El 18 de octubre de 2019 más de un millón de personas tomaron las calles en diferentes ciudades de Chile bajo la consigna "queremos dignidad". Fueron tres semanas de intensas protestas en contra de un sistema económico que ha colocado a Chile como país ejemplar de crecimiento en la región, pero que también lo ha situado como uno de los más desiguales. De hecho, en un estudio realizado en 2017 por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), casi la mitad de los encuestados de sectores socioeconómicos bajos afirmó que con su salario apenas lograba sobrevivir.

Durante el estallido social -en el que 31 personas fallecieron y 360 sufrieron traumas oculares graves debido a impactos con perdigones y bombas lacrimógenas- la demandas por acceder a una mejor calidad de vida se fueron reuniendo en una sola: cambiar la constitución del país.

El 25 de octubre de 2020, los chilenos decidieron en un plebiscito aprobar la redacción de una nueva carta magna y reemplazar así la creada en 1980 bajo el régimen dictatorial de Augusto Pinochet. En las últimas elecciones, realizadas el 15 y 16 de mayo pasado, el voto fue para elegir a los constituyentes, es decir, a las personas que conformarán la Convención Constitucional y que tendrán la misión de escribir la nueva Constitución.

Los grandes triunfadores de esas elecciones fueron los independientes, ya que de los 155 constituyentes que son en total, 88 no militan en ningún partido político. Entre este grupo de hombres y mujeres hay abogados, profesores, ingenieros, profesionales de la salud, sociólogos, periodistas, científicos, entre otras profesiones y oficios. También hay activistas de organizaciones sociales y medioambientales como el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima), el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) o la Sociedad Civil por la Acción Climática, entre otras. Además, se suman 17 representantes de pueblos originarios.

Diversos son los aspectos que esta nueva constitución tendrá que tener en cuenta para lograr satisfacer las expectativas de equidad, justicia y bienestar. El eje ambiental aparece como uno de ellos en las propuestas de al menos 21 constituyentes que están ligados a organizaciones y movimientos ambientalistas. En concreto, dicho eje busca lograr una constitución que asegure la protección de la naturaleza y el medio ambiente. ¿Cómo lograrlo?

El primer objetivo para los constituyentes que buscan redactar una Constitución ecológica es lograr que la protección del medio ambiente esté presente de manera transversal en todos los ámbitos en los que se desarrolla el país.

Para hacerlo, el ingeniero, ecologista y activista ambiental, Fernando Salinas, quien forma parte del grupo de los independientes electos, explica que será necesario establecer "que la naturaleza es sujeto de derecho en tanto ella provee la vida a todos los seres, entre ellos nosotros". También será necesario precisar que "la constitución reconoce y protege el vínculo indisoluble que existe entre la naturaleza y los seres humanos", agrega la abogada Manuela Royo, otra de las independientes electas, integrante de la red de constitucionalismo ecológico y del Movimiento por la Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (Modatima).

Eso, explican los constituyentes entrevistados, debería quedar estipulado en las bases de la institucionalidad, es decir, dentro de los primeros artículos que son los que establecen los valores fundamentales del

Por Michelle Carrere

Esta información es republicada en el marco de una alianza con el medio internacional de noticias Mongabay Latam

La naturaleza como sujeto de derecho

Establecer que la naturaleza es sujeto de derecho y proteger los bienes comunes como el agua, son las principales propuestas de los constituyentes independientes electos que buscan redactar una constitución ecológica.