Tamara Miranda Varela

Eran cerca de las dos de la madrugada, cuando sonó la puerta. Golpeaban insistentemente. También comenzó a sonar el teléfono. Era caótico y Rosa se asustó, pero a pesar de ello igual abrió la puerta. Eran personas vestidas con una casaca azul, se identificaron como detectives de la Policía de Investigaciones. Mostraron una orden y explicaron, con voz seria, que venían a buscar a su madre de 67 años, quien había ingresado a Chile por un paso no habilitado.

Su madre venezolana igual que Rosa, llegó al país en busca de un trabajo y de reencontrarse con una de sus hijas, que estaba viviendo en Antofagasta.

Llegó el año pasado. Cruzó dos países y alguno de los pasos más peligrosos del subcontinente. Incluido el de Pisiga-Colchane, en la frontera chileno-boliviana, donde han muerto cinco migrantes durante lo que va del año, la mayoría por hipotermia y las condiciones de altitud extremas que enfrentan.

Rumbo a antofagasta

Arribó a Iquique y a los pocos días hizo su autodenuncia.

"Ella fue a presentarse y la PDI que la atendió era mujer y le metió miedo diciéndole que ella había pasado por un paso no habilitado, por lo tanto, los iban regresar a Venezuela y que si no se presentaba, iban a meter presos a los hijos, o sea a nosotros", comenta.

Respecto a este punto, este medio se contactó con PDI pero declinaron referirse al tema.

Rosa recuerda que ese día su mamá llegó alterada y no paraba de llorar por todo lo que le habían dicho. Al poco tiempo llegó la temida carta de expulsión. Rosa buscó un abogado para que solicitar un recurso de amparo.

"Yo le decía que se calmara, que no la iban a expulsar porque teníamos el recurso. Pero no fue así, la policía llegó ese mismo día en la madrugada", cuenta Rosa.

Cuando llegaron los detectives, le mostró los papeles del recurso de amparo que había redactado la abogada, sin éxito. Los efectivos la condujeron al cuartel.

"Nos dijeron que la podíamos ir a ver a las 7 de la mañana pero que teníamos que sacar los permisos sanitarios correspondientes", indica.

Rosa cuenta que su madre fue la primera en ingresar al furgón de la PDI. "A las 6 y media de la mañana me llamó uno de los policías que estaba en la operación y me dice que fuera a buscar a mi mamá".

Finalmente, su madre pudo quedarse en Chile tras la resolución del recurso de amparo. Sin embargo, tiene que continuar haciendo trámites para quedarse en el país en calidad de refugiada.

Miedo a la detención

Jhonny es otro inmigrante que ingresó por paso no habilitado. Actualmente trabaja como jardinero y vive con su hermano y familia.

"Llevó cerca de ocho meses acá. Me vine porque tengo un hermano que ya lleva cinco años acá y pese a la pandemia y todo se ha podido mantener de forma estable y la verdad es que las cosas en Venezuela estaban cada vez peor, era quedarme allá o intentar buscar una oportunidad mejor, así que con miedo y todo decidí venirme", relata.

Jhonny está en condición irregular. "Si vienen a buscarme, me da miedo por mi hermano, no quiero perjudicarlo por ayudarme, él acá tiene a su señora y están mis sobrinas, no me gustaría que vieran a su tío siendo sacado a la fuerza, como un delincuente".

Agrega que "gracias a Dios yo no he tenido problemas, pero una amiga mía sí le pasó. La PDI entró a la residencia en la que vivía acá en Antofagasta. La llevaron detenida y tras varias horas después de no saber cómo estaba ni en qué condiciones, la familia supo que fue llevada a Iquique y posteriormente de vuelta a su país. De ella no he sabido más, pero su familia estaba acá, entonces con casos así, claro que tengo miedo. Por haber querido buscar una opción de sustento, haya sepultado mis opciones de ingresar de "buena forma" por decirlo así, pero la necesidad nos moviliza".

Organizaciones

La expulsión de migrantes que están en condición irregular en la Región de Antofagasta y en diferentes partes del país, ha generado críticas de parte de la comunidad extranjera que vive en la zona y de distintas ONGs.

Por su parte, el Gobierno con antelación ha defendido la expulsión de extranjeros denunciada por no cumplir el "debido proceso", señalando que se trata de una "expulsión administrativa por haber ingresado al país de forma clandestina".

En tanto, las organizaciones pro-migrantes aseguran que se trata de una "vulneración de derechos" y de xenofobia institucional. La mayoría de ellos han entrado por pasos no habilitados, y unos pocos que han sido expulsados como parte de su condena después de haber cometido delitos.

