El reciente fallecimiento de Humberto Maturana Romecín, académico y Premio Nacional de Ciencias, uno de los científicos más relevantes de la historia nacional, nos obligó a repasar algunos de los mensajes de su vida y trabajo. Y no cabe duda de que un mensaje para estos tiempos tiene que ver con sus reflexiones en torno a la comunicación, el amor, la autopoiesis y el dejar que aparezca el otro, lo que el profesor definió como uno de los verdaderos actos de amor y características más intrínsecas de nuestra naturaleza como organismos vivos y en permanente vínculo con otros.

Somos y existimos con los demás, compartiendo, debatiendo, colaborando, jugando en una sinfonía que a veces construye y en otras causa daño.

¿Cuándo ocurre esto último?: En momentos en que aparece el desencuentro, la desconfianza, cuando comenzamos a encerrarnos solo en nuestras convicciones y prejuicios, y despreciamos otros puntos de vista.

Y es que habitualmente confundimos que nuestros juicios son verdades; en tanto son también interpretaciones que otros hacen de aquello que llamamos realidad. Los acuerdos entonces no se erigen en la soledad, sino que en el desarrollo con otros, en la conversación, en el encuentro, cuestión que, recordando las palabras del profesor Maturana, se vincula de manera íntima con el acto del amor, el que a su vez solo es posible cuando estamos con nuestros semejantes.

En esa perspectiva puede aparecer entonces una nueva ética y una nueva forma de desarrollar comunidad y los espacios de posibilidad cambian, pues en vez de concentrarnos en enfatizar solo las diferencias que nos separan, podemos elegir el camino de construir juntos y avanzar aceptando los matices de opinión que legítimamente pueden existir en la sociedad.

Una conclusión demasiado importante es reconocer que es difícil o imposible conseguir verdades que expliquen todo, sino grandes consensos que son los que permiten concretar objetivos para el desarrollo, la paz social y el bien común. Por eso necesitamos de la buena política, que es el bálsamo donde esto puede y debe implementarse con convicción.

Pues es precisamente esto lo que reclaman los chilenos para crecer en un momento difícil como el actual: avanzar sobre la base del diálogo, la empatía auténtica y la racionalidad, pero tampoco desdeñando las emociones que personas y grupos albergan como referencia en sus vidas.

Cuidar la convivencia y el diálogo es mucho más que una cuestión de forma; es también parte del fondo y debemos darle esa respuesta a la sociedad nacional y a las próximas generaciones, porque el mañana se diseña hoy.

Es cierto que las autoridades son las principales responsables de avanzar en esta tarea, pero cada uno de nosotros también tiene la obligación de asumir esta responsabilidad, colaborando con humildad, capacidad de escucha y espíritu de servicio para ayudar al entendimiento entre los chilenos. Los centros educativos, ciertamente, también cumplen un rol fundamental en este plano y ese es el espíritu que como Universidad Católica del Norte buscamos imprimir. Estamos conscientes que vivimos tiempos de definiciones, a ratos álgidos y confrontacionales; mas debemos tener la convicción de que todo es más sencillo y claro cuando las acciones tienen a la persona humana en el centro. Solo el diálogo honesto, la conversación con empatía es lo que mejorará la convivencia nacional extraviada.

No somos un país de enemigos, sino de hermanos que comparten una historia, cultura y un futuro que hay que construir.

Rodrigo Alda Varas

Rector Universidad

Católica del Norte

Un royalty a la minería debe ser capaz de compatibilizar el objetivo recaudatorio con la sustentabilidad de la actividad productiva afecta. Si no es así, no sólo no se cumplirá la sustentabilidad de la recaudación y beneficios sociales asociados, sino que se afectará negativamente la producción, empleo e ingresos de las familias que trabajan en ese sector y sus encadenamientos. Para el caso de las regiones mineras, la rigurosidad del análisis anterior es fundamental porque un royalty desproporcionado significará que la industria pierda total competitividad, desaparezca en el mediano plazo o quede muy debilitada, con todo el impacto que esto significaría en términos de empresas proveedoras, prestadoras de servicios y todos los otros sectores productivos: comercio, construcción, servicios personales.

