Representantes del Ministerio de Obras Públicas y concejales de Antofagasta, se reunieron para analizar alternativas que permitan abrir la playa La Chimba antes del verano.

El director regional de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Alfredo Hernández Collao, sostuvo en la reunión que la mayor preocupación es no llegar a un consenso y a un escenario que permita conservar este nuevo espacio público, ya que la Dirección de Obras Portuarias no tiene potestad administrativa para la mantención, porque es una unidad técnica que solo tiene la tarea de construir obras en el borde costero.

"Si no hay acuerdo, es probable que la playa quede abandonada sin cierre perimetral, sin cuidado de las áreas verdes, sin control ni mantención del alumbrado y tampoco habría servicio de retiro de basura ni limpieza, lo que generaría un problema sanitario que sería algo terrible", sostuvo Hernández.

La autoridad mencionó que todas estas tareas de mantención las podría ejecutar el municipio mientras se terminan las etapas restantes, tal como ha sucedido con otros proyectos de playas artificiales en la región, en donde gracias al trabajo conjunto con los alcaldes, se lograron construir las playas El Trocadero y Paraíso en Antofagasta, y El Salitre y Covadonga en Tocopilla.

"Este es un tema bastante complejo y debemos trabajar con todas las entidades pertinentes para poder encontrar una solución que nos permita entregar este nuevo espacio público a la ciudadanía con todos los resguardos posibles", enfatizó Hernández.

El concejal sostuvo que es importante que el municipio pueda hacerse cargo de la mantención de las áreas verdes y el aseo para que los vecinos puedan hacer uso como corresponde de esta obra.

"No podemos permitir el cierre del proyecto, por no contar con el apoyo municipal, esto no solo afectaría a los ciudadanos sino también a los pescadores artesanales que anhelan que su espacio sea abierto a la comunidad", dijo Aguilera.

Anhelo de vecinos

Por su parte, el concejal Ignacio Pozo sostuvo que apoyará la moción de recepcionar la playa, más aún porque es un proyecto anhelado desde hace muchos años y que siempre el sector norte ha sido "olvidado por muchos y dejado de lado"."

La concejala Karina Guzmán, quien es vecina del sector, agregó que la playa ya está siendo ocupada por bañistas, pese a que aún posee cierre perimetral. "Yo como vecina ya he ido, y la idea es que se pueda usar pronto porque viene el verano y las personas ya la están ocupando y no queremos estar lamentando un accidente o una tragedia que pueda ocurrir en el lugar", informó Guzmán.

Además la concejala agregó que "a nosotros como vecinos y vecinas nos interesa que se entregue lo antes posible con las responsabilidades que tiene cada institución. Como vecina estoy atenta y como concejala estoy disponible para ver las mejores opciones para todas las entidades que tienen responsabilidades legales".

Desde el MOP detallaron que para hacer posible este megaproyecto, se diseñó en tres etapas: la primera que ya está ejecutada y que consideró la construcción de la playa y caleta por unos $6.000 millones, financiados gracias a una alianza público privada, entre Gobierno, Creo, BHP y Municipalidad. Respecto a la segunda etapa correspondiente al acceso por un monto estimado de $2.000 millones gubernamentales, el director expuso que está próxima a su licitación, mientras que la tercera por el orden de los $2.000 millones, se ejecutará en 2022 y comprenderá las obras complementarias (edificios y más luminarias).

El Informe de Seguimiento de la Contraloría Regional de Antofagasta a la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS), fechado el 20 de octubre de este año, sobre la adquisición de mochilas y útiles escolares con cargos a fondos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), determinó que la CMDS no cumplió una serie de acciones correctivas para subsanar las observaciones formuladas en el Informe Final de la investigación en 2018.

Ese Informe final de la Contraloría, precisó que la durante la ejecución de la fiscalización no fue posible comprobar que la CMDS haya realizado actividades de supervisión o vigilancia de la entrega del beneficio por parte de las unidades operativas a los estudiantes a través de sus apoderados, o la existencia de un mecanismo dispuesto para ello, dando cuenta aquello de una debilidad de control interno, al no ser posible corroborar el destino final de las mochilas y los sets escolares y el cumplimiento del objetivo de dichas adquisiciones, y por ende, de la correcta inversión de los recursos públicos utilizados en el fin previsto.

Asimismo, se determinó la falta de un procedimiento estándar en la entrega de los bienes adquiridos tras verificar la ausencia de un formato único y claro que permitiera constatar la entrega del beneficio en cuestión, dado que cada establecimiento educacional realizó la acción de una forma diferente, observándose en ocasiones, la falta de documentación que avalara dichas entregas.

Respecto de ambas observaciones, se requirió a la CMDS documentar la elaboración del procedimiento informado, con su debida formalización, sin embargo, esa institución no remitió antecedentes al respecto, razón por la cual en el Informe de Seguimiento se mantuvieron ambas observaciones en todos sus aspectos.

Respecto al incumplimiento del procedimiento de compras establecido por la CMDS, Contraloría sostiene que la adquisición de mochilas y útiles objeto de análisis, fue gestionada de manera directa por Mauricio Brizuela y Edwin Calle Jorquera, "en ese entonces, encargado de la Unidad SEP y Jefe de Gabinete respectivamente, en la CMDS, sin respetar ni dar cumplimiento al procedimiento establecido para ello. Lo anterior, considerando que la adquisición efectuada ascendió a un monto de $1.860.688.453".

Brizuela sostuvo a este medio que no solo nunca tuvo el cargo al que se refiere Contraloría, sino que además nunca realizó alguna gestión con la empresa Ripley. "Todas las gestiones tengo entendido que las realizó Edwin Calle y las autorizó el Departamento de Adquisiciones y la Dirección de Finanzas".

El Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Antofagasta pronunció la sentencia definitiva en que condenó a Mauricio Eugenio Herrera Miranda, (42 años), a la pena de 6 años de presidio mayor en su grado mínimo como autor del delito de homicidio frustrado, hecho ocurrido el 24 de octubre del 2020.

La investigación fue liderada por el Ministerio Público con colaboración del personal policial del OS-9 de Carabineros.

El sentenciado fue condenado también a las penas accesorias de inhabilitación absoluta y perpetua para postular a cargos y oficios públicos y ejercer derechos políticos y suspensión de cargos y oficios públicos, mientras transcurra la condena.

Al respecto, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, expresó que "en esta investigación, se pudo acreditar los hechos gracias a diversas pruebas como: testimonios, pruebas documentales, periciales, fotografías e informes del Servicio Médico Legal, entre otros".

Según los antecedentes dados a conocer durante el juicio por la Fiscalía, el hecho ocurrió el 24 de octubre del 2020, alrededor de las 07:15 horas, cuando el acusado abordó a la víctima en la vía pública (calle Quecheregua, comuna de Antofagasta) y aprovechando que ésta se encontraba sentada, lo agrede con un fierro con el objetivo de matarlo, ocasionándole heridas en su rostro y cabeza.

Tras el fuerte golpe que recibió la víctima, ésta quedó en estado inconsciente, siendo denunciado los hechos por terceros. Según el Informe de Lesiones del Servicio Médico Legal, SML, tras estos hechos, la víctima resultó con diversas lesiones graves consistentes en fractura cigomática y maxilar izquierda, fractura de pared orbitaria izquierda, fractura conminuta de huesos propios de la nariz y trauma ocular cerrado izquierdo grave.