El diputado Issa Kort (UDI) fue designado como embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y es el onceavo parlamentario que deja su cargo en una decisión que ha levantado duros cuestionamientos dado que se está transformando en una práctica habitual en el Congreso. No es que se cuestione la opción de que las personas puedan tomar cargos, sino que los procedimientos que subyacen a estas decisiones. Son los propios partidos los que terminan eligiendo a dedo y en ocasiones se puede terminar en una "silla musical", lo que es un asunto que requiere ser cambiado o, al menos, analizado.

No se debe olvidar que una buena parte del poco electorado que está yendo a elecciones no vota por los partidos, sino que por las personas que representan de alguna u otra manera su pensamiento o son más afines por otros aspectos, lo que termina cortando el vínculo democrático en cuestión.

Se puede entender que es una situación que puede ser un "zapato chino", dado que no parece coherente prohibir a políticos que puedan ser llamados a cumplir otras labores, pero es muy cierto también que esto no se puede transformar en un cambio de trabajo más, sino que en asuntos excepcionales, lo que ya no se está cumpliendo. De hecho, puede hay políticos que terminan jugando una especie de "silla musical", como es el caso de Mario Desbordes de Renovación Nacional, que fue diputado, lo llamaron para ser ministro de Defensa y ahora es precandidato presidencial de ese partido.

En este tema de volver a encantar a la ciudadanía, los constantes enroques tienden a ser enjuiciados críticamente e incluso puede motivar especulaciones a posibles cálculos políticos.

Junto a esto, se pierde el sentido democrático de la elección, dado que su fin es elegir representantes por un periodo determinado y de no cumplirse, perfectamente cualquier votante pueda alegar.

Hoy en un contexto que se llama a cumplir los "marcos" de procesos como la Convención Constituyente, sería bueno que la discusión se ampliara para que las elecciones de autoridades tengan "marcos" más rígidos en caso de renunciar y que solamente situaciones excepcionales o de fuerza mayor provoquen cambios y no que un escaño en el parlamento se preste para otras materias.

Las hojas tienen un margen que al escribir debe respetarse, un límite que no es posible sobrepasar sin romper la armonía formal del texto y, posiblemente, afectar su propio contenido. Se ha dicho que la nueva Constitución, que redactará la Convención Constitucional recientemente elegida, se escribirá a partir de una "hoja en blanco". Me pregunto, ¿cuáles son los márgenes o límites de esa hoja?, ¿o no los hay y los constituyentes están facultados para redactar el texto que puedan acordar sin respetar frontera alguna? Mi respuesta es categórica: "la hoja en blanco" tiene márgenes, límites, fronteras que los constituyentes deben respetar.

En primer lugar, la Convención tiene un límite que nace de los acuerdos que le dieron origen, el mandato que se le encomendó y su propia naturaleza, todo lo cual quedó establecido con precisión en la actual Constitución en sus artículos 130 y siguientes. Traicionar ese mandato, como sería pretender arrogarse facultades o tareas que no forman parte del mismo, es traicionar la voluntad soberana de la nación chilena.

En segundo lugar, el nuevo texto constitucional deberá respetar a los ciudadanos en los derechos y libertades fundamentales que emanan de su propia naturaleza como ser humano y a las organizaciones intermedias según sus propios fines; lo anterior no solo deberá quedar consagrado, sino también protegido y asegurado en su vigencia práctica. También la Constitución deberá limitar el poder del Estado para que la dirigencia política, a través de la gobernanza o las leyes, no impida que se desarrolle una sociedad de amplias libertades y que los ciudadanos puedan desarrollar sus proyectos de vida. Derechos como la vida, incluida la del que está por nacer, la libertad, la dignidad, o la igualdad ante la ley; libertades como las de educación, trabajo, comercio, expresión, reunión, creación artística, emprendimiento o elección de un sistema de salud o previsión; y aspectos como el respeto y protección de la vida privada, el reconocimiento de la familia como núcleo básico y fundamental de la sociedad, la propiedad privada, la preservación del medioambiente y el respeto por las minorías, son todos ellos, entre otros, imperativos insoslayables en la nueva "hoja constitucional" que se redacte.

En tercer lugar, la nueva Constitución deberá organizar un sistema de gobierno democrático, representativo y republicano, recogiendo la rica tradición que ofrece nuestra historia; modelar un equilibrio entre los poderes del Estado que asegure la gobernabilidad y estabilidad política; y garantizar la debida representación de las fuerzas políticas organizadas. La autonomía de los poderes del Estado y algunos de los órganos constitucionales resulta también un mandato para los redactores.

En cuarto lugar, no es menor la obligación de los constituyentes de asegurar la soberanía territorial y política de nuestro país, reconociendo su rol de garantes a las FF.AA. y tomar los resguardos para que éstas puedan cumplir su función y para que no sean politizadas ni utilizadas por gobiernos o sectores para sus propios intereses políticos o dictatoriales.

En quinto lugar, en materia de orden público y seguridad ciudadana, el texto constitucional deberá asegurarnos que podremos vivir en una sociedad en que la seguridad y tranquilidad sean una efectiva realidad. Lo anterior obliga a los constituyentes a redactar normas que, condenando la delincuencia, el terrorismo, el narcotráfico y la violencia revolucionaria de grupos u asonadas, entreguen a las policías las facultades necesarias para actuar en defensa de todos nosotros.

En sexto lugar, respecto de los llamados derechos sociales, los constituyentes tienen la obligación de evitar la tentación del populismo, siendo responsables en su enunciación como en fijar su alcance para no gravar al Estado con responsabilidades imposibles de cumplir, que entonces acarrearán la desilusión y encono de los no beneficiados.

Es un hecho que la contaminación atmosférica puede ejercer efectos dañinos sobre la salud de las personas a corto y largo plazo; lo cual puede favorecer las crisis respiratorias en la población y que actualmente es más complejo debido a la presencia del Coronavirus.

Por eso, a partir del 1° de mayo al 31 de agosto estará rigiendo el plan anual de Gestión de Episodios Críticos (GEC) 2021, medida paliativa establecida en el Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) e implementada por el Gobierno, con el fin de mitigar la mala calidad del aire y reducir los humos visibles generados principalmente por la calefacción domiciliaria, sector transporte y la Industria.

Lo anterior, se aplaude sin olvidar que la principal medida para la prevención de las enfermedades respiratorias crónicas es no fumar y no estar expuesto al humo de tabaco.

No obstante, tenemos un gran desafío, ya que en los últimos años pocas enfermedades han supuesto un problema de salud pública mundial y nacional, como lo son las enfermedades respiratorias crónicas, especialmente EPOC y asma.

La urgencia del llamado es a mejorar los aspectos no solo preventivos de dichas patologías, activando, por ejemplo, la actual Ley de Tabaco entrampada en el Congreso, dar acceso gratuito a terapias farmacológicas para cesación del tabaco y fortalecer las estrategias de pesquisa precoz, seguimiento y nuevos tratamientos para los mismos.

Dra. María Guacolda Benavides

Instituto Nacional del Tórax