Patricia Rojas, presidenta de la Asociación Venezolana en Chile, dijo que la vulneración de derechos comienza desde el proceso de auto denuncia.

"Vemos que solicitan hacer el proceso de auto denuncia cuando llegan al país o a través de la página web de la Policía de Investigaciones, tienen que esperar una cantidad de tiempo impresionante", comentó.

Durante ese tiempo se arriesgan a ser expulsados.

Agregó que "tenemos casos de personas que llevan más de dos años esperando para que le entreguen una cita para hacer el trámite. De ahí en adelante vemos que la autoridad inicia el proceso penal por el cual se puede llegar a una expulsión del país, pero se desiste a los pocos días para tomar el camino de la acción administrativa".

Rojas señala que en el proceso penal la persona migrante puede defenderse y que existe la posibilidad de que las cortes ordenen que se cancele el proceso de expulsión.

"Cuando finalmente llega la orden administrativa de expulsión del país, muchas no reciben notificación en su domicilio, sabemos de personas que tenían órdenes administrativas de expulsión pero que no han sido notificadas en sus domicilios, pero fueron a buscarlos a sus domicilios y los detuvieron. A pesar de que fueron a detenerlos no se les informó sus derechos para recurrir a la justicia, no se le permitió comunicación con sus familiares, le llegan muy tarde los recursos de amparo".

Los operativos en estos últimos meses se están realizando los días viernes en la noche, o sábado en la mañana, según se ha informado desde el mismo gobierno.

Para las ONGs, esto se hace con la intención de que las Cortes de Apelaciones no alcancen a constituirse y así no se alcance a revisar los recursos de amparo. Hay varios casos en que los recursos han sido aceptados por las cortes, pero posterior a que el avión de expulsión despegó.

"Sabiendo que los tribunales de justicia generalmente no sesionan días inhábiles, esto vulnera el derecho de las personas a recurrir a la justicia con respecto a una orden de expulsión. El ejecutivo vive amenazando a través de medios de comunicación a las personas que no ingresaron por pasos habilitados que van a ser expulsados, no importan los motivos por los cuales ingresaron" indica la dirigente.

Rojas precisa que las expulsiones son de carácter colectivo ya que no se "analizan caso a caso". "Son redadas, se suben al mismo camión junto a personas que cometieron crímenes con pena afectiva, esto produce una criminalización y estigmatización de las personas migrantes, eso no le hace bien al país, no ayuda a la convivencia".

Salas constituidas

Benjamín Cruz, representante de la comunidad de colombianos en Antofagasta coincide con el análisis y manifiesta que los antecedentes de las personas, en su gran mayoría no están asociados a delitos.

"Simplemente es por estar en situación irregular. Tampoco hay muchas facilidades para iniciar el proceso de trámites, el Departamento de Extranjería no está trabajando presencialmente, pero además de eso no contestan nada. Los sistemas creados para facilitar los trámites han hecho todo lo contrario, ralentizan la situación. La comunidad no ha recibido retroalimentación al respecto", enfatizó.

Diego Persico, abogado y director de la organización Migra Chile, dijo que están haciendo un seguimiento a los casos migratorios y que deberían realizarse cambios en el Poder Judicial para, por ejemplo, constituir salas los fines de semana de forma extraordinaria.

"Esto es muy importante, considerando que el Gobierno planifica estas expulsiones para el fin de semana, específicamente los días domingos y con ello, los recursos de amparo presentado los días jueves, viernes y sábados no se alcanzan a tramitar", comentó.

Relató que en Santiago se había constituido una sala, donde en un caso se acogió la orden de no innovar, esto quiere decir que se deja sin efecto la detención y expulsión, pero la mesa se constituyó casi a la misma hora que se producía el vuelo, por lo que la persona igual fue expulsada.

"Esta situación no es menor, es de una gravedad extrema. Acá lo que está pasando es que se está omitiendo el estado de derecho, el gobierno ha establecido una ley de migración que no han respetado, les dieron un plazo a los extranjeros para que se retiren del país y claramente así no han sido las condiciones", aseguró.

Cabe destacar que esta semana la Corte Suprema dio la instrucción a todas las cortes del país de constituirse durante los fines de semana y feriados, ante el notable aumento de recursos de amparo, derivados de las expulsiones masivas.

Este Diario solicitó al Gobierno Regional referirse a este tema, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

"Sabiendo que los tribunales de justicia generalmente no sesionan días inhábiles, esto vulnera el derecho de las personas a recurrir a la justicia con respecto a una orden de expulsión".

Patricia Rojas, Asociación Venezolana en Chile

"Si vienen a buscarme, me da miedo por mi hermano, no quiero perjudicarlo por ayudarme, él acá tiene a su señora y están mis sobrinas".

Jhonny, Inmigrante