y universal de emergencia en el contexto del estado de excepción constitucional de catástrofe por covid-19 y sus sucesivas prórrogas. Una vez terminada dicha declaratoria, los ingresos pasarán a las arcas fiscales.

"consecuencias graves"

La aprobación generó la inmediata reacción de gremios del sector, fue así que el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández dijo que se trata de "una noticia muy negativa (...) ha primado el clima electoral que enfrenta el país y se ha olvidado el interés nacional y la visión estratégica de desarrollo país. Aquí no ha habido un debate técnico, serio e informado".

El expresidente ejecutivo de Codelco, quien había advertido que el royalty en la práctica significaría "no tener más minería en Chile", agregó que el impuesto "desincentivará de inmediato la inversión y pondrá en serio peligro la competitividad de nuestra industria (....) va a tener consecuencias muy graves para la minería y la economía nacional, porque son niveles de tributos imposible de resistir".

Sobre la tramitación que ahora seguirá su curso en el Senado, el ejecutivo los llamó a actuar considerando el interés nacional y el que "aquí se juega el destino de una industria que, a vía de ejemplo, en los últimos quince años ha realizado un aporte relevante a la economía y desarrollo nacional, generando el 13% del PIB que registró Chile, el que se eleva a más del 20% considerando los efectos inducidos, además, junto con el 20% de la inversión total, el 60% de las exportaciones y el 14% de la totalidad de los ingresos fiscales".

"Carece de proporción"

La Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), gremio que reúne a 240 empresas del sector, considera que el impuesto es desproporcionado pues "no sólo se propone cobrar un royalty de 3% a las ventas, sino además un esquema progresivo en base al precio internacional del mineral, terminando con una tasa marginal de 75% y una tasa efectiva del 27% a las ventas".

En este sentido, agregaron desde la Asociación que "de aprobarse el proyecto en las actuales condiciones, la industria minera tendría una carga impositiva total de hasta un 82%, es decir, el doble de lo que pagan otros países productores, cuyos impuestos giran en torno al 40%. Esto es prácticamente expropiatorio, debiendo utilizar el capital para pagar impuestos".

Tras la aprobación Velásquez dijo que "a esto que hablamos de respetar los recursos naturales hoy le hemos puesto valor agregado, porque a través de un proyecto de ley en la Cámara decimos que no es suficiente que las empresas paguen sólo parte de las utilidades después de todos los deducibles que hacen (...) Hoy comenzamos a establecer un derecho y un principio que tiene que ver con que las compensaciones lleguen a los territorios. Es un primer gran paso para comenzar a recupera, recobrar y revalorizar los recursos naturales de norte a sur".