Agencias/Redacción

Con marchas y protestas en distintas ciudades de Bolivia, gremios y sectores sociales, integrados por comerciantes informales, transportistas y ciudadanos, continuaron ayer con la cuarta jornada de paro nacional, mientras que organizaciones y autoridades oficialistas llevaron a cabo una concentración en el trópico de Cochabamba para defender la gestión del presidente altiplánico, Luis Arce.

El mandatario, de hecho, salió a pedir "unidad" a los sectores sociales afines al Ejecutivo ante las movilizaciones, que considera intentos de un intento por derrocarlo.

"Lo que no ganaron en las elecciones quieren ganarlo a través del golpe de Estado, otra vez (...) es el único mecanismo que tienen", manifestó Arce en la concentración en la población de Shinaota en el trópico de Cochabamba, principal bastión político del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).

Con este gris panorama, la escalada de violencia que azota a varios puntos del vecino país amenaza con transformarse en la mayor crisis social y política que enfrenta el gobierno de Arce, y que tuvo su punto más álgido, hasta ahora, con la muerte de un joven de 22 años en la ciudad de Potosí la noche del martes, durante la segunda jornada de movilizaciones,

Identificado como Basilio Titi, según el diario boliviano El Deber, la autopsia al joven campesino concluyó que había fallecido por una "broncoaspiración", y se presume que escapaba del tumulto cuando sufrió una caída y se atragantó mientras masticaba hoja de coca.

Las protestas son para exigir la derogación de la Ley 1.386. , o ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo, que consideran atenta contra las libertades ciudadanas.

En cuanto a la ley aprobada en agosto, establece potentes controles para evitar que dinero ilícito se llegue al mercado legal y dispone de los tribunales ante cualquier denuncia.

La paz y cochabamba

Los sectores contrarios a la polémica ley, que la consideran que atenta contra el patrimonio de las personas, participaron el miércoles en la primera movilización masiva en la ciudad de La Paz, convocada por el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), pero también hubo en la misma ciudad una multitudinaria movilización de militantes del oficialismo en contra de lo que consideran intentos de desestabilización del Gobierno.

En Cochabamba, donde se conmemoró un año del retorno de Evo Morales a Bolivia luego de su salida del país en 2019 tras su renuncia, Arce dijo que los comités cívicos "mostraron claramente su intención golpista" y que en realidad "desnudaron ya la cara" tras intentar mostrarse como demócratas.

Respuesta a opositores

El mandatario se refirió a las declaraciones del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, la principal región opositora, que habló de "tumbar al Gobierno" refiriéndose al riesgo de que sectores que anteriormente eran afines al oficialismo como los mineros potosinos se sumen a las protestas.

Ante el paro, Arce recalcó que "nuevamente la derecha usa la mentira como principal arma" para convencer a algunos sectores como comerciantes y transportistas que la polémica ley afectará su patrimonio y mostrar que el Gobierno estaría "haciendo mal las cosas".

El jefe de Estado subrayó que en realidad "hay otros ricos que tienen mucho dinero", a los que no les interesa la paralización del país ante lo cual es necesario "la unidad del movimiento popular" y del Gobierno para mantener las medidas de recuperación de la economía, salud y educación.

2019 y el diálogo

Bolivia atraviesa por una persistente polarización política desde la crisis de 2019, entre el Gobierno que considera de que esos hechos fueron parte de un "golpe de Estado" y la oposición que reivindica que hubo un "fraude" en los frustrados comicios de ese año.

El director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, condenó los hechos de violencia en las manifestaciones bolivianas y escribió en Twitter que "el presidente Luis Arce debe llamar a la calma y el diálogo, asegurar el derecho a la protesta pacífica sin importar la posición política y garantizar el trabajo de la prensa".

La Conferencia Episcopal boliviana también llamó al diálogo y la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, dijo que el Gobierno está abierto a conversar con los sectores sociales movilizados.

Activistas y organizaciones denunciaron ayer que las autoridades cubanas, a base de citaciones en comisaría e interrogatorios, tratan de evitar que los ciudadanos críticos se unan a la marcha del 15 de noviembre que el régimen declaro "ilegal".

"Creo que no ha habido un activista a quien no hayan ido a tocarle la puerta con una citación policial, una amenaza, chantaje o una sugerencia de que se vaya de viaje. En cada caso particular han buscado la manera de persuadirlo para que no salga el 15-N", dijo a Efe la activista Carolina Barrero.

En esa misma línea, la asesoría legal Cubalex señaló que se está produciendo una fuerte campaña de disuasión de cara a la marcha pacífica propuesta por opositores, que anunciaron su intención de salir a las calles pese a que el Gobierno la declaró "ilícita".

"Las principales denuncias que hemos recibido son por las citaciones policiales e interrogatorios a las personas que han dicho públicamente que van a participar en el 15-N, sobre todo los que han firmado la carta de apoyo público, que están recibiendo acoso sistemático", indicó Laritza Diversent, directora de Cubalex, desde Miami.

Según Efe, una estudiante de 22 años que en julio pasó una semana en prisión por unirse a las protestas ciudadanas que tuvieron lugar en La Habana, fue citada e interrogada por agentes con relación a su posible participación en la próxima marcha del lunes.

"Me preguntaron por qué participé en el 11-J, si me considero contrarrevolucionaria, si estoy inconforme con el Gobierno (...) si me parece que la marcha del día 15 está bien", aseguró la joven, añadiendo que la obligaron a firmar un documento comprometiéndose a no participar en el 15-N.

Por su parte, el promotor de la marcha cívica opositora en Cuba y líder del grupo Archipiélago, Yunior García, anunció ayer que caminará solo y "en silencio" el día antes, es decir el domingo, llevando una rosa blanca, y llamó a los seguidores de la manifestación "a no hacer nada que ponga en riesgo su integridad física y la de otras personas".

Nicaragua exigió respeto a la Organización de Estados Americanos (OEA) y rechazó que en su 51 Asamblea General se debata sobre la "situación" en el país centroamericano.

"Nicaragua se respeta, señor presidente", dijo Michael Campbell, representante de Nicaragua, durante la sesión plenaria del organismo regional liderado por el canciller guatemalteco, Pedro Brolo.

Campbell argumentó que rechazaba "la inclusión del punto 24 en el temario de esta Asamblea General". La resolución propuesta sobre "La situación en Nicaragua" deplora el caso omiso de ese Gobierno a las iniciativas diplomáticas emprendidas desde 2019 por la OEA para promover la "democracia representativa y la protección de los derechos humanos". Además, busca declarar que las elecciones del domingo en Nicaragua, "no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática".