Altercados y escaramuzas al interior del Hospital Regional de Antofagasta protagonizaron guardias de la concesionaria Sacyr y los trabajadores en huelga del sindicato N°1 de la Operadora Salud Siglo XXI (empresa también perteneciente a la concesionaria).

La compleja situación se originó luego que un grupo de trabajadores intentara acceder a las oficinas de la gerencia de la concesionaria -que administra servicios del Hospital Regional- para reclamar parte de sus demandas que buscan incrementar los sueldos de los asociados que, actualmente, bordean los $337 mil.

"Entramos pacíficamente, cantando. Todas somos auxiliares de aseo. La mayoría son mujeres. No estábamos invadiendo lugares donde hay pacientes, íbamos a la oficina de la concesionaria y empezamos a sufrir las agresiones de los guardias de Sacyr. No interferimos con la atención de ningún recinto del hospital. Es segundo días de movilizaciones y al parecer la concesión está sorda al igual que la inspección fiscal del hospital, porque ninguna escucha nuestras demandas", indicó Silvana González, presidenta del sindicato.

Desde la concesionaria a través de un comunicado sostuvieron que lamentaban los hechos ocurridos. "Reiteramos nuestra disposición al diálogo con todos nuestros trabajadores para alcanzar un acuerdo satisfactorio, como fue el caso del proceso de negociación con el Sindicato Número 2 iniciado en paralelo", sostuvieron.

Similar llamado realizó la dirección del HRA, donde informaron que ya comenzaron a evidenciar los primeros efectos de la movilización ante la falta de personal de aseo en los box de atención del Consultorio Adosado de Especialidades (CAE).

Concesión cuestionada

Pero esta huelga se suma a una serie de críticas por parte de los gremios de la salud y de parlamentarios de la región respecto a la calidad de los servicios concesionados que ofrece Siglo XXI (del grupo Sacyr) al interior del establecimiento, sobre todo tras el récord de utilidades que obtuvo la firma el año 2020, los que llegaron a los $3.918 millones, gran parte de ellos explicados en el aumento de los requerimientos -por la pandemia- de servicios que se encuentran en los contratos de la concesión, como aseo, alimentación y lavandería.

Para Marión Cuevas, presidenta de la Fenpruss del HRA, la mayoría de los incidentes graves que se han presentado durante los últimos tres años al interior del hospital han sido de responsabilidad de la concesionaria.

El último y el más crítico, indica, fue el del 28 de agosto pasado cuando el establecimiento estuvo por cerca de tres horas sin energía eléctrica.

"Estuvimos a minutos de que los equipos críticos se quedaran sin respaldo. Expusimos a nuestros usuarios a un riesgo inusual. Esto ni siquiera se presentaba en el hospital antiguo. Lo peor es que todo se minimiza. El gerente dio una explicación muy simple de lo que pasó, no esperó respuestas y se marchó. Dijo que tendrían que pagar una multa de 13 millones, pero quién asume el costo de las 30 cirugías postergadas?, ¿cómo se estiman esas pérdida de tiempo y espera de todas esas personas?", señaló.

Inspección fiscal

Para Wilson Gallardo, tesorero de la Fenpruss, otro de los factores cuestionados en el desempeño del modelo concesionado es el rol que ha jugado la inspección fiscal, a cargo del MOP, en las diversas controversias e interpretaciones de los contratos entre la dirección del HRA y la concesionaria.

Para el dirigente, la acción fiscalizadora ha sido prácticamente nula y sin efectos observables en la ejecución de los servicios concesionados.

"Actualmente el inspector fiscal es Constantino Zafirópulos una persona que, claramente, fue designada con criterios políticos y no técnicos. Con todo lo que ha pasado aquí en el hospital, es evidente que en ese cargo se requiere alguien con conocimientos en la gestión de salud. Que sea resolutivo y que las multas y sanciones se evidencien en un plazo adecuado, y no al año y medio como pasa actualmente. Hemos pedido los informes de evaluación de los servicios y nunca nos lo han querido entregar", sostuvo el dirigente.

