Diversos cuestionamientos por parte de sectores ligados a la gestión y creación cultural de la región ha despertado la implementación del programa de "Digitalización y Empleabilidad Cultural" que, en principio, busca apoyar a creadores y trabajadores del sector que vieron mermada fuertemente su actividad e ingresos durante la pandemia.

Y si bien el programa fue aprobado por el Consejo Regional (CORE) el 11 de septiembre del 2020 su tramitación administrativa no ha estado exenta de dificultades y contratiempos que han contribuido a acrecentar las críticas por parte de diversos actores.

Admisibilidad

Para Andrea Merino, presidenta de la comisión de Educación y Ciencias del CORE una de las principales dificultades ha estado en el hermetismo con el que la Seremi de Cultura ha gestionado la tramitación de la iniciativa. Algo que, afirma, quedó reflejado en la última mesa intersectorial que se constituyó para la fiscalización del programa.

"Sucede que a través de un comunicado de prensa nos enteramos que la admisibilidad ya estaba hecha, cuando el compromiso había sido informar del avance del programa a la comisión. Pedimos información respecto a los criterios de selección y sucede que hubo gente que no había pasado la admisibilidad, pero que después que pedimos la revisión de los criterios, si resultó aceptada. Así, sin ninguna justificación. En general, todo el proceso nos ha parecido muy ineficiente por parte de la seremi", indicó Merino.

Cambios en ejecución

Uno de los principales cambios, y que contribuyó al retardo en la ejecución, fue el convenio que debió firmar la Seremi de Cultura con el Ministerio del Trabajo a fin de ejecutar la iniciativa a través del programa Pro-Empleo. Lo anterior ante el rechazo por parte de la Dirección de Presupuesto (Dipres) a la ejecución directa por parte de la cartera de cultura.

Los recursos del programa Pro-Empleo fueron a su vez traspasados a la Delegación Presidencial Regional la que - vía trato directo- contrató a la Corporación de Desarrollo "Ergo Sum" para la ejecución de programa. Un esquema que a juicio de diversos actores culturales, contribuye a acrecentar las dudas respecto a la implementación.

Patricio Lillo, vocero del colectivo cultural "Súmate" que agrupa a más de 100 gestores de la región, señala que pese a la insistencia por mayor apertura y transparencia en los criterios de admisibilidad de los beneficiados, las instituciones involucradas - Seremi de Cultura, Trabajo y DPR- no han dado cabal respuesta.

"Tenemos en el caso de Calama 59 seleccionados pero con el cambio de criterios no sabemos qué va a pasar. Al principio nos indicaron que quienes postuláramos no debíamos tener contrato de trabajo. Pero resulta que después nos enteramos que quienes boletaban por honorarios tampoco fueron seleccionados. La verdad no entendemos cuál es el criterio. Porque hay muchas inconsistencias como personas beneficiadas que no viven en la región, incluso no viven en Chile", afirmó.

Otra de las dudas apunta al rol de la entidad intermediaria que fue contratada directamente por la DPR y no a través de una licitación pública como estaba comprometida en las bases concursales del programa.

"Nos dijeron simplemente que era por una cosa de tiempo. Que licitar iba a retrasar todo aún más. Pero eligen a esta corporación que no tiene antecedentes relevantes en la región, menos en cultura y que nadie sabe por qué se eligió. Sabemos que ya han contactado a los que fueron seleccionados para hacerles el contrato. Pero desconocemos bajo qué términos y montos se contrató a esta corporación", indicó Merino.

Programa

De acuerdo a las actas de selección publicadas en la web de la Seremi de Cultura, el programa aumentó su cobertura de 250 a 272 beneficiarios, los que serán contratados por un periodo de 3 meses y medio a fin que los recursos destinados al programa -600 millones- sean ejecutados durante el último trimestre del 2021. De las 415 propuestas recibidas, 143 fueron declaradas inadmisibles.

"Si esto se hubiera hecho con más participación no tendríamos este tipo de problemas. Quienes mejor conocemos las necesidades del sector somos justamente los trabajadores de la cultura. Cuando fui a firmar el contrato con la corporación la persona que estaba a cargo no pudo responder a todas las dudas que todo esto genera. Solo estaba interesado en la firma de los contratos para comenzar el programa, pero nadie responde respecto a qué va a pasar con los que quedaron afuera y cuál es el mecanismo de reemplazo", indicó Lillo.

Desde la cartera de cultura indicaron que, dada la naturaleza del programa, la vocería corresponde a la Seremi del Trabajo el cual no respondió a la solicitud de entrevista.

Daniel Agusto, delegado presidencial regional, lideró un nuevo comité policial que tuvo como principal objetivo abordar contingencias de la región como el término del estado de excepción constitucional, la crisis migratoria y la continuidad del hospital de campaña.

"No se termina la alerta ni la crisis sanitaria, tampoco lo relativo con los planes paso a paso, por lo tanto hay muchas restricciones y cumplimiento que la autoridad va a seguir fiscalizando", indicó Agusto.

Respecto la crisis migratoria el delegado presidencial, agregó que se están evaluando iniciativas con el Ministerio del Interior que buscan facilitar el transporte humanitario para aquellas familias con niños o casos críticos que lo requieran. En tanto, la seremi de Salud anunció que la próxima semana será instalado un punto fijo de control sanitario en la entrada norte de Tocopilla.

Ante la continuidad de funcionamiento del hospital de campaña instalado en las dependencias del Polideportivo Centenario, la mesa sugirió evaluar el cierre a través de un trabajo colaborativo entre el Servicio de Salud, Gobierno Regional y Delegación Presidencial.