En plena tierra derecha de la carrera presidencial ya no hay tiempo para errores. Y eso bien lo saben los distintos candidatos que tras semanas de acusaciones cruzadas, hoy analizan los resultados que arrojan las recientes encuestas y donde queda en evidencia el fragor de la contienda, pero también que gran parte del electorado no tiene decidido su voto.

Hay quienes y, a veces comprobado, que no creen en las encuestas y le restan peso. No obstante, la experiencia indica que sin necesariamente ser predictoras del resultado final en cuanto a porcentajes, sí han sido certeras en el orden de llegada.

Si se analiza la última encuesta Research, la fotografía del momento, se concluye que las candidaturas de Kast y Provoste, van al alza, mientras que Sichel sigue a la baja. Y eso está claro, y por ello hay movimientos de urgencia para reforzar las alzas o revertir la baja.

Además, algunos especialistas dividen la competencia en dos escenarios. El por el primer lugar entre Gabriel Boric y José Antonio Kast y por el tercer lugar entre Yasna Provoste y Sebastián Sichel.

Y es allí donde se está desarrollando la lucha, pero con la sola mirada de la segunda vuelta. Se sabe que habrá un balotaje y lo importante es llegar a esa instancia con la convicción que se puede ganar y para ello saben que no tendrán tiempo para cometer nuevos errores, porque ellos terminarían por sepultar las aspiraciones de llegar a La Moneda.

Pero ese análisis más individual también llega a los partidos y coaliciones, quienes saben que un determinado momento deben tomar una decisión institucional. Por ejemplo, reconocer la imposibilidad de acceder a la elección final y llamar a sus votantes a hacerlo por el que esté más cercano a los planteamientos.

La candidatura de Yasna Provoste apuesta a ello. Y una vez en segunda vuelta no descartan recibir, sin condiciones, el apoyo de la derecha, si es que sus candidatos en competencia no llegan a esa instancia.

Sichel aún cree que puede desbancar a Kast y ya movió sus fichas. Lo malo es que le queda poco tiempo para convencer, especialmente a la UDI, que es la mejor carta para enfrentar a un Boric que espera tranquilo.

Por ello, esta semana será crucial para sumar en esos objetivos, sabiendo siempre que lo que busca la ciudadanía son certezas y ellas van de la mano con el programa de gobierno y con los distintos apoyos.

Las universidades públicas juegan un papel fundamental y determinante en la democratización del conocimiento y en el desarrollo y progreso de la nación, al asignárseles, a través de la Ley 21.094, las funciones de docencia, investigación, creación artística, innovación, extensión y vinculación con el medio y el territorio.

De acuerdo con este mandato legal, su función va estrechamente ligada al desarrollo y progreso de la nación, y constituyen la principal fuente de generación de conocimiento en las más diversas disciplinas. Cumplen además la tarea de formar el capital humano avanzado que debe sustentar el avance y crecimiento del país.

Desde la Universidad de Antofagasta, tenemos plena conciencia de esta enorme responsabilidad, la que hemos asumido con entrega y compromiso a lo largo de nuestra trayectoria institucional, y muy especialmente en este periodo de pandemia, donde hemos sido actores relevantes. Es justo mencionar que esta crisis sanitaria ha servido para poner en valor la importancia que tienen el desarrollo de la ciencia y la tecnología para el país.

Pese a lo anterior, sentimos un total abandono de parte del gobierno, pues el trato que se nos da, no se condice con los desafíos que se nos imponen, dado que no hay una señal clara de financiamiento basal para las universidades del Estado. Cada año vemos con frustración que desde el Ejecutivo disminuyen el presupuesto para educación superior, afectando principalmente a las universidades regionales, que ya venimos arrastrando un déficit significativo.

El pasado 29 de septiembre, en sesión plenaria de los rectores que integran la Asociación de Universidades Regionales, AUR, se analizó el presupuesto 2022 para educación superior, que considera un reajuste cercano al 4% (sin considerar los incrementos necesarios para gratuidad para las nuevas instituciones privadas que ingresan al sistema), lo que está muy por debajo del IPC proyectado para el año 2022, que alcanzaría el 5.3%. A ello, se deben añadir los costos correspondientes a los reajustes en las remuneraciones del personal académico y administrativo, y la baja presupuestaria de -1,9% para la ciencia y -4,8% para la cultura.

Todo lo anterior nos deja en un escenario complejo. Estamos conscientes que transitamos por una crisis y que debemos ser austeros, pero no podemos poner en riesgo la sustentabilidad de las universidades del Estado, especialmente las regionales, que deben competir en condiciones muy desiguales con el resto de las instituciones de carácter privado.

En nuestras aulas y laboratorios damos acceso a los jóvenes que serán los profesionales y ciudadanos que liderarán al país en los más diversos escenarios. Impulsamos con fuerza el desarrollo de la investigación y propiciamos espacios de discusión y de reflexión profunda, para aportar a la mirada de la sociedad que queremos construir. Es por ello que esperamos que el Parlamento considere nuestros argumentos y que se nos permita revertir el adverso escenario que hoy nos tiene en alerta.