Clínicas creen que Suprema podría bloquear la ley de aborto de Texas
EE.UU. Ayer comenzaron a exponerse los argumentos de quienes buscan impugnar la norma estatal que restringe la interrupción del embarazo hasta las seis semanas.
La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó los argumentos del Gobierno del presidente Joe Biden y de clínicas abortivas sobre la posible inconstitucionalidad de la nueva ley de Texas que prácticamente prohíbe el aborto en este estado.
A lo largo de tres horas, el abogado de una coalición de organizaciones y clínicas que ofrecen servicios abortivos, y el Ejecutivo federal desgranaron sus argumentos en dos casos separados contra la norma.
Actualmente, la máxima instancia judicial del país tiene una mayoría conservadora, pero se encuentra dividida respecto a esta legislación, que veta el aborto a partir de las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres no saben que están embarazadas.
De acuerdo con las preguntas que hicieron, y según la impresión de los abogados que expusieron, la mayoría de los nueve jueces parece inclinada a permitir que las clínicas sigan adelante en su afán de impugnar la norma en tribunales.
La ley de Texas, estado controlado por los republicanos, entró en vigor en septiembre y no contempla excepciones para casos de incesto o violación.
EN MANOS DE civiles
Uno de sus aspectos más polémicos es que deja en manos de particulares, y no de funcionarios estatales, como suele ser habitual, su aplicación: cualquier persona puede presentar demandas civiles contra cualquiera que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringen la prohibición.
Asimismo, anima a presentar denuncias al ofrecer una compensación de hasta 10.000 dólares a los demandante si ganan el juicio, lo que fue calificado tanto por el Gobierno de Biden como por las clínicas como un "botín" para implementar una ley, que tiene "un efecto paralizante" de los abortos.
Ese mecanismo hace más complicado llevar la norma ante los tribunales, lo que, para el Ejecutivo federal y los grupos proaborto vulnera la igualdad de los ciudadanos ante la ley y hace que sea inconstitucional.
En septiembre, la Suprema dejó que la legislación entrara en vigor en una decisión muy dividida, con el apoyo de cinco jueces frente a cuatro.
Dada la composición actual del máximo tribunal, donde hay seis jueces conservadores y tres progresistas, muchos analistas creen que la Corte puede apoyarse en el caso de Misisipi para anular el precedente establecido en 1973, lo que permitiría a cada territorio del país prohibir o permitir el aborto.
Sin embargo, los planteamientos expresados ayer por dos de los magistrados que en septiembre se opusieron a bloquear la norma, los conservadores Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett -ambos nominados por Donald Trump- podrían indicar que están a favor de que organizaciones proaborto sigan adelante.
Los jueces Y LAS CLÍNICAS
El abogado Marc Hearron, del Centro para los Derechos Reproductivos, uno de los grupos demandantes, advirtió que la ley puede ser "una hoja de ruta" para otros estados y que puede ser empleada para "abolir derechos constitucionales". Por eso solicitó a la Suprema que emita una orden para evitar que los secretarios de juzgados en Texas comiencen a aceptar denuncias contra infractores de la norma.
Ayer, en una rueda de prensa posterior a los alegatos, Hearron se manifestó "contento" luego de ver que varios jueces están "seriamente preocupados con lo que está haciendo el estado de Texas".
El grupo Whole Woman's Health Alliance, que tiene cuatro clínicas abortivas en Texas y lidera la demanda, señaló que desde la entrada en vigor de la norma ha tenido que rechazar a cientos de embarazas que querían abortar. "Tenemos que decir no a pacientes a diario", lamentó su presidenta y directora ejecutiva, Amy Hagstrom Miller.
Otro demandante, The Afiya Center, indicó que las mujeres que más sufren los efectos de la norma son las afroamericanas, que en muchos casos no tienen medios para trasladarse a otros estados para abortar.