Después de casi dos meses de negociaciones del nuevo contrato colectivo, el domingo pasado la administración de Minera Escondida hizo llegar la última oferta al sindicato N°1 de la minera, la mayor organización de la compañía, lo que marca la etapa final del proceso.

De acuerdo a un informativo interno que hizo llegar la operadora a los trabajadores de la organización sindical, en lo principal, la última propuesta es de un total de 18 millones de pesos para cada asociado, los que se desagregan en 3 millones por bono de término de negociación, 2 millones por bono por práctica de productividad, 1.5 millones por simplificaciones, 2.5 millones por mejoras de gestión, 1.75 por presentismo, 1.5 millones por jornada excepcional, 3 millones por renovación de jornada, además de un préstamo blando de 3 millones. La oferta presentada tendría vigencia por 36 meses.

La cifra total se acerca a los 20 millones por cada trabajador que estimó la organización sindical al momento de presentar el pliego de peticiones y que se fundamentaban en el 1% de los dividendos repartidos a los accionistas por la compañía en los últimos tres años.

"El actual contrato colectivo ha sido construido en conjunto a lo largo de los años, a través de varios acuerdos entre la compañía y el sindicato, posicionando en el mercado laboral como el mejor instrumento colectivo de la industria para este segmento" sostuvo la minera en su informativo interno.

Reajuste

La empresa también ofreció un reajuste salarial del 1%, lo que se contrapone a lo solicitado por los trabajadores que pedía un reajuste del 5%.

Si la oferta es rechazada, el proceso contempla un periodo de intermediación de la Dirección de Trabajo que puede variar entre cinco y diez días. De no lograr acuerdo, la ley permite el inicio de una huelga.

Respondiendo al hermetismo en que se han desarrollado el proceso, tanto la administración de MEL como el sindicato, se abstuvieron de hacer declaraciones respecto al curso final de la negociación.

El subsecretario General de la Presidencia (Segpres), Máximo Pavez, lamentó ayer a nombre del Gobierno el rechazo de la Cámara de Diputados al proyecto de Descentralización presentado por el Ejecutivo.

"Quisiéramos lamentar la forma incomprensible en la cual gran parte de la oposición le dio un portazo al avance en materia de legislación de descentralización en nuestro país", señaló la autoridad.

Pavez argumentó que el proyecto que estaba en sala ayer había sido ampliamente discutido en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja y que, "salvo un par de materias específicas", había llegado a "profundos e importantes acuerdos", dándole el pase a "prácticamente todas la normas aprobadas en el Senado".

Es así que a juicio del subsecretario de la Segpres, la oposición "le debe una explicación al país" debido a que el acuerdo no fue refrendado en la Sala, lo que va implicar que ahora hay que llevar el proyecto a la Comisión Mixta lo que retrasa la entra en vigencia del proyecto para la instalación de los gobernadores electos.

El proyecto que fue rechazado en general, a juicio de la autoridad, precisaba la noción de competencia y las labores de coordinación entre el gobernador regional electo y el delegado presidencial regional, además de buscar mecanismo de evaluación de las transferencias de competencias".

"Lamentamos que en el contexto de la incorporación de los nuevos gobernadores regionales, una norma que busca el perfeccionamiento de las competencias para que puedan ejercer su labor, simplemente se retrasa", debido a que algunos parlamentarios se negaron a la idea de legislar, señaló.