Alejandro Ahumada R.

La Contraloría General informó ayer el inicio de una investigación especial al interior del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Antofagasta a raíz de la situación que afecta a 22 viviendas del conjunto habitacional "Villa El Salar" las que, apenas seis meses de habitadas, comenzaron a hundirse.

La acción se funda en la solicitud que realizó el senador Pedro Araya, quien en sesión del 23 de junio, solicitó al Contralor Jorge Bermúdez, la fiscalización a fin de determinar si el origen del problema estuvo en la ingeniería estructural revisada por el Serviu o bien responden a la ejecución de las obras por parte de la empresa constructora a cargo.

"Al respecto, cumple con informar que este organismo de control ha dispuesto el inicio de una investigación especial en el Serviu de Antofagasta, para atender la materia denunciada y la que será realizada por la Contraloría Regional de Antofagasta, durante el año en curso, la cual abordará los aspectos planteados en su presentación, por lo que una vez finalizada, su resultado será comunicado oportunamente y publicado en el sitio web institucional", indicó la CRR.

Para Araya el anuncio representa un avance que otorgará transparencia a la investigación y contribuirá a delimitar las responsabilidades existentes tanto en el diseño, como en la construcción de las viviendas sociales del conjunto habitacional.

"A raíz de los daños estructurales denunciados por vecinos del proyecto habitacional "El Salar" de Antofagasta, que tuvimos la oportunidad de conocer, oficiamos a Contraloría, órgano que ha determinado iniciar una investigación especial en el Serviu regional para establecer si existen responsabilidades. Esta es una noticia esperanzadora, creemos, para estas familias que han visto con angustia truncado su sueño de la casa propia", indicó el parlamentario.

Acuerdo de desalojo

En tanto, Alan Vargas, vocero de las 22 familias afectadas indicó que luego de una votación entre los afectados acordaron aceptar las condiciones ofertadas por el Serviu para el pronto desalojo de las viviendas y que posibilitará la realización de un estudio de suelo que determinará si las viviendas serán finalmente reparadas o demolidas.

"Anoche y luego de una votación de cada representante llegamos a un acuerdo unánime para desalojar las casas. Nos van a entregar un subsidio de albergue por 18 meses de 15 UF's mensuales. Luego de la firma del convenio, que debería ser esta semana, y a partir de la fecha del primer depósito, tenemos plazo de un mes para buscar un nuevo lugar donde vivir. Estamos satisfechos porque logramos un 80% de las condiciones que queríamos", sostuvo.

El acuerdo, indicó Rivera, es prorrogable y están condicionados al resultado del estudio de suelo que se debería extender los próximos seis meses.

"Si el estudio indica que en este lugar no se puede construir, todas las familias deberán incluirse en un nuevo proyecto Serviu por lo que eso puede significar muchos años más. Por lo tanto, el bono se puede extender. Es una solución que nos pareció adecuada y por eso la aceptamos", sostuvo.

La diputada Marcela Hernando y el alcalde Eliecer Chamorro manifestaron su apoyo a las juntas de vecinos de la villa las Vegas para poder salvar los árboles que se encuentran en la calle Pedro de Valdivia, justo en el sector del cierre perimetral de lo que será el proyecto en construcción del Parque Oasis.

Susana Mandiola Elizalde, presidenta de la junta de vecinos de la villa las Vegas expuso que "el problema radica en que de un día para otro los árboles del perímetro estaban marcados con tiza, por lo que con los vecinos preguntamos a qué se debía la demarcación y se nos informó que era porque se construirán entradas para vehículos. Y al enterarnos de esto se generó bastante molestia, porque si bien se trata de cinco árboles que van a retirar -pimientos-, sólo en un tramo de la extensión de la calle Pedro de Valdivia, más otros ingresos o estacionamientos que contemplan el retiro de las especies", dijo.

La dirigenta agregó también que "hemos expuesto a las autoridades el que se tome en consideración estos árboles y que se pueda modificar el proyecto para salvar estos pimientos, y que no sean retirados desde el sector perimetral".

En tanto la diputada Marcela Hernando, quien comprometió gestiones ante el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), comentó que "la comunidad organizada y que durante años ha mantenido el cuidado de estos árboles, para que incluso alcancen este tamaño, ha expuesto su malestar con la empresa que desde otra zona viene a efectuar el proyecto sin tener idea lo que cuesta tener y mantener estos árboles en Calama, y en ese contexto nos hemos comprometido para defender esta calle y que se desplacen las obras aquí proyectadas y que sacrificarán estas especies. No nos parece y los estacionamientos podrán desplazarse a otra área".

Por su parte, Eliecer Chamorro, alcalde de Calama, comentó que "voy a invocar la Ley 20 mil 285, por la cual la Municipalidad solicitará que se mantengan estas especies. No vamos a aceptar que se retiren los árboles y mantener la consecuencia del proyecto, el cual plantea e concepto de Parque Oasis, sacarlos sería muy contradictorio".