La demanda de transformaciones que representó el estallido social, los efectos económicos y sociales provocados por la crisis sanitaria, la conformación de una convención constituyente para encauzar y resolver el agotamiento de un modelo, son los principales factores gravitantes sobre el ambiente de incertidumbre que recorre la sociedad, la economía y la política este año.

Chile, se ubica en una coyuntura en la cual se cierra un ciclo histórico y se abre uno nuevo. Una fase en la cual se define el modelo de desarrollo para las próximas décadas, esto es, el nuevo marco de derechos económicos y sociales al que podrán aspirar los ciudadanos, y las nuevas instituciones políticas encargadas de sostener aquellas transformaciones y definir una nueva distribución del poder. Por lo tanto, el país está en una etapa de cambios vertiginosos detonados por la acumulación de circunstancias que el sistema político no pudo procesar.

¿Los países pueden aspirar al desarrollo sin resolver el agotamiento de un sistema político, económico y social? La historia europea en el siglo XX, debió transitar por medio siglo de guerras para alcanzar un modelo que logrará conjugar democracia, capitalismo avanzado y Estado de bienestar. Sin embargo, hay numerosas experiencias históricas en que la crisis sistémica fue encauzada de manera menos traumática e incierta hacia un modelo político, económico y social que permitió un salto al desarrollo, para ello basta revisar la experiencia australiana a comienzos de la década de los noventa.

El modelo que se agotó, tuvo como aspecto positivo desde una perspectiva histórica instalar a Chile entre los países de ingreso medio. Naciones con economías que han crecido, pero limitadas para resolver las brechas y los desafíos del presente. El país, durante los pasados 30 años pudo crecer y resolver los problemas básicos asociados a la pobreza de casi un 40% de su población, pero no pudo resolver la acumulación de desigualdades económicas, sociales y políticas que se expresaron en el estallido de octubre del 2019.

El próximo mes de marzo del 2022, tendremos un nuevo gobierno y un Congreso; también, de acuerdo a las proyecciones más conservadoras del cronograma constitucional el plebiscito de salida será en septiembre. El nuevo ciclo histórico que está por emerger el próximo año, no será rápido, sino gradual y parsimonioso, no exento de nuevas incertidumbres y tensiones entre sectores que esperan conservar la herencia pasada y aquellos que aspiran a refundar el futuro. El salto al desarrollo es un problema complejo, enfocar al país hacia una nueva trayectoria de menos desigualdades y crecimiento, requerirá de la construcción grandes acuerdos que disminuyan la incertidumbre, restablezcan la paz social y la confianza colectiva en la promesa del desarrollo y el bienestar.

Durante la semana que concluye, los integrantes de la Convención Constituyente, por primera vez, se desplegaron por los territorios de los que son representantes. La misión fue estar con sus electores y explicarles los pasos que ya han dado y lo importante que empezará a partir de mañana, que es el trabajo de las distintas comisiones.

Lo anterior fue definir el reglamento de funcionamiento, y una vez zanjado, viene el importante análisis, discusión y futura redacción de los temas que precipitaron la conformación de la convención y que están apuntadas a tener un país más equitativo.

Se empezará a trabajar en salud, vivienda, educación, medio ambiente y otros que son fundamentales para construir un país más equitativo y con proyección futura.

Las esperanzas están puestas en los elegidos para que sean capaces de recoger las demandas ciudadanas, se discutan y se lleguen a acuerdo que sean beneficiosos y sirvan para fortalecer nuestra sociedad.

Nuevamente se espera que los electos estén a la altura de las circunstancias y promuevan ideas que sean factibles de aplicar, estudiadas y no sólo amparadas en sus idealismos. Esto significará que el diálogo y los acuerdos serán fundamentales.

Acuerdos a los que deberán estar dispuestos los representantes de todos los sectores. Eso implicará discutir, transigir y recordar que están allí por un bien superior, que es el bienestar de los chilenos.

Si se analiza en detalle, muchos coinciden en que a contar de mañana empieza el trabajo para el que fueron electos y en el que tendrán sus mayores esfuerzos. Hay muchas esperanzas en que se logre sentar las bases de una mejor constitución, no sólo que apunte a temas inmediatos, sino que también incluya una visión futurista del país.

Chile tras el estallido social es distinto. Y ya son muchos más los que opinan acerca del país que queremos, merecemos y por el que debemos trabajar.

Muchos de los constituyentes vienen de esos sectores y hoy que tienen voz y voto, deberán buscar fórmulas de ser capaces de defender su ideas en estas grandes comisiones.

Si Chile cambió no tiene que serlo solo desde la mirada y la cosmética, tienen que haber cambios profundos para apuntar a su crecimiento y desarrollo.

Una vez más estimado lector, lo invito a cerrar los ojos e imaginarse algo bueno para nuestra salud mental y por, sobre todo, para el país. Me refiero a la propuesta de una nueva carta magna que será presentada a consideración de la ciudadanía. Soñemos en ese futuro.

Nueva Constitución ¡Habemus!: Luego de un arduo trabajo, no exento de dificultades iniciales, detallados análisis y acaloradas intervenciones, la propuesta del nuevo pacto constitucional fue plebiscitada y aceptada por la ciudadanía. Dicho resultado, refleja el esfuerzo desplegado por los constituyentes por consensuar una propuesta moderada, con sentido de realidad y espíritu nacional. Algunos debieron bajar el tono de sus pretensiones, mientras otros reflejaron empatía. Al final, lo aprobado se basa en una triada fundamental e irrenunciable, compuesta por democracia, libertad y solidaridad. En la propuesta, se tuvo en cuenta los problemas que afectaban a grandes mayorías, evidenciados en el estallido social de octubre de 2019, los que forzaron a todos los sectores políticos a comprometerse en sus soluciones.

El nuevo texto constitucional fija el irrestricto respeto por el Estado de Derecho y la Institucionalidad, invalidando la violencia y a grupos fácticos que pretendan transgredir estos preceptos. También aspira construir una nación donde la desigualdad no sea un permanente argumento que comprometa la paz social. En dicho sentido le asigna al Estado, la responsabilidad de esmerarse en otorgar bienestar para todos los ciudadanos, con salarios y pensiones dignas, servicios de salud oportunos, educación de calidad y un adecuado acceso a una vivienda propia.

También plantea avanzar en la construcción de una sociedad más armónica, en la cual los méritos personales estén por sobre el género, el origen y el apellido de quienes postulan a un trabajo. Donde nadie esté al margen de la Ley y que ante delitos similares se apliquen penas afines, sin importar quienes los cometen, endureciendo las penas al narcotráfico y a delitos desbordados. Respetando la propiedad individual y reconociendo a la empresa privada como el motor fundamental del crecimiento económico, siendo éste compartido con todos los involucrados.

Un Estado fiscalizador sin matices, que incremente la inversión en I&D, promueva y fomente la economía circular, el emprendimiento y la innovación orientada a reemplazar importaciones e incrementar el valor agregado a nuestras exportaciones.

Además, dentro de las directrices que la nueva carta fundamental establece están: plantear una efectiva descentralización, respeto al medio ambiente, política migratoria solidaria pero ordenada, avanzar en una solución definitiva al conflicto de la Araucanía y que el SII se transforme en un organismo autónomo no dependiente del poder ejecutivo.

Ojalá este acuerdo nos conduzca a un nuevo, justo y mejor país.