La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se pronunció sobre la crisis social en Cuba y pidió la urgente liberación de todas las personas que fueron detenidas por "ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, opinión y expresión" durante las últimas protestas.

La alta comisionada también lamentó la muerte de un manifestante en las protestas de Cuba, y pidió una investigación "independiente, transparente y eficaz" del suceso, tras la cual los responsables sean sancionados.

Bachelet manifestó su preocupación por las detenciones, entre ellas las de varios periodistas, así como el "presunto uso de la fuerza en contra de los manifestantes" denunciado por testigos de las protestas.

"Todas las personas detenidas por ejercer sus derechos deben ser liberadas urgentemente", insistió la expresidenta chilena, quien consideró "especialmente preocupantes" las denuncias de que algunos detenidos se encuentran incomunicados o con paradero desconocido.

Las autoridades cubanas aún no han ofrecido datos oficiales sobre los detenidos y desaparecidos, mientras organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional los cifran en decenas.

Bachelet también reclamó el restablecimiento completo en la isla de los servicios de internet y las redes sociales.

Además, la alta comisionada pidió el levantamiento de las "sanciones sectoriales unilaterales" que sufre Cuba, "dado su impacto negativo en los derechos humanos, incluido el derecho a la salud".

Según Bachelet, las protestas se producen en el contexto de una difícil situación económica, "los manifestantes exigieron el levantamiento de las restricciones a bienes básicos tales como alimentos, medicinas y vacunas contra covid-19".

"Insto al Gobierno a que aborde las demandas de los manifestantes mediante el diálogo, y a que respete y proteja plenamente el derecho de todas las personas a la libertad de reunión", dijo Bachelet.

Esta semana, el Gobierno cubano levantó los aranceles y límites de importación a bienes básicos y comida, mientras que eximió de impuestos por ocho años a empresas extranjeras de energía renovable.

Insistencia sobre ee.uu.

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, cuestionó el rol del mandatario de EE.UU., Joe Biden, que anunció su preocupación sobre la crisis y dijo estar estudiando cómo conectar a internet a la isla, debido al bloqueo de las autoridades.

Si Biden "tuviera sincera preocupación humanitaria por el pueblo cubano, podría eliminar las 243 medidas aplicadas por el presidente Donald Trump, incluidas las más de 50 impuestas cruelmente durante la pandemia, como primer paso para el cese del bloqueo", dijo Díaz-Canel.

"Estados Unidos fracasó en el empeño de destruir a Cuba a pesar de que, para conseguirlo, ha malgastado miles de millones de dólares", arremetió el presidente de Cuba, cuyo Estado fue calificado como "fallido" por Biden.

El gobernante cubano se refería a las restricciones impuestas por Trump que incluyeron limitaciones a los viajes de estadounidenses a la isla, al envío de remesas y sanciones a empresas extranjeras con negocios en el país.

El actual ocupante de la Casa Blanca descartó la posibilidad de restablecer a corto plazo el envío de remesas a Cuba, restringida desde noviembre.

"Un Estado fallido es aquel que para complacer a una minoría reaccionaria y chantajista es capaz de multiplicar el daño a 11 millones de seres humanos ignorando la voluntad de la mayoría de los cubanos, estadounidenses y la comunidad internacional", replicó Díaz-Canel.

Frente a los llamados de la comunidad internacional a que se libere a los detenidos, el gobernante cubano declaró esta semana que los arrestados tendrían "garantías procesales" y "recibirán la aplicación de las leyes en su justa medida, sin abusos".

243 medidas restrictivas contra Cuba atribuyó el presidente Miguel Díaz-Canel a Donald Trump.

150 detenidos hubo en las protestas cubanas, según un listado divulgado por Amnistía Internacional.

El funeral de Estado del presidente de Haití, Jovenel Moïse, asesinado a tiros la semana pasada, se realizará el 23 de julio en Cap-Haitien, norte del país, anunció el ministro de Cultura y Comunicación, Pradel Henríquez, junto al primer ministro interino, Claude Joseph.

Las honras fúnebres a Moïse se extenderán por tres días (martes, jueves y viernes de la próxima semana), comenzando el 20 de julio, jornada en la que tendrá lugar un homenaje del Gobierno en el Museo del Panteón Nacional, en Puerto Príncipe.

El jueves será el velatorio y el viernes, el funeral de Estado, que se realizará en la ciudad de Cap-Haitien por deseo de la familia del mandatario.

Jovenel Moïse nació en la localidad de Trou-du-Nord, comuna cercana a Cap-Haitien, la ciudad más importante del norte del país.

El mandatario fue asesinado el 7 de julio en un ataque armado a su residencia, en el barrio de Pelerin de Puerto Príncipe, en el que también resultó herida su esposa, Martine, que está hospitalizada en Miami, Estados Unidos.

Avanza investigación

En este contexto, el presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que hay evidencias de la participación de los 18 exmilitares colombianos detenidos en Haití en el asesinato del mandatario.

En paralelo, la policía de Colombia aseguró que los acusados y detenidos por el magnicidio recibieron las órdenes en una reunión tres días antes del crimen con el exfuncionario del Ministerio de Justicia haitiano, Joseph Felix Badio.

En tanto, miembros del FBI, acompañados por agentes de la policía de Haití, estuvieron en la residencia del presidente Moïse para recabar evidencias en relación con el magnicidio.

El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de Estados Unidos se unieron a la investigación pocos días después de la muerte del presidente, pesquisas en las que también colaboran las autoridades colombianas, nacionalidad de la mayoría de los mercenarios acusados por el ataque. Hasta el momento hay 23 detenidos.