A la luz de lo ocurrido en la segunda vuelta de elección de gobernadores regionales, volvió a tomar fuerza la iniciativa de restituir el voto obligatorio. Ello ante la baja concurrencia a las urnas, que en algunas regiones apenas sobrepasó el 10 por ciento.

Esa altísima abstención refuerza la idea de parlamentarios que creen que es necesario retomar la obligatoriedad del sufragio y de consolidar la democracia. Esgrimen que nuestro país no estuvo cívicamente preparado cuando se decidió la inscripción automática y voto voluntario.

La idea avanza en la Cámara Baja, donde cada día son más los legisladores que creen que es el momento de volver sobre sus pasos y definir la obligatoriedad. Junto con ello establecer sanciones para quienes no sufraguen sin una excusa atendible.

En el actual escenario es difícil defender el voto voluntario. La escasa votación registrada el último domingo, la más baja de la historia (19,62% del padrón nacional), resta valor a los que creen que no corresponde obligar a ir a las urnas y menos sancionar a los que no lo hacen.

Aunque siguen citando los ejemplos de las llamadas democracias modernas y más consolidadas de Europa, donde hay voto voluntario y es el ciudadano quien libremente decide ir o no a las urnas. Obviamente que la abstención en estos países es inferior al 50% y no como ocurre en Chile.

Lo más probable es que los impulsores de la voluntariedad del sufragio creyeron que nuestra sociedad tenía más internalizados los deberes cívicos. Siempre fuimos ejemplos y hablamos de fiestas cívicas, pero ese último concepto hoy está lejos de nuestro vocabulario.

Así las cosas, lo más probable es que la iniciativa que está en el Congreso siga con su avance y se promulgue en un plazo no muy extenso, incluso podría estar lista para las Presidenciales, y la discusión quedaría zanjada.

Deja la tarea de cómo reencantar al electorado. Retomar las clases de educación cívica en las escuelas es un paso trascendental, pero hay que ir más allá y eso involucra lograr que la política, como concepto, vuelva a ser valorada entre los chilenos.

Ad portas de legislar para reponer el voto obligatorio en el país, debido a la sostenida abstención electoral que solo fue superada en el plebiscito de octubre, se extraña en la discusión legislativa un diagnóstico que vaya más allá de lo evidente y que intente darle más contenido al propósito de eliminar la voluntariedad del sufragio. Esta ausencia amerita ser abordada o, de lo contrario, el voto obligatorio podría llegar a ser igual de contraproducente a lo que terminó siendo el actual régimen electoral, convirtiéndose en un mecanismo de evasión a problemas de representación mucho más profundos.

Partamos del inicio. Una de los principales fundamentos por los que, a partir de 2009, se comenzó a plantear la idea de cambiar el sistema de inscripción voluntaria con voto obligatorio, era la abstención electoral. Las cifras de participación no superaban el 60% del padrón electoral y, asimismo, las generaciones jóvenes no estaban inscribiéndose para formar parte de éste. Se pensó que bajo el voto voluntario los partidos políticos tendrían mayor incentivo para atraer al votante a las urnas, robusteciendo de esa forma el vínculo partidista-elector. No obstante, la realidad superó a la ficción y se cumplieron las advertencias que hicieron los expertos antes de que, de todos modos, los parlamentarios aprobaran la reforma constitucional en 2009.

La experiencia comparada indica que, ante escenarios de voto voluntario, los estratos sociales bajos de la sociedad quedan subrepresentados en el sistema político. Esto, pues quienes tienen niveles educacionales más altos, con pocos problemas para acercarse a los locales de votación y con más interés en política, son los que no necesitan de una sanción para acudir a las urnas. Si bien es ingenuo argumentar que este sesgo de clase podría eliminarse bajo un sistema de voto obligatorio, sí es posible afirmar que se profundiza cuando el voto es voluntario. El problema de ello es que el concepto de representación termina deformándose, pues, en vez de incorporar demandas de la ciudadanía al sistema político, terminan diseñando políticas públicas que toman en cuenta a los grupos que efectivamente participan. Esta suerte de oligarquización del funcionamiento democrático no hizo más que vaciar el concepto de representación que caracteriza a las democracias. Y con ello, ahondó en el problema de origen de la abstención electoral: la relación entre los partidos políticos y la ciudadanía.

