Tal como parlamentarios oficialistas habían adelantado el lunes, ayer el Presidente Sebastián Piñera anunció el estado de excepción constitucional -o de emergencia- en la Macrozona Sur, el vasto territorio compuesto por las provincias de Malleco y Cautín (en La Araucanía) y de Arauco y Biobío (en el Biobío), que ha sido escenario de graves hechos de violencia durante los últimos años.

Según explicó el Mandatario, la medida tendrá una vigencia de 15 días, los que podrán tener una prórroga de otros 15 días, de acuerdo con lo que estipula la Constitución.

"La grave situación requiere que el Estado haga uso de los medios y capacidades institucionales y los mecanismos contemplados en la Constitución y las leyes para proteger a la población, resguardar el orden público y el estado de Derecho (…) Decretamos el estado de excepción para permitirles a los habitantes de las zonas afectadas vivir con mayor paz y ejercer mejor sus libertades y derechos, sin miedo y sin violencia", señaló el jefe de Estado desde La Moneda.

ALCANCES DE LA MEDIDA

La declaratoria permitirá que las Fuerzas Armadas puedan prestar apoyo logístico, tecnológico y de comunicaciones, además de colaboración en tareas de vigilancia, patrullaje y transporte, en coordinación con las fuerzas policiales.

Además, la medida establece la designación del almirante Jorge Parga y del general Lionel Curti como jefes de la Defensa Nacional de las regiones del Biobío y La Araucanía, respectivamente, teniendo el mando del territorio durante el periodo contemplado.

El Presidente precisó que el decreto firmado posibilita "que las Fuerzas Armadas colaboren, pero no que reemplacen a las fuerzas de orden y seguridad, es decir, a Carabineros y la Policía de Investigaciones", enfatizando que ni el Ejército ni la Armada ni la Fuerza Aérea podrían "participar en forma autónoma y directa en operaciones de naturaleza policial".

El "disclaimer" cobra pertinencia luego que a fines de septiembre la Contraloría declarara inconstitucional el decreto presidencial N° 249, que buscaba permitir presencia militar en el patrullaje de esa zona una vez finalizado el estado de excepción por la pandemia, el 30 de septiembre.

Según Piñera, el decreto y la declaración de estado de emergencia permitirá "enfrentar mejor el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado", agregando que "en ningún caso se orienta contra un pueblo o grupo de ciudadanos pacíficos".

En esa línea recordó que la violencia presente en las comunas de las cuatro provincias de La Araucanía y Biobío han cobrado vidas de personas inocentes, de policías, han implicado amenazas contra autoridades y han "destruido y quemado casas, iglesias, instalaciones y bienes destinados a actividades industriales, agrícolas, comerciales, turísticas y mucha infraestructura pública".

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, complementó señalando que esta semana se presentará el plan de intervención, así como las dotaciones, recursos y estrategia que se desplegará en la zona. "Nos vamos a desplazar a la Macrozona Sur el jueves", adelantó.

REACCIONES

Tras el anuncio, la primera reacción provino de un grupo de camioneros forestales del Biobío que llevaban varios días movilizados en una de las rutas de la provincia de Arauco, y que depusieron su paro, al tiempo que desbloquearon los caminos.

La medida, además, dividió a los presidenciables. Mientras José Antonio Kast y Sebastián Sichel la valoraron pese a lo tardía, Yasna Provoste, Gabriel Boric y Marco Enríquez la fustigaron. Este último señaló que "lo que hace el Presidente de Chile, una vez más, es improductivo. Ni siquiera es más de lo mismo: es menos de lo mismo".

Desde Temuco, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, se plegó a las críticas. "Tener esta noticia de que se instala este estado de emergencia no empalma con la historia que nosotros necesitamos. Lo que la ciudadanía aquí necesita son soluciones políticas, son soluciones en función de la cultura, soluciones en torno de llevar adelante procesos económicos que permitan superar la pobreza", recomendó."

El gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas, admitió haberse enterado "por la prensa" y deseó que esta "reacción cumpla algún efecto".

Un nuevo antecedente en torno a la muerte de la activista y estudiante de Derecho Denisse Cortés, quien falleció este domingo en la ex Posta Central luego de resultar gravemente herida mientras participaba de la denominada "marcha de resistencia indígena", se conoció este martes.

Se trata de un archivo de audio, liberado por Carabineros, y que supuestamente registra las conversaciones entre los efectivos policiales que se encontraban junto a la mujer cuando recibió el impacto de un proyectil que le provocó lesiones graves, y sus mandos, que revelan que la colaboradora de la "Defensoría del Pueblo" habría sido golpeada por una "bomba de humo" encendida que le dio en el rostro, en línea con una serie de videos, también de la institución, que muestran lo que sería un tipo de fuego artificial.

El registro describe, asimismo, que la estudiante quedó inconsciente tras el ataque, luego del cual cayó al suelo mientras sangraba. Además, evidenciaría que los funcionarios de Carabineros prestaron ayuda, llamando a una ambulancia y luego ayudándola a evacuar del lugar.

Esta versión ha sido resistida por la familia de Denisse Cortés, quienes han señalado que los efectivos policiales no habrían prestado auxilio e incluso habrían ayudado a demorar la atención de la estudiante tras ser herida.

Serán la Fiscalía Centro Norte Metropolitana y tres brigadas de la Policía de Investigaciones (PDI), que tienen a su cargo la investigación del hecho, quienes ahora deberán periciar el elemento de prueba aportado por Carabineros.

Además, este martes la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana presentó una querella criminal por homicidio en contra de quienes resulten responsables de la muerte de la estudiante, solicitando una serie de diligencias, entre ellas la citación de funcionarios policiales y la obtención de registros de cámaras de tránsito y municipales.