Propietarios de Club Black demandan por $864 millones a la Municipalidad
TRIBUNALES. Acción se basa en fallo de la Corte de Apelaciones que declaró ilegal la no renovación de la patente.
Un nuevo capítulo en la controvertida disputa legal por el funcionamiento del club nocturno Black, se encuentra librando la Municipalidad de Antofagasta y los propietarios del local que desde marzo del 2019 busca entrar en funcionamiento, a pesar de las protestas y críticas de los vecinos.
Recientemente la empresa "G Entertainment Group Chile SpA", dueña de la franquicia, interpuso una demanda por indemnización de perjuicios en contra de la municipalidad de Antofagasta por un valor de 864 millones de pesos.
La demanda, patrocinada por el abogado Carlos Claussen se fundamenta en el fallo dictado, en noviembre pasado, por la Corte de Apelaciones que determinó que la no renovación de la patente de cabaret que ostentaba la sociedad comercial correspondió a un acto arbitrario que careció de fundamentos legales ya que la junta de vecinos del sector no estaba vigente legalmente al momento del decreto, y además, no se acreditaron hechos delictivos asociados al establecimiento que hicieran acrecentar la inseguridad del sector.
"La ilegalidad se evidencia, no sólo porque no hay una organización que represente a la comunidad o sector de la población que se vería afectada, tanto porque la Junta de adelanto o comité, no tienen la representación del sector poblacional, como por la inexistencia de una Junta de Vecinos que represente el sentir de la comunidad. Pero no solo ello, sino lo más evidente, es que no existe sanción administrativa ni denuncias o informes de Carabineros, respecto de hechos que pudieren presumir la falta de seguridad y, si ha sido la propia municipalidad el ente que ha dictado normas particulares atingentes a esta situación, es la entidad edilicia la primera que debe respetar sus propias instrucciones", sostuvo la Corte en el fallo que además, obligó a la municipalidad a otorgar la patente de cabaret al establecimiento, lo que se produjo en marzo de este año, seis meses posterior al fallo.
Demanda millonaria
Carlos Claussen, abogado representante de "G Entertainment" (en cuya propiedad figuran sociedades del empresario Pablo Ormeño), indicó que dada la sentencia de la Corte decidieron iniciar el proceso judicial que en su tramitación, que se estima no menor a 18 meses, deberá determinar el monto final de la indemnización.
"La Corte concluye que la decisión de la municipalidad fue caprichosa y arbitraria y no tuvo fundamento objetivo para aplicarla. Por ello interpusimos la demanda, la cual ya notificaron y los abogados de la municipalidad ya opusieron sus excepciones. El juicio ya está trabado. Nosotros vamos a rendir la prueba, entre otras cosas respecto a cuál deberá ser el lucro cesante, que quizás es el monto más fuerte en esta demanda y que son los meses que se impidió funcionar por esa decisión", sostuvo Claussen.
De acuerdo a los demandantes, la indemnización solicitada se desglosa en $207 millones por daño emergente correspondiente a cánones de arriendos a la sociedad propietaria del inmueble "Inmobiliaria Santa Belén SpA" (también de propiedad del empresario antofagastino Pablo Ormeño) y sueldos de los empleados durante 20 meses, $456 millones por lucro cesante que corresponderían a la rentabilidad mensual en los 20 meses sin funcionamiento y $200 millones por daño moral basado en la suspensión forzosa de la operación del club nocturno, pese a que cumplía con todos los requerimientos municipales para la renovación de la patente.
Municipalidad
En su contestación, la municipalidad de Antofagasta, defendió la actuación y rechazó la demanda por cuanto, advierten, no cumple con los requisitos de fondo de la misma, y por otro lado los montos alegados se basan en hechos que omiten la situación del país asociada al estallido social, y en especial, el contexto de pandemia por cuanto, la solicitud de indemnizaciones incluyen meses y horarios en que ningún establecimiento similar pudo operar.
Además, para la municipalidad el cierre del local comercial, antes de la determinación del toque de queda, fue una decisión de los mismos propietarios toda vez que la no renovación de la patente de cabaret no era impedimento para la apertura del establecimiento nocturno.
"Efectivamente fuimos notificados de la acción que funda su origen en la no renovación de la patente del local Black que se aplicó en el primer semestre del 2019. Esta demanda está siendo analizada por la unidad jurídica. Ya hicimos una primera contestación donde vemos temas de forma y fondo con lo pretendido por la demandante. Pero nos encontramos en una etapa muy primaria del proceso que en sí es un procedimiento bastante largo y engorroso y que está lejos de ser resuelto por un tribunal", sostuvo Cristián Arenas, director jurídico de la IMA.
"La Corte concluye que la decisión de la municipalidad fue caprichosa y arbitraria y no tuvo fundamento objetivo para aplicarla. Por ello interpusimos la demanda"
Carlos Claussen, abogado G Entertainment