En el informe de política monetaria (IPoM) de junio, el Banco Central elevó en forma significativa el rango de crecimiento para 2021, desde 6%-7%, a 8,5%-9,5%. Esto se explica, en parte, por un desempeño de la actividad mejor a lo esperado en los primeros cuatro meses del año, reflejo de las menores restricciones a la movilidad de las cuarentenas, y la creciente adaptación de hogares y empresas. También han mejorado las perspectivas para la economía internacional, donde la baja en contagios en economías desarrolladas ha continuado impulsando la actividad, los mercados financieros, y el precio de materias primas -en particular el cobre.

Sin embargo, la principal novedad es el mayor dinamismo del consumo que se anticipa para la segunda parte del año, producto de las sustantivas medidas fiscales recientemente aprobadas -en torno a 6% del PIB por sobre lo anticipado hace algunos meses. Dado su carácter de transferencias, y su asignación pareja al grueso de la población (excluyendo al 10% más rico), se anticipa una alta propensión a gastar este dinero.

En forma adicional, el tercer retiro de fondos previsionales también aportaría al consumo, aunque en menor medida dado que corresponde a ahorros de las personas y está más sesgado hacia segmento de altos ingresos, menos perjudicados durante la pandemia. En conjunto, estas medidas explican cerca de dos tercios del aumento en las proyecciones de crecimiento para 2021.

Por cierto, el IPoM también anticipa una desaceleración del crecimiento para 2022-23 por la mayor base de comparación que dejará el elevado crecimiento de este año, pero también por una menor velocidad de expansión producto de la expiración de los apoyos al gasto. Además, la inversión sería menos dinámica debido al aumento de la incertidumbre que se evidencia en la caída de la bolsa y el aumento de las tasas de largo plazo observadas en las últimas semanas.

El IPoM también da cuenta de rezagos que se mantienen en el mercado laboral, y de importantes diferencias en el proceso de recuperación entre sectores económicos y entre distintos grupos de trabajadores. La destrucción de empleo ha sido más intensa entre personas con menores niveles educacionales, y también en las mujeres. En efecto, la caída en la participación femenina implica un retroceso de 10 años en el proceso de creciente incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo (recuadro III.1, IPoM junio 2021), donde se combinan los efectos de una menor demanda de trabajo en los sectores de servicios, con una menor oferta por las responsabilidades del cuidado de niños.

La significativa aceleración anticipada del gasto implica que las holguras en la economía se cerrarán antes de lo previsto, y que la economía requiere de un menor impulso monetario. Hasta ahora, la inflación -en torno a 3,6% anual en el último registro-ha evolucionado en línea con las proyecciones, pero el impulso de la demanda continuará elevándola en los próximos trimestres. Consecuentemente, el Consejo del Banco Central ha señalizado que el proceso de normalización de la política monetaria comenzará antes de lo previsto, de manera de evitar que el alza de la inflación se intensifique y propague en el tiempo, lo que sería especialmente perjudicial para familias de menores ingresos. Con todo, el impulso monetario seguirá siendo significativo, con una TPM que se anticipa por debajo de su nivel de largo plazo en los próximos dos años.

El IPoM también revisa varios parámetros estructurales, destacando la rebaja en más de 0,5% en la tasa de crecimiento tendencial producto del estancamiento de la productividad, que ha crecido prácticamente cero en la última década. Comprender y revertir este fenómeno se perfila como un importante desafío de mediano plazo.

Gerente de la división de Política Monetaria del Banco Central.

Un fuerte aumento registra la incautación de productos del mar extraídos ilegalmente en lo que va corrido del año, totalizando 456 toneladas entre enero y junio, lo que representa el doble de lo decomisado en 2020 a la misma fecha, cuando la cifra llegaba a 228 toneladas.

Así lo señala el reporte entregado por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), donde se especifica que la merluza común es el recurso con mayores cantidades incautadas, con 82 toneladas, dato que preocupa a las autoridades por tratarse de una especie en estado de sobreexplotación.

Le siguen el jurel, con 62 toneladas; el huiro palo, con 55 toneladas; el huiro negro o chascón, con 49 toneladas; y el erizo, con 28 toneladas decomisadas.

En la zona sur del país, destacan las incautaciones de merluza austral, con 27 toneladas y reineta, con 25 toneladas.

Según explicó el servicio, todos estos recursos comparten el ser considerados como pesquerías estratégicas para la actividad pesquera, y por ende son objeto de un plan especial de fiscalización por parte del organismo.

Nuevas facultades

"Este año hemos duplicado lo alcanzado en el mismo período en el año 2020, pese al contexto de pandemia, con las dificultades logísticas que ello implica y sin descuidar en ningún momento las medidas sanitarias para el resguardo de nuestros funcionarios y usuarios", destacó la directora subrogante del Sernapesca, Jessica Fuentes.

"Estos resultados dan cuenta de un exitoso proceso de modernización iniciado con las nuevas facultades y atribuciones que nos entregó la Ley de Modernización de Sernapesca, y continuó con la actualización de nuestros procesos, focalizando nuestra acción sobre pesquerías críticas, una mejor coordinación interregional e interinstitucional, y un mayor análisis de la información disponible para detectar a los agentes y las conductas más riesgosos para la sustentabilidad de las pesquerías", agregó la autoridad.

En el desglose por región, Los Lagos aparece como la zona con mayores cantidades incautadas al totalizar más de 88.578 kilos, seguida de Coquimbo con 82.136 kilos y Biobío con 61.192 kilos. También destacan las regiones del Maule, con 48.758 kilos, y la de Valparaíso con 44.378 kilos.

Infracciones

Respecto a las infracciones a los responsables del ejercicio de las pesca ilegal, el organismo detalló que en 2021 han aumentado en 70% las citaciones judiciales por la extracción ilícita de merluza y 50% en el caso de la reineta, cursándose un total de 157 citaciones a la fecha, en comparación con las 108 de 2020.

"La eficacia de los nuevos planes de fiscalización se verifica en el aumento sustantivo de recursos incautados y en la detección de los responsables de estos ilícitos, concentrados en gran medida en los comercializadores de pesca ilegal, que son quienes verdaderamente lucran con esta actividad, en desmedro de quienes la realizan lícitamente", recalcó Jessica Fuentes.

Entre las infracciones que se han detectado en las fiscalizaciones, se cuenta el hallazgo de productos no inscritos, recursos que no cuentan con la documentación requerida para acreditar su origen legal y superación de las tallas mínimas exigidas. También se han encontrado recursos extraídos pese a estar en veda reproductiva e instalaciones irregulares para procesar algas.

En algunos casos las incautaciones se producen en el desembarque de los productos en las playas, o bien en alguna etapa de la cadena de distribución, incluso en los puntos de destino, tales como terminales pesqueros u otros centros de comercialización.

De acuerdo a lo informado por el Sernapesca, un elemento clave en el resultado de estos procedimientos ha sido la coordinación con otras instituciones públicas que tienen atribuciones para fiscalizar, como la Armada, Carabineros, la PDI, autoridades de salud, y el Servicio de Impuestos Internos, entre otros.

Al ritmo actual, es probable que 2021 termine duplicando la cantidad de productos incautados por su origen ilegal. El organismo aseguró que reforzará la fiscalización durante el segundo semestre "con el fin de desincentivar e idealmente erradicar la pesca ilegal".

Según su directora subrogante se busca "asegurar la sustentabilidad de la pesca, resguardando esta actividad para los pescadores y pescadoras artesanales que con mucho esfuerzo cumplen con la normativa sectorial".

228 toneladas