Cristián Venegas M.

Esta semana el Ministerio de Bienes Nacionales anunció la adjudicación de la licitación más grande de la última década en materia de terrenos para el desarrollo de energías renovables. Se trata de nueve inmuebles con una superficie cercana a las 17 mil hectáreas emplazadas en la Reserva Eólica Taltal I y II, que serán entregadas a seis empresas que comprometieron inversiones por sobre los US$3.100 millones.

Las adjudicatarias desarrollarán proyectos de generación eólica y solar que en conjunto alcanzarán 2.779,6 MW. De ese total, 1.034 MW corresponderán a plantas de energía solar fotovoltaica, y 1.745,6 MW a plantas de energía eólica. Esta cifra corresponde, actualmente, al 11% de la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Las empresas

Las adjudicatarias son AES Gener, que en una superficie de 1.215,62 hectáreas espera desarrollar una potencia instalada de 280 MW, invirtiendo US$480 millones; EDF en Chile, que invertirá US$287 millones en generar 287 MW y almacenar otros 100 MW, contando con un terreno de 1.310,87 hectáreas; Enel Green Power, que generará 750 MW y almacenará 150 MW, invirtiendo US$740 millones en una superficie de 2.772,11 hectáreas.

Statkraft, que en una superficie de 2.609,98 hectáreas espera desarrollar una potencia instalada de 211 MW y una capacidad de almacenamiento de 200 MW, invirtiendo US$495 millones; Grenergy Renovables Pacific, que se adjudicó tres sitios que en total alcanzan un superficie de 3.600 hectáreas, en las que invertirán US$520 millones para alcanzar una capacidad instalada de 600 MW; y el Grupo Ibereólica, con dos terrenos por 5.417,69 hectáreas, en los que construirán dos proyectos que generarán 701,6 MW, y otros 30 MW de almacenamiento, que requerirá una inversión de US$595 millones.

Los proyectos adjudicados significarán, además, ingresos fiscales por UF 621.365 al año. Considerando los 40 años de duración de las concesiones otorgadas, en total se trata de más de UF 24.850.000 que ingresarán al fisco a lo largo de este periodo. Cabe destacar que el 65% de estos recursos se transfieren al Gobierno Regional, para apoyar el desarrollo de proyecto locales.

Proceso histórico

Respecto al proceso, el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, dijo que "esta licitación no solo representa un importante impulso a la generación de energías renovables, se trata de una licitación histórica en materia de superficie dispuesta, capacidad instalada comprometida, inversión asociada e ingresos fiscales comprometidos, lo que además significa un aporte sustancial a una recuperación económica sostenible".

Por su parte, el ministro (s) de Energía, Francisco López, dijo "este tipo de licitaciones son las que permiten atraer nuevas inversiones, dar certeza jurídica y permitir continuar avanzando de manera acelerada en nuestro proceso de descarbonización de nuestra matriz energética".

US$ 3.100 millones es la inversión comprometida por las seis empresas en los nueve proyectos de energías limpias.

16.937 hctáreas es la superficie total que licitó Bienes Nacionales y que es considerada la mayor en una década.

El Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) presentará recursos de protección contra el ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, y el Presidente Sebastián Piñera, para frenar la convocatoria internacional que busca explorar y explotar 400 mil toneladas de litio anualmente en salares del territorio nacional, como parte de un Contrato Especial de Operación del Litio (CEOL).

Convocatoria que fue oficializada por el ministerio a través de un acto administrativo que fue publicado el 13 de octubre en el Diario Oficial. Desde esa fecha, el Consejo tiene un plazo de 30 días para ingresar sus recursos, lo que se realizará a más tardar el 12 de noviembre, según precisó el abogado del CPA, Sergio Chamorro.

"Las comunidades están inscribiéndose a través de una plataforma de internet, adhiriendo y debatiendo también en algunos territorios y la idea es presentarlo la próxima semana. Este proceso está abierto al conjunto de comunidades y no solamente a Atacama La Grande, sino también Alto El Loa, Calama y todo los que pertenecen a estos territorios", detalló el profesional.

Chamorro dijo además que hay coordinaciones con el pueblo Coya y el Aymara para que el recurso también pueda presentarse en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama, "porque la convocatoria considera todos los salares en territorio nacional".

"En el año 2012, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, también se presentó un proceso de licitación para explorar y explotar el litio por 20 años y en esa instancia el Consejo presentó un recurso de protección y precisamente antes que saliera la resolución de la Corte el ministerio de Minería optó por dejar sin efecto el llamado, lo que da cuenta que es un acto arbitrario e ilegal y nosotros creemos tener los fundamentos suficientes para llegar a la Corte", añadió el representante legal del CPA en relación a los CEOL, sobre los que ya existe un precedente a favor de los comuneros.