Déficit habitacional, proyectos y subsidios
La región requiere más de 31 mil viviendas para paliar el déficit habitacional. Se han incrementado planes habitacionales y subsidios, pero no dan abasto. Se debe desterrar la idea de que la constante oferta de subsidios sea confundida con una "entrada extra" en el presupuesto personal. Viviendas son arrendadas pese a no cumplir con el periodo en que se prohibe esta práctica.
La actualización de déficit de viviendas realizada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en la región y en el país reflejan que la disfunción habitacional es más profunda de lo conocido oficialmente y que no hay que tenerle miedo a los crudos números.
La actualización de 31 mil vivendas más bien se condice a lo que se puede ver en terreno. Solo en Antofagasta en los sectores altos se siguen extendiendo campamentos en un fenómeno difícil de cuantificar porque es muy dinámico. Incluso los mismos pobladores de los sectores aledaños establecidos pueden llegar a sorprenderse con el rápido levantamiento de hogares de material ligero. Bien lo explica el padre Felipe Berríos, quien dice que los "campamentos viven en tierra de nadie, abandonados y la pobreza se agudiza más cuando nadie sabe que tú existes".
Los altos arriendos, la necesidad de personas de salir de casas por ser allegados, más el arribo de personas de otras partes del país y el mundo, potencian la búsqueda de terrenos para vivir, mientras en paralelo Minvu acelera proyectos habitacionales que pese a los esfuerzos no dan abasto.
Tampoco se puede desconocer que en materia de subsidios en los últimos años se han tenido alternativas para sacarle provecho y que cada cierto tiempo surgen distintos tipos de beneficios.
Sin embargo, esta constante oferta debe traer consigo un análisis si es meritorio cambiar las prioridades de entrega a ciertos grupos y que incluso se deba catastrar si hay un buen uso de estos subsidios, para luego castigar duramente a quienes hacen mala utilización de estos.
Ya se está haciendo costumbre que viviendas entregadas con estos beneficios sean arrendadas pese a que no se ha cumplido el periodo en que se prohibe esta práctica. Esto es un perjuicio para el Estado y para personas que necesitan realmente de estos beneficios.
Se debe fiscalizar para que esta s acciones no se transformen en una "entrada extra" para las personas y que sean percibidas como lo que realmente son, una ayuda para cumplir con el sueño de la casa propia.
Clave es también que en la redacción de la nueva Carta Magna se firme el compromiso de contar con una vivienda digna y no como una frase cliché, sino que sea consagrada como derecho y que esto le dé herramientas a entidades como el Minvu, claro está con el cuidado de los recursos para evitar despilfarros y malas prácticas como el mal uso de los subsidios.