Mucho se ha dicho y escrito sobre la crisis migratoria por la que atraviesa el país y que en la zona norte adquiere dimensiones dramáticas. Son cientos de familias que han realizado una larga travesía por el subcontinente, dejando todo atrás y con poco dinero para cumplir tan arriesgado periplo.

La esperanza de encontrar oportunidades y crecer en lo personal y familiar es lo que los mantiene en pie, pese a las adversidades y abusos de los que son víctimas.

La mayoría son venezolanos y su destino no es precisamente el norte. Sus familiares y amigos que llegaron en la anterior oleada, se han instalado de preferencia en la zona central y sus alrededores. Hasta allí quieren llegar pero el camino se hace interminable y viven muchas necesidades incluso pernoctan en terminales, calles y viven de la solidaridad y caridad de los chilenos.

Esa condición a la que se ven enfrentados no es bien vista por un sector de nuestra sociedad. Les molesta que interrumpan su normal tránsito, que estén en las calles y urgen a las autoridades por la solución que se ha utilizado últimamente como es la expulsión.

Se aplica la legalidad, pero se olvida que es necesario tender una ayuda a quienes con mucho dolor han tenido que despojarse de bienes y pergaminos para buscar nuevos horizontes.

Durante los festejos patrios, el tema fue abordado por el obispo de Calama Óscar Blanco y el arzobispo de Antofagasta Ignacio Ducasse.

El pastor loíno dijo que hay quienes critican desconociendo el gran valor de las migraciones para el desarrollo del país. Proliferan mensajes racistas y de odio muy alejados de lo que es la hospitalidad. Una cualidad que parece olvidarse en estos tiempos.

Monseñor Ducasse, también tuvo un mensaje sobre la crisis de los migrantes y agradeció a las organizaciones que se han prodigado para llegar con asistencia a quienes lo necesitan.

Y las oraciones iban dirigidas a cambiar esa mirada y el emplazamiento a las autoridades a comprender lo que ocurre y buscar soluciones distintas a la deportación.

No hay dudas que ese debe ser el camino y que reconozcamos el valor de quienes vienen a aportar al país. Chile es una franja extensa con una población exigua y que se vería fortalecida con la llegada de los foráneos que están dispuestos a contribuir.

La paradoja de la industria minera en nuestro país es que, pese a ser la actividad económica más importante y la que más ha contribuido al bienestar de sus habitantes, la percepción que una parte importante de la sociedad civil tiene acerca de sus beneficios no es positiva ni proporcional a esos logros. A menudo, las comunidades aledañas a las faenas mineras sienten o perciben que, pese a que estas les generan beneficios económicos, tales beneficios no son proporcionales a sus esfuerzos, que no se les compensa o reconoce adecuadamente por ellos ni que son debidamente consultados al respecto.

A nuestro juicio, esta insatisfacción se explica, en parte por la aspiración de tener mayores beneficios económicos que el resto del país como "compensación" por vivir cerca de dichas faenas; pero en mayor medida, por la escasa participación que se les ha asignado en las decisiones locales, lo cual no había sido captado apropiadamente por el sector público ni el privado. Así, pese a que el crecimiento de las regiones mineras ha estado acompañado por un aumento de la inversión pública en términos absolutos y en términos per cápita, este ha sido menor que aquella destinada a regiones no mineras, como la Metropolitana y la del Biobío.

Asimismo, pese a que las empresas de la gran minería han destinado cifras cada vez mayores para sus programas asociados a responsabilidad social empresarial o corporativa, las comunidades siguen creyendo que, tanto su aporte económico a la comunidad como las medidas efectivas para fortalecer los clusters locales, siguen siendo insuficientes.

En el último tiempo, sin embargo, ambos sectores están reaccionando frente a esas carencias, adoptando medidas que van en el sentido correcto.

Así por ejemplo, durante estos últimos dos años, el Ministerio de Minería ha llevado adelante la iniciativa de establecer una Política Nacional de Minería, consultando a un transversal grupo de asesores, incluyendo actores regionales. Esa iniciativa busca mejorar el conocimiento de las comunidades locales y de la población en general, acerca de los impactos y beneficios de la actividad minera, para que puedan valorarla en su justa medida y participar en la toma decisiones respecto de su desarrollo. También, la creación del Instituto de Tecnologías Limpias -con sede en la ciudad de Antofagasta- es una iniciativa que recoge correctamente esa necesidad regional.

Por su parte, la empresa privada ha implementado políticas de relacionamiento con las comunidades locales, como la suscripción de acuerdos de "producción limpia" y la entrega en arrendamiento de pertenencias mineras a pequeños mineros de la región.

Otra buena oportunidad se está dando con el proyecto de ley que crea un nuevo royalty a la actividad minera, el cual puede y debe ser mejorado, de manera tal que, en lugar del royalty ad valorem propuesto -nefasto para la competitividad minera nacional- pueda establecerse un sistema de recaudación a través del royalty sobre el "margen operacional", aumentando las tasas sobre la utilidad cuando los márgenes estén más altos. Asimismo, se podría incluir un mecanismo, respetuoso del mandato constitucional, que privilegie una mayor decisión y destinación regional respecto de lo que se recaude por este eventual nuevo tributo.

Medidas como esas permitirán obtener la muy añorada "licencia social" que busca y merece tener la minería, como motor de la actividad económica nacional.

Chile celebró sus Fiestas Patrias. Fechas que resaltan las tradiciones típicas que alimentan el sentimiento de chilenidad. Ahora bien, ¿nuestros discursos de "identidad nacional" pueden excluir (de manera intencional o no intencional) a aquellos que comparten nuestro territorio, como las personas migrantes?

Las redes sociales se han convertido en el principal espacio para compartir información, comunicarse, formular una opinión, etc. Lamentablemente, estas plataformas también se han utilizado cada vez más para la propagación de la intolerancia y discursos de odio.

Estos últimos, se definen como cualquier forma de expresión que abogue, incite, promueva o justifique el odio, la violencia o la discriminación a una persona o un grupo en función de una característica como la nacionalidad, la etnia, el género, la orientación sexual, la religión, entre otros.

Frases como ¿Y por qué no se devuelven a su país? o ¡Chile es para los chilenos! no hacen otra cosa que reflejar un nacionalismo tóxico. Lamentablemente, una reacción común muchas veces, por parte de los espectadores, es no tomar ninguna medida (como por ejemplo denunciar dicho contenido), lo que alimenta la generación o consolidación de un discurso público de odio hacia este grupo.

Lo anterior es bastante preocupante si consideramos los datos provenientes de la encuesta CRITERIA 2021, los cuales indican que en Chile existe un alza en la aversión hacia la población migrante respecto a la que ya existía hace dos años. Si en el 2019 un 37% se manifestaba "de acuerdo" o "muy de acuerdo" con la llegada de migrantes, ese número se reduce a 25% en 2021.

El discurso del odio es una amenaza para los valores democráticos, la estabilidad social y la paz de cualquier nación. La invitación es que, más allá de las celebraciones del "18", no nos nublemos en la construcción de un país que debiera ser respetuoso del otro y socialmente más justo.