El proyecto de royalty aprobado en la Cámara carece de toda proporción, no sólo se propone cobrar un royalty de 3% a las ventas, sino además un esquema progresivo en base al precio internacional del mineral, terminando con una tasa marginal de 75% y una tasa efectiva del 27% a las ventas.

De aprobarse el proyecto en las actuales condiciones, la industria minera tendría una carga impositiva total de hasta un 82%, es decir, el doble de lo que pagan otros países productores, cuyos impuestos giran en torno al 40%. Esto es prácticamente expropiatorio, debiendo utilizarse el capital para pagar impuestos.

Por otra parte, debemos tener muy presente que la historia tributaria a la minería chilena demuestra que siempre ha primado un interés recaudatorio fiscal nacional. En los períodos de gran recaudación fiscal minera a nivel nacional, las regiones mineras no aumentan sus presupuestos per cápita. No obstante, su gran aporte de recursos fiscales, la Región de Antofagasta no ha sido compensada en gasto e inversión fiscal. La última demostración, es el casi nulo impacto del impuesto específico a la minería (junio del 2005), en el presupuesto de la Región de Antofagasta. La inversión pública efectiva promedio, en el período 2001-2005 (antes del impuesto) fue un 3,9% del total nacional y, para el período 2006-2019 (después del impuesto) fue de un 4,2%. Es decir, no se movió.

Se debe estudiar el financiamiento para las demandas sociales y para las regiones mineras que aportarían los recursos, sin que esto signifique que desaparezca la industria, el empleo y los ingresos de las familias. De acuerdo a los estudios profesionales y simulaciones técnicas aplicadas a la minería chilena, la actual propuesta de royalty minero significaría que Chile y, particularmente las regiones mineras, destacando a Antofagasta, tendría un impacto demoledor en el sector y todos los encadenamientos económicos y sociales que nosotros conocemos bien.

Limitar el abuso de la prisión preventiva

Hace pocos días senadores de oposición presentaron un proyecto que busca limitar el abuso de las prisiones preventivas en Chile. Si bien el proyecto no resulta tan radical como sería recomendable, éste otorga una luz de esperanza en cuanto limita una institución tan aberrante como lo es la prisión preventiva que supone el encarcelamiento de personas técnicamente inocentes.

La prisión y el encarcelamiento masivo son un problema actual que, además de inhumano, clasista e injusto, constituye una pésima respuesta al problema de la delincuencia, puesto que genera efectos criminológicos, aumentando los niveles de violencia y delincuencia.

Por lo mismo, si queremos construir una sociedad más justa, humana y con menos delincuencia, debemos implementar políticas públicas penales que vayan en la dirección de la descarcelación masiva.

Dentro de toda esta problemática, un punto especialmente crítico lo constituye la prisión preventiva que supone el encarcelamiento de personas de las cuáles aún no existe condena y cuya inocencia se presume.

Aún más compleja, la prisión femenina en una sociedad patriarcal supone el encierro y el abandono de hijos e hijas, generando un círculo vicioso de delito, pobreza y exclusión.

Estudios en Chile constatan que más de la mitad de las personas sometidas a prisión preventiva terminan sin una condena privativa de libertad, ya sea porque son absueltos o porque obtienen algún tipo de beneficio.

Otro análisis basado en las estadísticas de la Defensoría Penal Pública muestra que más del 20% de los(as) imputados(as) absueltos(as) estuvo en prisión preventiva.

Resulta inaceptable que condenados que pueden cumplir la pena en libertad -y con mayor razón quienes han sido absueltos(as)- hayan debido estar en prisión en calidad de imputados(as).

No puede defenderse, según criterios de racionalidad o proporcionalidad, que la "pena" de un inocente sea más gravosa que la pena de un condenado.

La propia falta de proporcionalidad hace incompatible este sistema con fines de la pena basados en la justicia o en principios retributivos.

Asimismo, conocidos los efectos del encarcelamiento, tampoco resulta plausible encontrar criterios utilitaristas o preventivos para defender esta situación. Simplemente estamos ante violencia estatal que no puede justificarse ni legitimarse. Se trata sólo de un fenómeno de poder y no de derecho.

Marko Razmilic

Presidente de la AIA

Silvio Cuneo

Abogado y académico UCEN