En medio del debate por la obligatoriedad del voto, en paralelo surgió una idea similar pero orientada a la vacunación contra el covid-19. Fue el exministro de Salud, Álvaro Erazo, miembro de la mesa covid, quien planteó que el país debiera ir avanzando en ese sentido, a días que se inicié la inoculación en los menores de edad.

La exautoridad sugirió a modo de ejemplo que "empleadores, por ejemplo, a través de las mutuales, o la propia ciudadanía, vayamos haciendo más exigente la vacunación, es la única herramienta (...) me parece que eso es hoy día una obligación".

Las reacciones fueron inmediatas y muchos como el ministro de Economía Lucas Palacios, mostró su desacuerdo y se refirió a que el actual gobierno respeta a libertades individuales y que ya en este período de pandemia se han visto acotadas por las restricciones sanitarias.

No obstante, hay otros sectores que la ven factible y que creen que es una buena fórmula para frenar las alzas en contagios diarios. Añaden que ciertas libertades individuales, como la de acudir vacunarse o no, están supeditadas al bien común que es la salud pública.

Este tipo de iniciativas parecieran retrogradas en una democracia del Siglo XXI, pero que tiene mucho que ver con el comportamiento promedio de los chilenos. Si no hay obligatoriedad, multa u otro tipo de sanciones no existe la completa conciencia de actuar por el bien común. La conducta cambia en el sentido contrario.

Pero mirado desde el punto de las libertades, una nación o una sociedad mientras más las restrinja menos legitimidad tiene. Las personas nacen libres y en sus vidas tienen derechos y deberes. Y son estos últimos los que no han madurado en la ciudadanía.

Solemos exigir participación en las decisiones y mayores derechos. No obstante, los deberes se olvidan y así se debilita la democracia. Y la solución llega a través de la imposición.

También olvidan que estamos al debe en educación en muchas materias cívicas y de respeto de nuestros semejantes. Excesivo individualismo y falta de empatía conspiran contra ello y nadie se preocupa de buscar esa salida que es la más recomendada.

La pandemia ha puesto de manifiesto las desigualdades sociales y económicas estructurales y las grandes lagunas en la protección social. Si bien el apoyo inmediato es importante, se necesitará un apoyo específico a medio y largo plazo. A medida que el país está comenzando a aliviar las restricciones de bloqueo y las grandes empresas presionan para que caduquen las prórrogas que protegen a los inquilinos y propietarios de viviendas de bajos ingresos, o el aplazamiento del pago en las cuentas básicas del hogar, la recuperación económica que beneficia a todos dependerá de una mejor protección social y un apoyo fiscal de base amplia

El Covid-19 es probable que tenga consecuencias a largo plazo sobre los derechos económicos y sociales derivados de los efectos directos e indirectos de la enfermedad. Es importante recordar que la mayoría de la gente que tiene COVID-19 y se recupere, mantenga algunos problemas duraderos de la enfermedad, que hacen que sea aún más importante prever la ayuda económica futura que requerirán nuestros compatriotas.

La pandemia ha puesto en evidencia las desigualdades económicas, especialmente en países con sistemas de protección social frágiles, donde los grupos vulnerables son los más afectados por la crisis. La pandemia también ha puesto de relieve las marcadas desigualdades en los países como el nuestro, con una protección social muy mal financiada. Ya lo hemos dicho antes, las personas que viven en la pobreza tienen más probabilidades de tener mayores complicaciones de salud. Viven en viviendas aglomeradas o de mala calidad y carecen de los recursos para quedarse en casa durante períodos prolongados o seguir las recomendaciones de higiene. Los trabajos mal remunerados los obligan a elegir entre arriesgar su salud o perder sus ingresos. Para mantenerse a flote, las personas necesitan un apoyo fiscal amplio, oportuno y específico que aborde los múltiples ejes de la desigualdad y la discriminación.

Human Rights Watch está particularmente preocupado por el impacto de la pandemia en los derechos económicos y sociales de quienes ya se encuentran en situaciones económicas precarias, quienes a menudo están más expuestos a las crisis financieras, debido a las desigualdades socioeconómicas y la discriminación. Las medidas de protección social garantizan el amparo contra la falta de ingresos relacionados con el trabajo, o ingresos insuficientes, causados por enfermedad, discapacidad, maternidad, accidentes laborales, desempleo, vejez y muerte de algún miembro de la familia, exclusión social, entre otras cosas. Las medidas de protección social deben incluir planes de transferencia de efectivo, prestaciones por desempleo o discapacidad, pensiones sociales, asistencia alimentaria o servicios subvencionados.

El gobierno debe garantizar que la protección social esté igualmente disponible para todos quienes más la necesitan y deben centrar su atención en garantizar la cobertura universal; con criterios de elegibilidad razonables, proporcionados y transparentes; asequibilidad para los beneficiarios; con mejor acceso a información sobre la provisión de beneficios. Los gobiernos deben garantizar una mejor protección social y que no haya exclusión discriminatoria de la protección y seguridad social.

Según cifras de Naciones Unidas, actualmente la mitad de las tierras agrícolas están degradadas, algo que pone en peligro el sustento y la seguridad de más de 3.000 millones de personas alrededor del mundo, sin duda una alarma global que debemos atender especialmente en este Día Mundial de la Desertificación y la Lucha contra la Sequía que se conmemora cada año el 18 de junio.

Si miramos más de cerca, en nuestro país vivimos tiempo de sequía y escasez hídrica estructural que afecta de norte a sur y que se extiende por más de una década, por lo que debemos poner mayor atención aún, además Chile es uno los países del mundo que se verá más afectado por el cambio climático.

Esta crítica situación nos obliga a asumir este desafío país con una mirada integral, por lo cual desde la industria sanitaria estamos enfocados a realizar una gestión más eficiente de nuestros procesos y con inversiones que otorguen resiliencia para enfrentar la escasez hídrica.

Para el caso de Antofagasta, nuestro sistema mixto de abastecimiento en la región, nos permite contar con una vasta experiencia en producción de agua potable vía fuentes continentales y marinas.

Es así como ya cuatro de las ciudades que atendemos operan con fuentes productivas a través de desalación de agua de mar; Antofagasta, Mejillones, Tocopilla y Taltal. Dos de ellas -Antofagasta y Tocopilla- con doble sistema de abastecimiento, tanto de cordillera como del mar. Esta particular y robusta condición permite asegurar 100% la continuidad del suministro en caso de emergencias provocadas por la naturaleza y estar provisionados para el futuro.

Somos pioneros y principales impulsores de la desalación para consumo humano en América Latina, lo que nos hace un ejemplo de sustentabilidad en la producción de agua potable en el actual escenario global de escasez hídrica, entregando un producto con el más alto estándar de calidad exigido por la normativa chilena, puesto que el agua potable ya sea que provenga de fuentes cordilleranas o de mar, debe cumplir exactamente la misma norma de calidad que exige la institucionalidad chilena, antes de inyectarse a las redes de distribución para consumo humano.

De esta forma, desde el desierto más seco del mundo, en medio de una mega sequía nacional, en Aguas Antofagasta nos sumamos a los esfuerzos por mantener la permanente disponibilidad de agua para satisfacer las necesidades de las comunidades que atendemos.