Delitos contra la salud pública marcaron la gestión 2020 de la Defensoría Regional
IMPUTADOS. Según la institución, el 32% de las causas ingresadas correspondieron a esta categoría.
A través de una exposición audiovisual grabada en el Muelle Histórico de la ciudad y transmitida a través de los canales institucionales en Facebook y Youtube -además del diario electrónico En Estrado-, el Defensor Regional de Antofagasta, Ignacio Barrientos Pardo, rindió la cuenta pública de los principales hitos de esa sede institucional durante el año pasado.
El directivo partió agradeciendo el esfuerzo del equipo regional en un año tan complejo como 2020, en que la pandemia de Covid-19 "trastocó el funcionamiento de todo el sistema de justicia penal, imponiendo un cambio radical en las dinámicas tradicionales de trabajo".
Barrientos enumeró una serie de "adaptaciones" que la Defensoría Regional debió realizar con el objetivo de cumplir con el mandato democrático de proporcionar defensa penal de alta calidad a las personas imputadas o acusadas de cometer delitos.
"Desde la activación de la modalidad de trabajo a distancia, se han prestado más de 8 mil 800 atenciones a través de diversos canales remotos, fundamentalmente a imputados y familiares, tanto libres como privados de libertad", explicó. En este ámbito, agradeció particularmente el trabajo de los/as asistentes administrativos/as, que realizaron el 76 por ciento del total de atenciones por medios tecnológicos en 2020.
Respecto de las personas privadas de libertad, el abogado relevó que el equipo jurídico regional desarrolló 15 operativos en centros penales de la zona y ha mantenido una coordinación permanente con la dirección regional de Gendarmería de Chile, "lo que ha posibilitado, a pesar de la pandemia, una comunicación con la población penal", indicó.
Cifras principales
El jefe regional de la defensa pública dijo que durante 2020 el equipo regional atendió a 18 mil 645 personas imputadas, equivalentes al 5,19 % del total nacional de ingresos, de las cuales el 18,2% correspondió a mujeres, el 13,8% a personas extranjeras, el 3,07% a personas de pueblos originarios y sólo el 2,4% a menores de 18 años.
Añadió que el 32,8% de los ingresos correspondieron a delitos contra la salud pública -principal categoría del periodo-, mientras que los ingresos por hurto y otros delitos contra la propiedad, lesiones leves y menos graves, los delitos de la Ley de Tránsito, los delitos de la Ley de Drogas y los robos no violentos tuvieron una menor incidencia.
Según Barrientos, "al analizar la composición de estos ingresos a partir del bien jurídico protegido, resultan evidentes los efectos de la pandemia y sus restricciones, tanto en la persecución criminal como en la respectiva prestación de defensa penal".
DEFENSA DE MIGRANTES
Uno de los principales focos de la exposición de Barrientos se refirió a la prestación del programa de defensa especializada para personas migrantes, que empezó a operar en Antofagasta como piloto en 2016 y que cuenta hoy con equipos en la capital regional y en Calama.
Se trata de un tema importante, porque el año pasado el 13,9 por ciento de los ingresos de la Defensoría Regional correspondieron a imputados extranjeros, situando a la región como la segunda con mayor cantidad de imputados no chilenos, aunque en la mayoría de los casos por delitos de menor entidad.
Según el Defensor Regional de Antofagasta, este equipo especializado, liderado por el abogado Hugo León, "cumplió un rol relevante en el resguardo de los derechos de personas condenadas a la pena de expulsión judicial" durante la pandemia, contexto en que la Corte Suprema acogió cuatro amparos interpuestos por la defensa pública.
"Nuestro equipo de defensa de migrantes ha debido seguir interponiendo recursos de amparo ante la creciente cantidad de expulsiones decretadas por la autoridad migratoria. La actividad recursiva ha logrado detener la expulsión de extranjeros, generando a la vez, a nivel regional, una interesante y rica doctrina jurisprudencial, que otorga seguridad jurídica a personas afectadas por procedimientos administrativos migratorios", señaló.
"Nuestro equipo de defensa de migrantes ha debido seguir interponiendo recursos de amparo ante la creciente cantidad de expulsiones".
Ignacio Barrientos, Defensor Regional