Ante la inminente discusión sobre el retorno del voto obligatorio, cabe preguntarse si la crisis de representación se soluciona poniendo un incentivo negativo a los votantes. Ciertamente, sufragar es un derecho que, como ciudadanos, tenemos la obligación de cumplir, mas es ingenuo creer que la participación aumentará sin más si es que se implementa el voto obligatorio. Si bien la legitimidad de los procesos se robustecerá, no sorprendería que crezcan los votos nulos y blancos, así como las excusas legales para no participar, pues en la discusión no se está tocando el tema de fondo, que es por qué la gente no acude a los centros de votación; el hecho de que las personas no se sienten representadas por los partidos políticos tradicionales, tampoco confían en ellos, y que, en general, los candidatos no terminan de convencer al votante con sus propuestas. E incluso si lo logran, los electores pueden vivir lo suficientemente lejos de su local de votación.

Queda esperar que la discusión que se dará en el Congreso contemple estas materias, pues, a fin de cuentas, si bien el voto obligatorio es necesario para que los chilenos se involucren, no es suficiente para incentivarlos a tomar la decisión de participar. En otros términos, no es una panacea para recuperar la legitimidad de la representación.

La megaelección del mes pasado llevó a la ciudadanía por primera vez a escoger a las mayores autoridades de las 16 regiones del país. Más allá de las sorpresas, segundas vueltas y los ánimos y proyecciones dispares del mundo político sobre este nuevo rol, quienes formamos parte del ecosistema productivo regional estamos expectantes y atentos al impacto de este cambio en la práctica.

¿Qué hará un gobernador regional? La nueva autoridad presidirá el Consejo Regional y estará a cargo de impulsar las políticas y planes de desarrollo para su región, como, por ejemplo, el fomento de áreas verdes y desarrollo urbano. En paralelo, el gobernador tendrá que convivir con la nueva figura del delegado presidencial, quien será designado por el Presidente y estará a cargo de la seguridad, orden público y de dirigir situaciones de emergencia, entre otros ámbitos.

Consideramos que todas aquellas modificaciones que contribuyan a la descentralización del país son positivas, porque permiten que los diagnósticos, problemáticas y soluciones sean abordados con una mirada regional, siendo más efectivas y eficientes. Para resguardar esta aproximación es importante que los proyectos que aún se tramitan en el Congreso -el que establece el traspaso de competencias al gobernador y la ley que regula su financiamiento- resguarden este foco.

Porque desde el próximo 14 de julio y durante cuatro años, con la opción de poder extenderlo un período más, los gobernadores tendrán que dilucidar varios temas, entre ellos, el que la mayor parte de la inversión en la región, por ahora, va a seguir dependiendo de los ministerios.

Somos conscientes de que este cambio se trata de un proceso gradual que requiere ajustes y que mostrará aciertos y errores, pero el país espera con ansias espacio para voces que no siempre son escuchadas y que permiten conocer lo que pasa en todos los territorios; anhelo que se plasmó en la elección de los integrantes de la Convención Constitucional.

Por eso, como Un Nuevo Equilibrio estamos fomentando el proceso de descentralización, que consideramos es una oportunidad para un desarrollo integral, que se ve robustecido cuando reforzamos y difundimos las iniciativas económicas que surgen desde las regiones, replicando y escalando aquellas que contribuyen al Chile que queremos construir en conjunto. Queremos participar del diálogo que generen las nuevas autoridades regionales, a quienes les ofrecemos nuevas voces, realidades y desafíos, que nos permitirán abrir más y mejores espacios de discusión y desarrollo para construir un Chile diverso y cohesionado, dinámico y colaborativo, exigente y justo, emprendedor y sostenible y libre y democrático.