Recientemente el senador Pedro Araya sostuvo una reunión con los representantes de los distintos gremios del establecimiento. Ante los hechos, el parlamentario indicó que solicitará a la Contraloría una auditoría que indague en el funcionamiento y aplicación del contrato por parte de la inspección fiscal del MOP.

"La concesionaria junto con pagar la multas debe solucionar los problemas que tiene el hospital y asimismo hacerse cargo de entre otras cosas de las cirugías que se tuvieron que postergar por los problemas eléctricos. Vamos a pedirle a la Contraloría realizar una investigación para determinar si el MOP ha fiscalizado adecuadamente o no a la concesionaria y además vamos a pedirle a la Comisión de Obras Públicas del Senado que cite a una sesión con el objeto de tratar con el MOP los problemas que tiene el Hospital", indicó Araya.

En sesión extraordinaria, el Consejo Regional de Antofagasta (CORE) aprobó dos proyectos complementarios por casi mil 500 millones de pesos presentados por la Delegación Presidencial referente a un Plan de Emergencia para extranjeros a raíz de la crisis migratoria.

Al respecto, el gobernador regional, Ricardo Díaz destacó la aprobación de fondos y la nueva presentación de los proyectos. "El consejo había realizado varias observaciones a la delegación presidencial, entre ellas, que la rendición de los recursos sea la adecuada, que se indique cómo se están gastando los recursos, a quién se entrega la ayuda, entre otras. Esto a fin que exista una cabal transparencia respecto a cómo se realizan este tipo de licitaciones, es decir, empresas que sean del rubro, con antigüedad y experiencia".

Por su parte, María Ramírez, presidenta de la Comisión de Salud y Medio Ambiente indicó que "uno de los proyectos demandará 600 millones y busca aumentar el número de testeos antígeno, PCR, la entrega de kit sanitarios y de colaciones en puntos de control sanitario, beneficiando a 50 mil personas de las tres capitales provinciales. La segunda iniciativa involucra testeo, vacunación móvil y acciones de prevención y cuidado, específicamente, en Alto El Loa, Atacama La Grande, caletas pesqueras, y además, las tres capitales provinciales. Todo por un monto de $900 millones y un alcance de 60 mil beneficiados", explicó.

Si bien los proyectos señalados contaron con el apoyo del CORE, en la sesión se planteó la urgencia de contar con un plan integral que permita cubrir en su totalidad la crisis migratoria de la zona, considerando que el fenómeno no se detendrá y que impacta fuertemente a los menores de edad que siguen a sus familias en este proceso.

La consejera regional y presidenta de la Comisión de Gestión, Sandra Pastenes, enfatizó que, "las iniciativas aprobadas son sólo una contribución que a juicio del consejo deben formar parte de un plan humanitario mayor, y esta tarea, debe realizarla el delegado presidencial porque tiene las facultades, tiene las competencias, y sobre todo, tiene el deber de concretar ya que es el representante del Presidente de la República en la región".

El gobernador regional a su vez informó que ya está coordinada una reunión con el delegado, Daniel Agusto, para definir un plan integral y la estrategia con la que se requiere abordar el fenómeno.

Un urgente llamado a la población regional para testearse antes y después de Fiestas Patrias hizo el seremi de Salud (s), Manuel Herrera. La autoridad insistió en que esa será la mejor medida preventiva para evitar contagios durante el próximo fin de semana largo. "Hoy en la región el mayor porcentaje de los brotes son sociales y/o familiar-domiciliario, por eso es clave no sólo testearnos antes de juntarnos para estas celebraciones, sino también utilizar todas las medidas de autocuidado: el lavado de manos, mascarilla, ventilación y distanciamiento físico", explicó Herrera.

Hay tres puntos de testeos gratuitos en la ciudad, dispuestos por la Atención Primaria de Salud. Estos son: Paseo Prat (calle Prat con San Martín), Plaza Zhigley y Feria Prat (calle Víctor Jara con Oviedo Cavada). Estos atienden desde las 9.30 horas.